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Gobernador señala que la UPR está fuera de su "control" (vídeo)

La Universidad de Puerto Rico (UPR) tiene más de un mes para entregar su Plan Fiscal. La administración de Ricardo Rosselló Nevares concluyó, tras las vistas de transición gubernamental, que la institución educativa cuenta con los fondos para hacer los pagos al servicio de la deuda, sugiriendo que su situación fiscal es menos grave en comparación al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) o la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). Todas estas instrumentalidades del Gobierno entregan hoy, martes, su Plan Fiscal. Sin embargo, ninguna de estas agencias estuvo presionada públicamente por secretarios de administración y el gobernador para cumplir con el plazo.

De acuerdo al gobernador Rosselló Nevares, el reclamo anticipado se debe a que “a veces cuando se saca el enfoque de todo esto, uno dice, ¿y por qué salió de momento? Es que hubo evidencia antes que empezaban a demostrar cuál era la intención de todo esto. Estábamos en una transición y la Universidad de Puerto Rico fue de los pocos que no proveyeron la información en una transición ordenada. El señalamiento a las personas que se fueron de manera orquestada de la Universidad de Puerto Rico es porque tienen una responsabilidad. Sea el Plan que sea que iban a someter, tenían una responsabilidad, y a mi entender aunque era para el 31 de marzo, que es más tiempo que el resto de las instrumentalidades, abandonaron porque no tenían la dirección ni el interés de poder desarrollar ese Plan. Por eso mi reclamo”.

El mandatario apuntó en entrevista con NotiCel a una cuestión de control que pueden ejercer sobre las demás corporaciones públicas o agencias, no así con la UPR, y anticipó que es un escenario que podría terminar con la Junta de Control Fiscal (JCF) tomando las decisiones finales sobre el sistema de educación superior público. 

“Tener control hubiese sido meternos, poner algunas personas para poder entonces tomar posesión de ese Plan y establecer la política pública. Al momento lo que he hecho es establecer que los 300 millones de dólares de recortes -como se le llaman- no tienen que ser en recortes, pueden ser en aumento de ingresos y ya yo he dado varias alternativas, incluyendo desde el Gobierno con una orden ejecutiva donde preferencialmente las agencias van a pedirle hacer una colaboración con la Universidad de Puerto Rico para que sea la Universidad la que pueda prestar servicios”, dijo.

Sobre las entidades que entregan el Plan Fiscal hoy -que incluyen además a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) así como la Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC)-, Rosselló Nevares apuntó a las auditorías que se debieron hacer en al menos dos agencias, BGF y ACT, para poder establecer sugerencias.

Sobre el BGF, volvió a insistir en que la parte de la banca tiene que terminar porque no tiene liquidez. A junio de 2016, la liquidez neta del Banco se ubicó en $238 millones. Respecto a Carreteras dijo que “la pasada administración solo calculó unos meses de presupuesto a este corporación en vez del año completo, dejando una situación precaria”.  Al presente la ACT mantiene una deuda de poco más de $2,000 millones por concepto de líneas de crédito, que aún no han costeado. La agencia ha sobrevivido por los ingresos del arbitrio al petróleo y sus derivados, el arbitrio de cigarrillos y ganancias por derechos de renovación del registro de vehículos, pero arrastra más de $500 millones en cuentas por pagar a suplidores.

De otro lado, el ejecutivo advirtió que “en Energía Eléctrica todavía no tenemos el control, y por lo tanto, eso ahora mismo hay que ver qué es lo que está haciendo la Junta, el Director Ejecutivo; pero todo lo que está dentro de nuestro control, nosotros vamos a cumplir y someter un Plan Fiscal para todas estas instrumentalidades, y posterior a eso, el 28 de febrero voy a someter el Plan Fiscal para todo Puerto Rico”.

El control de la AEE ya se cocina desde la Legislatura pues el presidente la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Jorge Navarro Suárez, presentó un informe positivo del proyecto 475, que reestablece la estructura existente sobre el pago de dietas y salarios a los miembros de la Junta de Gobierno de la corporación pública y que su composición sea nombrada por el ejecutivo con personal de confianza. Además, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Gerardo Portela, notificó que en virtud de la Ley 2-2017, esta dependencia y sus asesores son los facultados para negociar, renegociar y reestructurar la deuda de la AEE. Tras la notificación, el presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Luis R. Benítez, confirmó que la empresa contratada para la reestructuración, AlixPartners, culminó su contrato el 15 de febrero de 2017.

En el caso de la AAA, aunque durante las vistas de transición el pasado director ejecutivo, Alberto Lázaro, expuso que “el momento histórico en que se encuentra la Autoridad, que está negociando con bonistas, con la JCF, es un momento bastante delicado para hacer un cambio de persona”, la Junta de Gobierno de la corporación pública determinó la separación involuntaria y terminación de su nombramiento aunque le quedaban dos años en el puesto. Acueductos necesitaba unos $210 millones para cumplir con algunos acuerdos de consentimiento con la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés), así como una $3,000 millones para avanzar con el Plan de Mejoras Capitales.

Respecto a COSSEC, la Junta de Directores votó unánimemente a favor de eliminar la confianza al director ejecutivo de la agencia, Sergio Ortiz Quiñones, nombrando de manera interina al doctor Carlos Méndez David hasta tanto se evalúe a su sucesor. Méndez David se desempeñaba como vicepresidente del área de inversiones de la Corporación. Según los datos oficiales del 2015, las cooperativas en Puerto Rico tenían un total de 954,531 socios en libro. Estos socios tienen unos $8,651 millones en activos, así como un total de $4,588 en préstamos corrientes. De acuerdo a varios estimados, las cooperativas de ahorro y crédito tienen sobre $1,100 millones en bonos del Gobierno, la mayoría —sobre $700 millones— son emisiones generadas por el BGF.

Así las cosas, a la UPR se le presiona por un Plan Fiscal que reduzca $300 millones de su presupuesto en dos años, recorte sugerido por la JCF a la Administración Rosselló. Para este año fiscal, el presupuesto de la UPR es de $1,469,531,000. 

La saliente presidenta interina de la Universidad, Celeste Freytes, propuso ciertos recortes hace varias semanas a la Junta Universitaria, antes de su renuncia junto a siete rectores del sistema UPR. Sin embargo, el representante estudiantil a nivel graduado de la Junta de Gobierno de la institución, Gilberto Domínguez, indicó que se discutieron las cifras sugeridas por Freytes pero no se le puede llamar un Plan Fiscal, pues no explicaba cómo se escogieron las partidas ni de dónde salieron.

“Yo he sido el único gobernador hasta el momento, que recuerde, que he respetado la autonomía universitaria. He continuado respetándolo, han hecho su cambio de presidenta interina, y todavía está ese proceso. Por lo tanto mi reclamo es que atiendan este asunto. Hay que recordarle que no es una alternativa no presentar un Plan. Si optan por eso se exponen a que entre la (JCF) a que implementen una serie de medidas, que puede ser mucho más oneroso de lo que se está discutiendo ahora mismo”, sentenció Rosselló Nevares.


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