Junta Fiscal

Junta mete a Justicia federal en la pelea por la AEE

El Departamento de Justicia federal avaló la orden de designación de un Principal Oficial de Transformación (CTO) para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), según le representó la Junta de Control Fiscal a la jueza Laura Taylor Swain, quien la semana que viene presidirá una vista en la batalla campal entre la Junta y el Gobierno de Puerto Rico para decidir de una vez y por todas hasta dónde llega el poder de la Junta.

La aseveración está contenida en una moción sometida al tribunal el miércoles, en lo que representa sólo la más reciente de las distintas movidas de ajedrez que se han realizado en esta confrontación. Las movidas incluyeron, también ayer, que el gobernador Ricardo Rosselló designara a lo que llamó un “síndico” para revisar las contrataciones en la AEE.

La terminología de “síndico” no es una casualidad, es que precisamente el alcance de ese concepto es uno de los puntos en disputa ante la jueza, con el Gobierno sosteniendo que lo que puede hacer la Junta como “síndico” de la AEE es sólo hacer recomendaciones, pero no gerenciar.

Mientras, por otro lado, la Junta no midió palabras en su moción para sostener que los que mandan en la AEE, y en cualquier otra entidad sometida a la quiebra, como lo es el propio gobierno central, son ellos y que su poder no es sólo recomendar, es también gerenciar los asuntos diarios.

De hecho, la contención de la Junta es que, si no han decidido instalar a un oficial designado por ellos, como sería el CTO en AEE, en otras dependencias que están sometidas a quiebra, es porque no han querido y que es sólo la urgencia de los problemas en la AEE la que los compelió a nombrar al ingeniero Noel Zamot como CTO.

“La Ley PROMESA le prohíbe al Gobernador intentar controlar a la Junta, lo que incluye interferir con los esfuerzos actuales de la Junta para instalar a un (CTO) para liderar el rescate, reestructuración y transformación de la AEE… Sólo (la Junta) tiene los poderes de un CEO (Principal Oficial Ejecutivo). Nadie en la AEE tiene esos poderes”, dice la moción en la que la JCF intenta llenar, de acuerdo a su visión y a sus intereses, las lagunas de la Ley PROMESA sobre el alcance de sus poderes.

“Cuando se consideran todos los poderes de la Junta, no queda ningún poder superior que puedan reclamar la AEE o el gobierno para administrar la corporación pública”, declaró la Junta al recordar que la ley dice que ni el Gobernador ni la Legislatura tiene control alguno sobre la Junta.

“PROMESA es flexible, en tanto y en cuanto le da discreción a la Junta sobre si ejercer directamente todos sus poderes o si permitir que la gerencia de una entidad deudora siga administrando sujeta a las direcciones de la Junta. En el caso de la AEE, la Junta ha determinado que necesita tener a uno de sus propios agentes en las instalaciones con poderes de ejecutivo principal, tomando decisiones en tiempo real en representación de la Junta en esta crisis para, entre otras cosas, asegurar que la recuperación inmediata es consistente con el plan de transformación de largo plazo y que las agencias y fondos federales estén debidamente integrados a eso”, argumentan.

Directamente advirtieron que los poderes de Zamot como CTO incluirían la capacidad de ejecutar la sección de PROMESA que le permite a la Junta prohibir las huelgas de empleados públicos y que también, “no importa los deseos del deudor o de la gerencia del deudor”, la Junta puede vender los activos de la AEE y privatizarla, eliminando su gerencia actual y alterando contrataciones vigentes.

“(PROMESA) convirtió a la Junta en el síndico, y es un síndico imposible de remover”, recalcaron.

Para rematar, en su moción la Junta echa sal en una herida política del Gobernador al resaltar que la designación de Zamot ha recibido expresiones de favor de parte de congresistas, incluyendo a la Comisionada Residente Jennifer González, “quien rompió filas con el Gobernador”.

En cuanto a Justicia federal, la Junta le dice al tribunal que sometieron la orden de designación de Zamot para la revisión de esa dependencia y que las únicas modificaciones que pidieron son unas que reafirman la autoridad del CTO para manejar, de manera exclusiva, los fondos federales que se usen para la reconstrucción del sistema eléctrico tras el paso del huracán María.

En una moción separada esta semana, Justicia federal adelantó que va a comparecer en el caso de quiebras en defensa de la constitucionalidad de la Ley PROMESA.

Del otro lado, y además del nombramiento de Ottmar J. Chávez como síndico de los contratos en la AEE, las movidas del gobierno en el tablero han incluido evitar la comparecencia del director ejecutivo de la AEE, Ricardo Ramos, ante el Congreso, con el resultado de que la próxima ocasión en la que Ramos comparecería sería después de la vista del lunes en la que se discutirá la solicitud de la Junta sobre el CTO.

Pero, en una conferencia ayer, Ramos, adelantó que si el tribunal avalaba la designación de Zamot, renunciaba.

“Yo voy a estar defendiendo y luchando por el derecho de lo que es el gobierno electo de Puerto Rico para seguir administrando, con la disposición de seguir cooperando con la JCF. Te adelanto que le diré al Congreso que no debe haber ningún cambio”, aseguró también ayer el gobernador Ricardo Rosselló sobre una vista en el Congreso a la que comparecerá el próximo martes con Ramos.

“El venir a solicitar más poderes y a solicitarlos, vinculando lo que sería los fondos que vinieran a Puerto Rico o condicionando esos fondos para Puerto Rico por catástrofe, simplemente se queda uno sin palabras. Ir al Congreso y en dos ocasiones decirles que condiciones los fondos para la recuperación de Puerto Rico a la determinación de que la Junta tenga más poderes- poderes que ya reconocen que no tienen porque si no, no los estarían pidiendo- es inconcebible”, añadió.

“La premisa insulta. Que condicionen los fondos de la catástrofe a que se le otorguen unos poderes adicionales, simplemente para mí es inaceptable”, dijo.

Vea la moción:


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