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Acreedores no asegurados se suman a solicitudes para investigar Whitefish

Aseguran "no van a pescar" por algo no definido

El Comité de Acreedores No Asegurados (CANA), sometió el lunes una moción a la jueza que lleva el caso de quiebra de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, para autorizar un proceso descubrimiento de prueba en relación a la contratación de la empresa Whitefish Energy Holdings por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Sin embargo, el Comité aseguró ante Swain que el alivio que buscan al amparo de la regla 2004 del código de quiebra no será para “ir a pescar” por un objetivo no definido, sino que solicitan ejercer su deber fiduciario para entender los decisiones que tomó la AEE al contratar esta empresa.

En ese sentido, para el Comité existe una preocupación en torno las acciones de la Autoridad respecto a este acuerdo debido a que la información que se ha publicado indica que Whitefish no tiene las cualificaciones para reconstruir el sistema eléctrico de la Isla.

El CANA pide que el descubrimiento se haga con premura pues ya la corporación pública le está pagando a Whitefish por sus servicios y anticipan que aprobarán más pagos de cara al final del acuerdo y la demovilización que tiene que sufragar la AEE.

Indican además que el contrato contiene provisiones sospechosas que no sirven a beneficio de la AEE y que la corporación pública representó incorrectamente a la Junta de Control Fiscal (JCF) y a la Agencia Federal de Manejo de Desastres (FEMA en inglés) con la aprobación del acuerdo. Ellos argumentan que la selección de Whitefish, “pudo haber sido el resultado de favoritismo político en vez de una selección del mejor contratista disponible”.

Aunque están conscientes que el director ejecutivo de la Autoridad, Ricardo Ramos, acogió la directriz del gobernador, Ricardo Rosselló para cancelar el contrato, el CANA persigue mediante este descubrimiento para evaluar el origen del acercamiento con Whitefish y evaluar las habilidades de la AEE para seguir ejecutando sus responsabilidades.

En su moción el Comité también cuestiona el hecho de que Whitefish tenga solo dos empleados, que a la Autoridad fallara en justificar su rechazo a acuerdos de apoyo mutuo con miembros de la ‘American Public Power Association’ (APPA) y que aun así Whitefish haya subcontratado compañías de APPA, como Jacksonville Electric Authority (JEA) y Kissimmee Utility Authority (KUI) para hacer el mismo trabajo a un costo mayor.

De mismo modo, arrojan dudas sobre disposiciones contractuales que dan paso a las tarifas que estableció Whitefish para sus celadores y supervisores, que prohíben que el acuerdo sea auditado y que paguen por un seguro comercial general de responsabilidad de hasta $1 millón, “una cantidad muy baja de lo que se esperaría de un contrato con este alcance”.

En cuanto posibles influencias políticas, la moción menciona el vínculo entre el secretario del Interior de Estados Unidos, Ryan Zinke, quien es amigo con el propietario de Whitefish, Andy Techmanski, la alegada influencia que ejerció Elías Sánchez, exrepresentante del gobernador ante la JCF, para concretar el acuerdo y el alegato el senador Eduardo Bhatia de que Whitefish y la Oficina de la Primera Dama comparten el mismo director de relaciones públicas.

Abogados de la AAFAF se retractan tras expresiones de FEMA

Por otra parte, la firma O’Melveny & Myers, representantes legales de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) radicó una moción referente a unas expresiones que hicieron durante la última vista de ómnibus celebrada el pasado miércoles 25 de octubre.

La misma fue a los efectos de retractarse, pues durante la vista aseguraron a la jueza Taylor Swain que la contratación de Whitefish “se condujo en cumplimiento con las regulaciones de FEMA”.

El abogado Peter Friedman explicó en una breve carta a Taylor Swain que posterior a la vista FEMA emitió declaraciones oficiales indicando que ellos habían aprobado el contrato todavía. Agregó también que el gobernador solicitó la cancelación de este contrato poco después.

“A la luz de estos desarrollos, el gobierno de Puerto Rico y la AAFAF ya no pueden representar que creen que el contrato está en cumplimiento con las regulaciones de FEMA”, concluye la carta de Friedman.

El día antes de la vista, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares señaló que la contratación de Whitefish pasó por manos de FEMA antes de que la AEE lo aprobara. Sin embargo, el viernes FEMA emitió declaraciones oficiales en las que aclaran que nunca vieron el contrato de Whitefish, contrario a las expresiones del gobernador.

Hasta el momento, la AEE mantiene que el acercamiento con Whitefish fue mutuo y se produjo bajo la situación de emergencia en la que no se podían comunicar con otras empresas licitadoras. Ramos también ha indicado que la propuesta de Whitefish fue más atractiva que la de otros licitadores pues no requería un adelanto de pago.

Whitefish ha facturado aproximadamente $20 millones a la AEE hasta la fecha. Sin embargo, Ramos admitió que la cuantía final a pagar será ascendente a $30 millones pues tienen que sufragar la demovilización de las brigadas de la empresa y también tienen que facturar por la tarea de reparar una línea de transmisión entre la central Aguirre y Aguas Buenas. 

Eso podría tardarse hasta mediados de noviembre, por lo que la terminación de Whitefish podría darse a principios o mediados de diciembre. 


NC.TV

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