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El 2017 sacó a relucir la fragilidad del país

Reciben el nuevo año con poca esperanza

Frágil, débil, vulnerable… Con esas palabras cualquiera en estos días pensaría en el sistema eléctrico de Puerto Rico que colapsó con el paso de los huracanes Irma y María. Cierto.

Pero con esas mismas palabras se puede describir la situación general del país durante todo el 2017, porque los huracanes sólo resaltaron y visibilizaron más la crisis que ya había.

Por ejemplo, vulnerables se puede describir a los boricuas que se vieron a sí mismos este año cuando la Junta de Control Fiscal (JCF) se enfrentó con el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares. Dos hechos resumen esa confrontación.

En junio la JCF aprobó el presupuesto consolidado para Puerto Rico para el año fiscal 2017-2018 con cambios sugeridos al gobierno local que incluyen recortes adicionales a la Legislatura. El presupuesto, dijo en aquel momento el presidente de la junta José Carrión III, debía ser aceptado e implementado por el Gobernador así como la Rama Legislativa, y entraría en vigor el 1 de julio.

Semanas más tarde, la JCF demandó a Rosselló exigiéndole al Primer Mandatario que hiciera valer el Plan Fiscal certificado e implementara la reducción de jornada laboral y los recortes a las pensiones.

Según la alegación de Carrión, el Gobernador no cumplió con el término de 90 días, a partir del 15 de marzo de 2017, para notificar al Congreso, o al presidente de los Estados Unidos, que no acogería la recomendación de la JCF de reducir la jornada laboral a los empleados públicos.

Vulnerables e impotentes se vieron los boricuas al enterarse de que la crisis que ocasionaría la implantación de medidas austeras duraría, al menos, hasta el 2024, según expertos internacionales, al igual que cuando una jueza de quiebras tomaba decisiones sobre el futuro de la deuda y los deudores del gobierno.

Frágil y débil quedó también la Universidad de Puerto Rico cuando sus estudiantes se lanzaron en huelga a la calle en reclamo de su permanencia como primer centro docente del país, en defensa de su presupuesto y de sus programas académicos.

Pero la prolongada paralización de labores tuvo un efecto negativo en términos generales cuando sus recintos perdieron temporeramente acreditaciones diversas y la institución quedó descabezada de momento con la renuncia de su presidenta, Nivea Fernández, varios rectores e integrantes de la Junta de Gobierno.

Por un lado, miles de universitarios se sentían impotentes al luchar contra un ente cuyos integrantes no fueron electos por los puertorriqueños y, por otro lado, otros muchos sentían impotencia por no poder continuar la rutina universitaria y al describir como inefectiva la huelga estudiantil.

Entonces llegaron los huracanes.

Irma y María dejaron boca arriba a este país tras la destrucción que ocasionaron en septiembre, primera vez que un fenómeno tan fuerte (María) azota directamente la Isla. Y la fragilidad se hizo más evidente. Nadie estaba preparado… ni la gente ni el gobierno. Como siempre, la soga partió por lo más fino: la gente.

La falta de servicios básicos como agua y luz, la escasez de gasolina y diesel para los generadores y la escasez de agua y alimentos incrementó los sentimientos de rabia e impotencia en toda la población, que a nivel colectivo quebró la fe en el gobierno.

Y la impotencia empujó a muchos a emigrar. De acuerdo con el estado de Florida, tras el paso de María, han llegado a ese estado alrededor de 170,000 puertorriqueños. Entre ellos, se calcula alrededor de 18,000 niños y adolescentes que necesitan atención médica inmediata, como vacunas, exámenes de la vista y audición.

Pero la proyección es aún más deprimente. Unos 470,000 puertorriqueños podrían dejar su país en los próximos dos años como resultado del devastador azote del huracán María, según un informe que dio a conocer el Centro de Estudios Puertorriqueños.

El estudio estima, con base en datos del Censo, que entre 114,000 y 213,000 boricuas emigrarían anualmente, lo que llevaría a la Isla a perder el 14% de su población (470,335). De esta cifra, el texto señala que entre 22,710 a 42,771 niños en edad escolar migrarán junto a sus familias y entre 17,250 y 32,721 entre los 18 y 24 años.

El grupo demográfico más numeroso que se espera migre es la población ente las edades de 25 a 64 años, seguido de los niños entre 5 a 10 años.

Al 1 de julio de 2017, la población de la Isla se estimaba en 3.33 millones de personas, un 10% menos que la misma fecha del año 2010.

Con la población bajando en cantidad cada día más, el año termina con otro golpe que pone más presión sobre los frágiles espíritus de la población boricua. Desde la administración federal del presidente Donald Trump una reforma contributiva será puesta en efecto sobre Estados Unidos que tiene efectos negativos para Puerto Rico.

Los efectos para la Isla son de magnitud decisiva ya que su economía se sustenta en gran medida gracias a unas empresas manufactureras mayoritariamente estadounidenses que llegaron a contratar cerca de 150,000 empleados con los salarios más altos del mercado laboral.

La Ley de Reducción de Impuestos y Empleos supondrá la imposición de un impuesto del 12.5% sobre la propiedad intelectual de las empresas con operaciones en territorio puertorriqueño, lo que aventura una salida generalizada de estas compañías. 

Para muchos economistas, la principal consecuencia será la limitación en la capacidad de Puerto Rico de atraer empresas. La reforma federal impone penalidades y contribuciones a las compañías de Estados Unidos que tienen operaciones foráneas y las incentiva a traer sus operaciones de manufactura de vuelta al país norteamericano, lo que se cree que va a pasar en la isla de forma inmediata.

Además de aumentar los impuestos a las empresas, el proyecto de ley niega el acceso de las familias en Puerto Rico al Crédito Tributario por Hijos o al Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo.

El Gobierno de Puerto Rico estima que el previsto éxodo de las compañías manufactureras hacia otros territorios con menores cargas fiscales supondrá el golpe definitivo a una economía que lleva 10 años sumida en una profunda crisis y tiene una deuda impagable de 70,000 millones de dólares en proceso de reestructuración judicial.

Por eso, la llegada de un nuevo año, que usualmente se espera con esperanza, se ve esta vez de otra manera. El 2018 llega a un Puerto Rico oscuro, frágil, impotente, desconfiado y con pocas esperanzas de ver la “luz” en poco tiempo.

 


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