Junta Fiscal

Más tecnología y transparencia para un Gobierno eficiente

Recomiendan durante diálogo con la JCF

El nuevo Plan Fiscal de Puerto Rico debe abordar al menos seis áreas críticas, entre las que se encuentran incrementar la eficiencia en el Gobierno mediante la tecnología y mayores controles a la hora de realizar gastos, de acuerdo a un grupo de panelistas durante la segunda sesión de diálogo convocada por la Junta de Control Fiscal (JCF).

El panel, titulado “Eficiencia gubernamental”, contó con la participación de Gustavo Vélez, de Inteligencia Económica; José Caraballo Cueto, del Centro de Información Censal de Puerto Rico; Samuel González, de Fondos Unidos; Giancarlo González, anterior jefe de Información del gobierno (CIO por sus siglas en inglés); el sargento José Marín Martínez, en representación de los retirados; y Rafael “Tatito” Hernández, miembro de la Cámara de Representantes.

Los panelistas detallaron que el Plan Fiscal repensado debe abordar además una protección a las pensiones, menos políticas de austeridad y desarrollar formas para evitar la impunidad de oficiales de Gobierno que hayan fallado al pueblo.

“Hay una realidad alterna cuando se interactúa con los servicios gubernamentales en Puerto Rico. Rob Renner, del Departamento de la Vivienda federal, mencionó que solo 40 por ciento de las direcciones electrónicas reciben correo. "Eso significa que un 60 por ciento no está bien documentado, lo cual perjudica la seguridad pública, las llamadas al sistema 9-1-1 y cosas como el asesoramiento de daños de FEMA”, explicó González, previo CIO.

González cuestionó que la Autoridad de Energía Eléctrica, por ejemplo, comparte imágenes de un documento en el programa Excel para informar las áreas en que laboran para restablecer el servicio. No obstante, con un mejor empleo de la tecnología podrían tener disponible una página en donde el público avise el lugar donde ocurren los apagones. Del mismo modo, destacó que el municipio de San Juan comparte imágenes de datos relacionados a las toneladas de escombros recogidos, pero no una geolocalización ni las rutas que tomarán próximamente.

Aunque resultaría de gran beneficio para las operaciones del Gobierno, González aceptó que una digitalización efectiva tomaría alrededor de 18 meses.

Mientras, Hernández —representante ante la Cámara por el Partido Popular Democrático— abogó por mayor adjudicación de la responsabilidad del Gobierno e instó a la JCF a trabajar junto a la Asamblea Legislativa para fiscalizar la pobre gobernanza y falta de transparencia de la Rama Ejecutiva.

“Ustedes pueden establecer un Plan Fiscal y nunca saber qué pasa en términos de las contrataciones, los fondos y las diferentes entidades dentro del presupuesto. A los gobernadores de Puerto Rico no les importa el presupuesto sino cuánto es porque, una vez lo aprueban, ellos no reciben el golpe de mantenerlo en fila. Ellos hablan con el Secretario de Hacienda o el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para diseñar el presupuesto de la manera en que se quiera. La única forma en que se sabrá cómo se gastó el dinero será al final del año fiscal”, advirtió el representante.

Cabe destacar que el funcionario radicó una demanda contra el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, en la que solicita al Tribunal que declare inconstitucional la Orden Ejecutiva que crea la Oficina Central de Reconstrucción de Puerto Rico.

El economista Vélez, por ejemplo, mencionó la adopción de inversión privada para ofrecer servicios de Gobierno, la incorporación de métricas de eficiencia y productividad, además de la adopción de un sistema de mérito en las agencias como medidas para incrementar la eficiencia gubernamental.

En cuanto a las pensiones, el sargento Marín abogó por una protección más explícita a las pensiones ya que, alegó, el 47% de la economía de la Isla se basa en el sector de la tercera edad.

Por su parte, el economista Caraballo Cueto sugirió menos políticas de austeridad.

Los panelistas también expresaron su deseo de que Puerto Rico sea incluido en la reforma contributiva federal y en el pareo en fondos de Salud por parte del Congreso.

Al ser abordada sobre las prioridades de la JCF, la directora ejecutiva Natalie Jaresko, explicó que el ente federal debe enfocarse en el crecimiento económico de la Isla, tomando en consideración los comentarios hechos por los expertos en las sesiones de diálogo.

“La prioridad es que Puerto Rico regrese a la vitalidad económica, al crecimiento. Ese es el deseo común de todos. La pregunta que tenemos que hacernos es cómo lo haremos con una recesión de 11 años, la emigración, la devastación del huracán, lo que sea que ocurra con la reforma contributiva federal y con la incertidumbre respecto a los fondos para la recuperación. La pregunta es cómo lidiamos con la realidad”, aseveró.

Por otro lado, el presidente de la JCF, José Carrión III, preguntó a los panelistas si Puerto Rico debe pagar la deuda pública de sobre $70,000 millones que sostiene. Todos respondieron en afirmativa.

El pasado 31 de octubre, la JCF determinó que, ante el paso de los huracanes Irma y María por Puerto Rico, el Gobierno y sus dependencias debían someter planes fiscales que se atemperaran a la nueva realidad causada por los fenómenos atmosféricos.

Ante este panorama, el ente federal calendarizó tres sesiones de diálogo previo a su undécima reunión pública, a celebrarse el próximo 5 de diciembre, para recibir el insumo de expertos en múltiples áreas sobre el proceso de recuperación de Puerto Rico.

Durante la primera parte de la sesión se abordó el golpe mortal que tendría en la Isla la aprobación de la reforma contributiva de los Estados Unidos tal como está escrita, en la cual se le impondría un arancel de 20% a los productos importados por naciones extranjeras como Puerto Rico.

La próxima cita será el 4 de diciembre en Nueva York.


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