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Junta de Control Fiscal busca ratificación del Congreso

También se debatieron las leyes de Cabotaje

Ante la rivalidad que se ha formado entre la Junta de Control Fiscal (JCF) y la Administración Rosselló Nevares, el ente fiscalizador de las finanzas del país tomó la oportunidad durante la vista pública del Comité de Recursos Naturales para buscar ratificación de sus poderes a la vez que solicitó apoyo para resolver la falta de liquidez del gobierno, anticipable en los próximos meses.

“Creo que la intención de PROMESA fue para que nosotros (la JCF) pudiéramos detener cosas que tuvieran un efecto adverso en los planes fiscales”, justificó Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JCF, mientras solicitaba al Congreso que ratificaran la labor y los poderes del cuerpo para poder llevar a cabo dicha función.

Por otro lado, la Directora ejecutiva hizo énfasis en la necesidad de ayudar a las finanzas del gobierno.

“Luego del embate del huracán María, la Junta proveyó al gobernador Ricardo Rosselló con la autoridad para realojar hasta $1 billón del presupuesto del Estado Libre Asociado para dar al gobierno flexibilidad para responder a las necesidades más apremiantes en esas primeras semanas de la crisis. Poco después, nos enfocamos en la necesidad para asistencia de liquidez de emergencia para lidiar con el hecho que el huracán causó a los ingresos caer y gastos a incrementar”, detalla Jaresko en su testimonio escrito.

La Directora ejecutiva aprovechó su oportunidad para solicitar una liquidez adicional a la que ya han recibido por un término más largo de tiempo debido a la salida de personas de la isla y los daños que han sufrido los negocios.

A su vez, Jaresko considera que es imperativo en la medida que el gobierno federal ayude a Puerto Rico a restablecer su sistema público y atender sus necesidades precarias tras el paso del huracán “ayudará a definir el futuro de Puerto Rico”.

A preguntas de la congresista Nydia Velázquez, la Directora ejecutiva de la JCF reveló que no tienen previsto un pago a los acreedores de la Isla por el momento.

“Eso será definido por un análisis de sustentabilidad de deuda a 30 años”, sostuvo Jaresko.

“Como están las cosas hoy, los acreedores podrían tener que esperar hasta 50 años para que les paguen”, afirmó Velázquez.

“Como sabe previo al huracán se veía imposible y por eso estábamos en título III. Hoy la situación es mucho peor”, contestó la directora.

Entretanto, en comunicado de prensa, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, manifestó que, "Durante la audiencia de hoy los representantes de la Junta evidenciaron desconocimiento sobre el proceso de recuperación en Puerto Rico, presentando cifras incorrectas relacionadas a las condiciones existentes en la Isla. Invito nuevamente a la Junta de Supervisión Fiscal a colaborar para que el Gobierno de Puerto Rico, conjuntamente con el apoyo del Gobierno federal, facilite la recuperación más rápida posible de nuestra Isla en lugar de condicionar la ayuda que corresponde a los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico, a que sea la Junta quien asuma el rol administrativo que  corresponde al Gobierno electo por los puertorriqueños”.

Puede ver los testimonios de los miembros de la JCF aquí:

 

Se debate el acta Jones

Durante la vista, surgieron preguntas ante la entrada de productos de otros países debido a la prohibición que impone el acta Jones.

“Consideramos que cualquier medida que el Congreso tome para asegurar que el costo de envío de gasolina a Puerto Rico sea reducido es un paso positivo para reconstruir la economía”, detalló el coordinador de revitalización de la JCF, Noel Zamot.

El congresista Doug Lamborn sugirió ante esto una exención limitada de algunos productos que entren al país. No obstante, su compañero, el congresista Garret Graves, descartó la idea, asegurando que solo 1 barco llegó a la isla gracias a la exención de la ley jones y que el problema que enfrentó el país no fue uno de envío sino de distribución.

“El acta Jones es una situación de seguridad nacional, es por eso que el presidente Obama, el presidente Clinton, ambos presidentes Bush, los secretarios de defensa, los jefes de estado y otros líderes de seguridad continúan apoyando y defendiendo la importancia de esa ley”, expresó Graves.


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