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Empleados públicos quieren retirarse pero gobierno "no los deja"

Departamento del Trabajo solicitó desestimación.

Bajo la pasada administración de Alejandro García Padilla, un grupo de 17 empleados del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos recibió la certificación para acogerse al preretiro voluntario, sin embargo, la administración actual —liderada por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares— “no los deja ir”.

Los trabajadores alegan haber sido excluidos de los beneficios que provee la “Ley del Programa de Preretiro Voluntario” (Ley 211), medida que asegura la obtención de 60% del sueldo por dos años y una garantía de 50% de la pensión a quienes participen del programa.

“Cada uno recibió la certificación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) confirmando su elegibilidad para el programa de preretiro. Cada uno eligió participar en el programa, una decisión ‘final e irrevocable’ de conformidad al Artículo 9 de la Ley 211. Después, cuando llegó el momento de la verdad, pues a 17 no los dejaron ir”, expresó a NotiCel la abogada Judith Berkan, de la firma Berkan/Méndez, representantes legales del grupo.

Los representados tienen entre 49 y 60 años y han trabajado en la agencia pública por hasta 30 años. 

“Nosotros tenemos estudios que demuestran que dejar ir a estos empleados representa un ahorro para el gobierno así que no entendemos por qué esta acción arbitraria. Hemos estado tratando de resolver esto a nivel administrativo, pero parece que vamos a tener que ir al foro judicial”, aseguró Berkan.

Además del sueldo y la pensión, el programa ofrecía la liquidación del pago de licencias por vacaciones y enfermedad acumuladas, y la participación en la cubierta del plan médico de conformidad con las aportaciones anteriores, por espacio de dos años.

A modo de conocer la razón detrás de la exclusión de los empleados de la Ley 211 y solucionar la situación, la abogada solicitó reuniones con el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Saavedra Gutiérrez, mediante cartas mensuales.

“Por razones desconocidas, pero que parecen ser discriminatorias, en los últimos días del pasado cuatrienio, el Departamento decidió excluirlos de los beneficios de la Ley. Esto consta en una carta del 27 de diciembre de 2016, informándoles que no iban a poder disfrutar del pre-retiro de inmediato, sino que tendrían que esperar a ‘una segunda fase según provista y facultada en la legislación aplicable’”, escribió la abogada en la carta con fecha del 30 de agosto.

Luego de las primeras dos misivas, sostuvo una reunión el pasado 9 de julio con el asesor legal de la agencia, Domingo Chicón, y la secretaria auxiliar en Recursos Humanos, Wanda Fontanez. No obstante, la reunión no rindió frutos.

Cabe destacar que a finales de agosto del año corriente, la legislatura dio paso a la “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos” (Ley 106), la cual deroga la Ley 211. No obstante, el estatuto contiene una cláusula que garantiza los derechos de los empleados autorizados por OGP a someterse al preretiro.

“Todavía no hay explicación, fue de la pasada administración y ahora bajo la nueva están cuestionando algunos de los que se fueron si cualificaban o no. Pero este grupo [al que represento] sí cualifica. Entendemos que es una injusticia no permitirle accederle a la Ley”, añadió Berkan.

Al presente, el Departamento del Trabajo no ha explicado por qué niega el acceso al preretiro a estos 17 empleados.

El paso de los huracanes Irma y María por Puerto Rico atrasaron la continuidad del caso en el ámbito legal, no obstante, el 31 de octubre Berkan radicó un mandamus al tribunal para defender los derechos de los empleados. Originalmente, el mandamus sería radicado el 5 de septiembre.

El caso se ha alargado tanto, incluso, que parte de los solicitantes supone cumplir 61 años este mes, por lo que deberán someterse a la Ley 3, sin acceso al preretiro.

El lunes, 11 de diciembre, tuvieron la primera vista, en la cual el Departamento del Trabajo arguyó que el mandamus no procedía y solicitó la desestimación del caso. 

Ahora, queda en manos de los jueces determinar si declaran con lugar o no las objeciones del Departamento del Trabajo.

Los sistemas de pensiones de Puerto Rico fueron reformados a principios de agosto cuando la Junta de Control Fiscal (JCF) determinó que se debía implementar el sistema “pay as you go”, las aportaciones definidas de beneficios (todos los sistemas se convertirían a uno tipo 401k), y que todos los empleados coticen al Seguro Social.


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