Ahora

Austeridad impuesta a municipios afecta preparativos para huracán Irma

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, tiene su teoría de por qué el gobierno central y algunos municipios se han demorado en sus preparativos ante el posible paso del huracán Irma por Puerto Rico. Los recortes contenidos en el Plan Fiscal para los ayuntamientos juegan un papel clave, según expuso hoy, sábado, durante una rueda de prensa para anunciar las medidas preventivas que tomará la capital durante esta temporada ciclónica. 

"Cada cual tiene que tomar sus previsiones. Los alcaldes y las alcaldesas pueden hacer hasta donde su situación financiera les permita hacer, y ciertamente aquí es cuando se empieza a sentir la reducción de los 350 millones de dólares que hay en el Plan Fiscal. Esa reducción es para los 78 municipios, no tiene colores. Aquí es donde tú te das cuentas que trabajos que teníamos pendientes de mejoras permanentes con préstamos pagados al día y prepagados en el Banco Gubernamental de Fomento, que te ayudan a levantar una pared, un muro de contención, a poder pavimentar una carretera, a poder hacer sistemas de alcantarillados y arreglarlos, ahí es donde tú te das cuenta y el país se podrá haber dado cuenta de cuán importante ha sido el daño que se le ha causado a los municipios a través de quitarle recursos", sostuvo Cruz Soto.

El gobernador Ricardo Rosselló y la Junta de Control Fiscal (JCF) pretenden resolver la crisis financiera y económica con más austeridad para la educación universitaria pública que para las corporaciones que reciben privilegios fiscales. El plan fiscal a diez años, certificado por la Junta el 28 de abril, implica que el sector privado sólo sufrirá el 17% de los cortes a subsidios, mientras que la Universidad de Puerto Rico (UPR) recibirá el golpe mayor: el 49% de los recortes. Mientras, los municipios tendrán un recorte de $175 millones. 

"Yo estoy segura que los otros 77 alcaldes o alcaldesas quieren y están haciendo todo lo posible por tener todo listo. Algunos no van a poder. Eso a quien único hiere es a la gente de los municipios. Yo te puedo decir que nosotros hemos tomado previsiones hasta si es una situación devastadora, para poder proveerles a nuestros empleados hielo, agua, baterías. Porque si los empleados están bien servidos, pueden entonces un poco desocuparse de la atención que tienen que darle a sus propias familias para darle atención a la familia extendida del municipio de San Juan", abundó Cruz Soto. 

Varios ayuntamientos se unieran al municipio de San Juan en las demandas radicadas por la Alcaldesa capitalina para impugnar el acuerdo de reestructuración del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) con los bonistas (RSA por sus siglas en inglés), a lo cual el presidente de la institución, Christian Sobrino restó importancia. Además, los municipios solicitan al Tribunal federal que declare ilegal el RSA del BGF porque no se hizo de acuerdo con la Ley PROMESA. Figuran como demandados junto al BGF la Junta de Control Fiscal (JCF) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

Antes de que fuera firmada la ley que reestructura al BGF, los alcaldes federados y asociados llegaron a una serie de acuerdos para enmendar el proyecto pues suponía el secuestro de algunos de sus fondos en la institución. 

En el marco de una propuesta para reformar la Ley de Municipios Autónomos, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, convocó a la Cumbre Municipal con la comparecencia de 53 alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP) así como del Partido Popular Democrático (PPD).

Allí el presidente de la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz, advirtió que si para el año que viene se concretizan más reducciones y subsidios a los gobiernos municipales  "definitivamente tendrán que cerrar municipios".

"Se han hecho ajustes por la reducción del mal llamado subsidio por $175 millones menos, que si se concretiza la reducción adicional del próximo año tendrán que cerrar municipios. Es una medida que hay que evaluar, es una acción que hay que ver con detenimiento y sometemos una recomendación: que la misma se pueda posponer por los próximos años para que el municipio pueda tener la capacidad económica" , dijo el Mandatario municipal.

Por otro lado, mientras el gobernador Ricardo Rosselló Nevares desafía la pretensión de la Junta de Control Fiscal (JCF) de reducir la jornada de trabajo a los empleados del gobierno central, la reducción impuesta a empleados municipales no se atiende de la misma forma. 

Al mismo tiempo, varios alcaldes del PNP se cantan cobijados por la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico para enfilar un alza en sus salarios a pesar de la crisis económica que también ronda los ayuntamientos del país.


comments powered by Disqus

NC.TV

TU OPINIÓN