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PR tendría que pagar extensión de programa de FEMA para refugiados

FEMA lo había advertido

Más congresistas de los Estados Unidos han aunado sus voces en favor de extender los programas de vivienda temporera tras el paso del huracán María, como la Asistencia de Vivienda Transitoria (TSA, por sus siglas en inglés) y el Direct Lease.

No obstante, sus cartas ignoran las posibles repercusiones económicas que esas solicitudes podría tener en el Gobierno de Puerto Rico.

Hasta el momento, la vigencia del TSA transcurre hasta el 20 de marzo y, de acuerdo a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), un período adicional deberá ser subvencionado por el Gobierno de Puerto Rico, cosa que no está contemplada en el Plan Fiscal entregado ayer a la Junta de Control Fiscal.

El grupo de congresistas más reciente en enviar una carta al administrador de FEMA, William Brock Long, se compone de Darren Soto (Florida) y Robert A. Brady (Pensilvania), y contiene la estampa, además, de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, los demócratas boricuas Nydia Velázquez (Nueva York) y José Serrano (Nueva York), el republicano Carlos Curbelo (Florida) y la demócrata Stephanie Murphy (Florida).

En la misiva, piden que FEMA extienda el TSA hasta el 1 de junio de 2018, para que los estudiantes que se trasladaron a los Estados Unidos puedan culminar su año escolar.

“Los sobrevivientes del huracán María deberían ser elegibles para recibir asistencia hasta el fin del año escolar con el fin de prevenir mayores interrupciones a su educación”, suplica el escrito.

En él también se requiere la aprobación del Direct Lease para los puertorriqueños que migraron hacia Florida.

El Plan Fiscal revisado, que traza la ruta del país por los próximos seis años, se enfoca en la obtención de más fondos federales y su inversión con el fin de recuperar y reconstruir la Isla, no en la respuesta de emergencia —estado en que algunos aún viven.

La subsistencia del TSA, según el Stafford Act, se nutre de fondos federales y un porcentaje de pareo monetario proveniente del gobierno local, pero hasta el momento, ese no ha sido el caso. 

Desde su activación el 31 de octubre, hasta el pasado 19 de enero, FEMA había incurrido en un gasto de $21,350,000 para costear el TSA sin colaboración financiera del Gobierno.

Una extensión representaría un gasto no presupuestado millonario.

Cualquier pedido de extensión o modificación al TSA debe surgir por parte del gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, de acuerdo al Stafford Act.

En otra carta, enviada el 12 de febrero al Administrador de FEMA, los senadores por Massachusetts Elizabeth Warren y Edward Markey proponen que el ente federal le permita a los refugiados continuar su estadía en las hospederías hasta el 20 de marzo, aunque una evaluación indique que pueden regresar a sus hogares antes de esa fecha.

“Aunque reconocemos la necesidad de FEMA de realizar una revisión periódica de la elegibilidad del programa, estamos preocupados por reportes provenientes de distintos estados en que los evacuados que son catalogados como inelegibles para el programa TSA han sido obligados a salir de los hoteles y moteles con pocos recursos económicos y poco acceso a opciones alternas de vivienda”, esboza el texto.

Justo ayer, 14 de febrero, el ente federal suponía notificar a unas 200 personas que ya no son elegibles para el programa TSA porque sus hogares en Puerto Rico están habitables. Sin embargo, de cara a los avisos varias familias han denunciado que no tienen a dónde ir.

Es por eso que la misiva de los congresistas menciona que muchas de las familias que FEMA determina no son elegibles para recibir esos beneficios, en realidad lo son tras una apelación por parte de los perjudicados.

Empero, mientras ese proceso toma lugar, las personas no pueden hospedarse en los hoteles y permanecen desamparados.

“Cerca de cinco meses después del huracán María, Puerto Rico continúa lidiando con infraestructura lisiada y casas perjudicadas. Los evacuados están enfrentando obstáculos a la hora de generar ingresos, en hacer los arreglos para soluciones de vivienda a corto y largo plazo, en conocer el estado de habitabilidad de sus hogares, y al elaborar el plan de regreso, si es que les es posible regresar, a Puerto Rico”, añaden.

Restaría conocer cómo, si de alguna forma, se afectarían las finanzas del Gobierno, pues en colaboración FEMA, y según se expresó durante una conferencia telefónica, buscan disminuir paulatinamente la cantidad de personas albergadas en las hospederías.

En ninguna de las dos cartas se habla del posible costo que tendría que ser incurrido por Puerto Rico.

El TSA ha beneficiado a unos 10,795 individuos de la Isla y las personas acogidas al programa están registradas en hoteles alrededor de 40 estados de los Estados Unidos y Puerto Rico.

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