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Enmendarían proyecto de privatización AEE a favor de ente regulador

Pero insisten en reorganizar Comisión de Energía

El presidente de la Comisión Especial de Asuntos de Energía, el senador Larry Seilhamer, afirmó que el proyecto de ley que viabilizará la privatización de los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se enmendará a los efectos de mantener y proteger las facultades de la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR).

“Nosotros vamos a incorporar un lenguaje que claramente establezca que las facultades de la Comisión de Energía no pueden ser menoscaba, no pueden ser alteradas, no pueden ser omitidas bajo ningún contrato de Alianza. Eso lo vamos a dejar establecido porque precisamente se presta a que haya unas disposiciones dentro ese contrato de Alianza que los deja a ustedes fuera del rol regulador”, sentenció el senador durante una vista pública.

A dicha vista se convocaron a la CEPR, la Oficina Estatal de Política Pública Energética (OEPPE), el Centro para una Nueva Economía (CNE) y la Asociación de Consultores y Contratistas de Energía Renovable de Puerto Rico (ACONER). Es la segunda celebrada por la comisión especial, creada por el Senado para atender este proyecto de ley.

Aunque Seilhamer se mostró más que abierto a permitir la participación de la CEPR, a la misma vez sostuvo que el proyecto que busca reorganizar la composición de la Comisión podría mejorar las facultades de ese ente regulador en la medida que aumente la cuantía de Comisionados que llevarán a cabo las tareas reguladoras.

Por su parte, el presidente de la Comisión, José Román, advirtió en su ponencia que el texto del proyecto de ley mantiene a la CEPR al margen de los procedimientos de privatización, abriendo la puerta a la imposición de tarifas abusivas.”

“El pago a las entidades bajo los contratos de Alianza, será parte de los gastos de la utilidad y por lo tanto de su requisito de ingreso. Por consiguiente, si dichos gastos están establecidos por contrato, los cual no pueden ser revisados por un regulador, este último no tendrá otra opción que ajustar las tarifas para pagar estos contratos. El regulador no tendrá la facultad de revisar los gastos de estas compañías ya que su recuperación fue acordada en el contrato de la alianza”, declaró Román ante la Comisión.

Proponen ordenamiento supervisado por la CEPR para la privatización

Por parte del CNE, su director de política pública, Sergio Marxuach, también coincidió que el propuesto texto del proyecto de ley en relación a la CEPR impone varias limitaciones que conllevarían “un grave error de política pública”.

“En la ausencia de reglamentación efectiva, esta situación se presta para todo tipo de interacciones estratégicas, legales e ilegales, entre los participantes del mercado. Los generadores de electricidad, por ejemplo, podrían enviar señales de precios a los otros productores para limitar la competencia; sobornar al operador de la red para que le otorgue preferencia a una compañía sobre otra, aún cuando este no sea el productor de más bajo costo o pagarle al concesionario para que les haga la vida imposible a sus competidores para conectarse a la red de transmisión y distribución. Por otro lado, el operar de la red podría extorsionar a los generadores para darle preferencia en la conexión al sistema”, advirtió Marxuach en su ponencia.

Ante este panorama, el CNE propuso primero que la reforma debería seguir una secuencia desarrollada por varios economistas como Yin-Fang Zhang, David Parker y Colin Kirkpatrick. Esta consistiría en primero establecer un marco regulatorio moderno, transparente y robusto; segundo liebralizar el merado para permiti la entrada controlada de otros productores interesados en proveer servicio energético; y tercero la privatización de los activos gubernamentales a través de procesos transparentes, competitivos y estructurados.

El CNE además insistió que antes de comenzar estos procesos de privatización, debería otorgársele un espacio a la CEPR para actualizar su Plan Integrado de Recursos para que tome en consideración varios elementos que viabilicen una nueva estructura tarifaria y establezcan nuevos estándares para reconstruir la red de transmisión y distribución, como también incorporar la energía renovable a la red.

De mismo modo, Marxuach recomendó que la comisión reguladora deberá establecer los lineamientos para gobernador el proceso de transformación, que tomen en consideración las cualificaciones, la reputación corporativa y la situación financiera del licitador interesado.


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