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Jurado Federal acusa dueño de helicóptero por fraude a P.R.

En septiembre de 2015, bajo la administradación del exgobernador Alejandro García Padilla, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) allanó las oficinas de la compañía Ecolift hoy acusada por un Gran Jurado Federal por fraude en la venta de sus helicópteros al Gobierno de Puerto Rico. 

Según indica el documento federal, Ernesto DiGregorio Godoy obtuvo $2,209,967 de esta compraventa de manera fraudulenta, por lo cual se expone a 20 de años de cárcel. 

La acusación detalla que la empresa le ofreció a la Policía de Puerto Rico y la Administración de Servicios Generales cuatro helicópteros nuevos de la Bell Corporation así como mantenimmiento de las naves. En julio de 2013, Ecolift firma la compra de los cuatro helicópteros por $21,602,205 y un mes después firma el acuerdo de compraventa con Servicios Generales, que incluyó equipo para la policía y accesorios de aviación por $32,210,748.

Sin embargo, en diciembre de ese mismo año lo que entregó a la Administración García Padilla fueron helicópteros usados con los que obtuvo de beneficio $183,330. Por los accesorios tampoco incluidos, pero detallados en el acuerdo de compra, obtuvo $168,790. Además se instalaron equipos que no cumplían con las regulaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inlgés), provenientes de República Dominicana y Venezuela, lo que representó un beneficio para Ecolift de $1,857,847.

En septiembre de 2014, el administrador de la ASG, Luis M. Castro, amenazó con no pagarle a Ecolift ni el dinero final ni el bono por garantía de ejecución hasta que la compañía entregase unos nuevos helicópteros a la Policía que debieron entregarse entre junio y julio de ese año. Para hacer la compra de los prometidos helicópteros modernos, García Padilla sometió a la Legislatura  una resolución para que autorizara a la ASG incurrir en obligaciones de hasta $34 millones

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El empresario enfrenta otros cinco cargos, entre los cuales figura el contrabando de mercancía al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. 

 

Otra compra de helicóptero cuestionable se dio luego de que Ríus alegara que el DS realizó una consulta con el Consejo de Salud de Fortaleza donde se determinó que la compra era menos costosa para el Gobierno de Puerto Rico que continuar  pagandos servidios a la empresa AEROMED. 

Particularmente, pese al tiempo, la nave aún permanece sin operar por no tener los permisos requeridos, según trascendió en una vista de la Cámara de Representantes.  

"A esta nave no se le esta dando los mantenimientos porque no tienen los seguros necesarios", indicó el representante Juan Oscar Morales.

Mira el pliego acusatorio aquí.


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