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Echarán un ojo a las terapias de Educación Especial de Educación

Verificarán contratos del DE

Legisladores de la Cámara de Representantes informaron el domingo que continuarán investigando la calidad de los servicios de terapia que se ofrecen a los estudiantes adscritos al programa de Educación Especial.

El representante José Aponte Hernández junto al representante Rafael ‘June’ Rivera Ortega indicaron que La Resolución de la Cámara 208, que fue aprobada el 6 de junio de 2017, incluye el que se investigue la contratación de estos servicios por parte del Departamento de Educación (DE) y las tarifas pagadas a los profesionales que ofrecen los mismos.

“Ciertamente, la Comisión a la que se le otorgó la responsabilidad y jurisdicción para llevar a cabo la investigación ordenada, ha realizado las gestiones pertinentes para dicha tarea, pero aún se encuentra en el proceso de consultar a diversas agencias gubernamentales concernidas. Con el propósito de viabilizar que la Comisión cuente con el tiempo necesario para culminar la investigación en curso, este Cuerpo Legislativo estima meritorio extender el término provisto para continuar la investigación”, dijo Aponte Hernández en declaraciones escritas.

Reiteró de paso que la resolución plantea que el cumplir con la responsabilidad de proveer una educación adecuada requiere de la prestación de ciertos servicios que respondan a las necesidades particulares para cada estudiante con necesidades especiales.

Como el Departamento de Educación indica que no puede ofrecer directamente los servicios que necesita esta población a la que sirve, contrata entidades privadas y profesionales de diversas disciplinas para que los ofrezcan. Entre los servicios que se contratan se encuentran las terapias, que incluyen: terapia del habla-lenguaje, terapia ocupacional, terapia física y terapia sicológica, detallaron los representantes. 

“Sin embargo, aun a pesar de la labor tan importante que realizan estos profesionales, la Resolución indica que todos los años se escuchan las quejas de que éstos no reciben la paga a tiempo por los servicios rendidos, que las facilidades para ofrecer los servicios no están aptas, entre otras. Todas estas situaciones afectan la prestación de servicios y a la comunidad a la cual sirven”, agregó por su parte Aponte Hernández.


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