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JCF contrata a exdirectora de oficina de Pierluisi

Jefa de personal laboraba con Pedro Pierluisi.

San Juan - La Junta de Control Fiscal (JCF) incurre en un gasto anual de $1,695,000 en su personal ejecutivo, grupo de siete miembros en que se encuentra Rosemarie Vizcarrondo, exdirectora de distrito de la oficina del excomisionado residente, Pedro Pierluisi.

Con la JCF, Vizcarrondo funge como jefa de personal desde abril del año en curso con un salario de $120,000, según la tabla de compensaciones publicada por la JCF en su página web. 

En su tiempo en el Congreso, del 2009 al 2016, facturaba alrededor de $130,000 y se encargaba de contratar y supervisar el personal de la oficina de Pierluisi localizada en Puerto Rico, escribir borradores de los discursos del excomisionado residente y manejar los pedidos de alcaldes, agencias y organizaciones sin fines de lucro.

De acuerdo a su perfil en la página LinkedIn, Vizcarrondo completó un bachillerato en Arquitectura en la Universidad de Notre Dame en el 1990 y, en el 2016, recibió el título de entrenadora de vida y relaciones del Robbins Research International.

Además de Vizcarrondo, la lista menciona a Armando Silva, quien fue contratado por la Junta en octubre de 2017 como director de la reestructuración de la deuda, por un total de $150,000 anuales. En su currículum se destaca su experiencia como asesor financiero por más de tres décadas, además de ser empleado de la empresa Citigroup Global Markets.

En enero del año en curso, Citigroup Global Markets se convirtió en el banco de inversiones y los consultores de la Junta sobre las tareas fiscales del ente, como la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico.

Mientras, en septiembre, Miguel Tulla fue contratado por la Junta para servir de director fiscal y de implementación, a razón de $150,000 anuales.

Tulla fungió como consultor independiente de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) en el 2016, según el documento de Transición Gubernamental presentado ese año.

El ente federal, habilitado por la Ley Promesa, también empleó al abogado Kyle Rifkind como asesor legal adjunto por $100,000. El letrado recibió su grado de la Universidad de Stanford y fue secretario en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Como parte de su experiencia previa, el joven sirvió de asesor en reestructuración y finanzas en la firma Wachtell, Lipton, Rosen & Katz e hizo un internado en Sullivan & Cromwell LLP. Además, obtuvo un bachillerato en Economía de la Universidad de Cornell.

Estos nombres se unen a los de Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta, y Noel Zamot, coordinador de revitalización, quienes devengan $625,000 y $325,000, respectivamente.

Zamot fue nombrado, además, como oficial de transformación para la Autoridad de Energía Eléctrica. No obstante, el presidente de la Junta —José Carrión III— aseguró que el nuevo título no representará un cambio en su nómina.

También, se suman a los $225,000 anuales del asesor legal principal de la Junta, Jaime El Koury, abogado puertorriqueño con más de 35 años de experiencia. 

Entre sus responsabilidades se encuentran atender litigios pendientes asociados con las iniciativas de recuperación fiscal de la Junta y dirigir los esfuerzos de la Junta en cuanto a la reestructuración de la deuda.

Mediante una comunicación escrita, dirigida a los representantes demócratas en el Congreso José Serrano y Nydia Velázquez, la Junta justificó los altos salarios que paga a su personal al asegurar que realizan un proceso riguroso de contratación y negociación de sueldos.

El presupuesto de la Junta para el año fiscal 2017-2018 asciende a $60 millones —pagados por el Gobierno de Puerto Rico— los cuales se utilizan para el pago de empleados, arrendamiento de oficinas en Hato Rey, Nueva York y Washington, entre otros gastos.


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