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Reanuda la lucha por millonarios contratos de cobros en CRIM

Alcalde de Bayamón se defiende de señalamientos

El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) discutirá en los próximos días la recomendación de un comité de asesores externos para contratar a una empresa privada que se encargará de cobrar los cerca de $2,300 millones de deudas acumuladas por concepto de contribuciones a la propiedad.

El presidente del CRIM, Javier Carrasquillo confirmó a NotiCel que recibiría este lunes el informe del comité por lo que citará una reunión extraordinaria con los miembros de la Junta de Gobierno esta o la próxima semana para discutirlo. El proceso, que comenzó desde el pasado año, se retomó en las pasadas semanas luego del huracán María.

Aunque desde el pasado año la junta de gobierno del CRIM aprobó vender la cartera de deudas morosas para inyectar dinero a los municipios, fuentes denunciaron a NotiCel que múltiples presiones políticas y económicas han retrasado y transformado el proceso que en septiembre cumplió un año sin que se haya tomado una decisión.

Luego del efecto fiscal en los municipios por las labores de reconstrucción tras los daños ocasionados por el ciclón, el proceso toma mayor importancia para el futuro de las arcas de una gran parte de los ayuntamientos.

EL CRIM recauda anualmente alrededor de mil millones de dólares en contribuciones, una cifra muy por debajo de lo que debería cobrar ya que se estima que un 25% de los contribuyentes no pagan o pagan tarde. Con este grado de evasión, y cuentas que ya son incobrables, estamos hablando que el CRIM tiene en la calle unos $2,300 millones.

Para absorber el recorte de los $350 millones que dispuso el Plan Fiscal, sin aumentar las contribuciones, la Junta del CRIM había anunciado en abril el inicio de un proyecto de reingeniería para aumentar sus recaudos. Pese a que la propuesta anunciada a esa fecha incluía retomar la venta de la cartera de deudas morosas, posteriormente los alcaldes optaron por contratar servicios profesionales a empresas privadas para el cobro de las deudas morosas.

Algunos alcaldes de municipios cuestionan en voz baja que a un año de haber iniciado el proceso,  la Junta del CRIM no haya tomado una decisión. Con la condición de que no se revelara sus nombres, estos señalaron al alcalde de Bayamón, Ramon Luis Rivera, hijo, como el responsable de alargar el proceso para beneficiar a Tower Capital Management por su relación con Luis “El Indio" Vázquez que es contratista de su municipio.

“Eso es totalmente incorrecto. El que le diga eso está mintiendo, y tiene un interés particular…Yo no voy a beneficiar a ninguna compañía. El hecho de yo pedir que se publicara un anuncio para que se ampliara la participación… nada más con el testigo. Los que quieran ir a hacer negocios, por lo menos donde yo esté, tienen que hacerlo con todas las cartas sobre la mesa”, acotó Rivera.

Vázquez fue acusado de perjurio en el 2001 en el sonado caso federal de fraude al CRIM en el que rodaron cabezas de contratistas y alcaldes. El CPA no resultó convicto pues su único cargo fue desestimado a petición de la fiscalía federal. Durante décadas, ha mantenido contratos de consultoría con municipios y agencias de gobierno, en su mayoría como consultor en asuntos municipales para levantar ingresos en arbitrios, patentes y contribuciones a la propiedad entre otros. Actualmente, tiene contratos con el Departamento de Educación, Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y con el Municipio de Bayamón.

La historia de la carrera por la compra de las deudas del CRIM se remonta al 2014, cuando la empresa norteamericana Bespoke Capital Management Markets Group (BCMG) propuso comprar la cartera basada en tecnología desarrollada por la empresa para recobrar una gran parte del dinero que hoy pierde el CRIM.  Tras varios meses de evaluar la propuesta, el CRIM determinó abrir el proceso de venta de la cartera para que otras compañías participaran.

En septiembre del pasado año se publicó un aviso público de solicitud de cualificaciones. Durante ese proceso, Vázquez, aunque asistió a las reuniones relacionadas al proceso, no presentó una propuesta formal a la agencia municipal.

“No participé porque realmente no sometí. Yo solamente me inscribí como se inscribieron 4,5,6 o 7 personas para poder asistir al proceso”, dijo en entrevista con NotiCel.

Sorpresivamente, en diciembre pasado, el CRIM paralizó el proceso, que retomó este año, meses después que Vázquez decidiera someter una propuesta de servicios de cobro a través de Tower, según este, a petición de uno de los miembros de la Junta del CRIM.

“Los mismos miembros del CRIM me dijeron: ¿por qué no haces una propuesta de la manera que tú has estado veintipico de años con nosotros? Pero obviamente tiene que haber un ‘upfront money’; y ahí es que yo consigo a esta gente”, explicó Vázquez en referencia a la propuesta sometida por Tower Capital Management.

De acuerdo con el Alcalde de Bayamón, el proceso se detuvo en diciembre de 2016 porque las convocatorias oficiales no se hicieron correctamente. Rivera aseguró que la evaluación ha tomado tiempo debido a la magnitud de la transacción multimillonaria y la obligación de evaluar con rigurosidad las propuestas.

“Por eso he sido consistente. En estos momentos históricos no nos podemos desesperar. Como dice el refrán, vísteme despacio que voy de prisa. Las cosas hay que hacerlas con rapidez, en los términos más cortos que dispone la ley, pero tratando de buscar lo mejor para los municipios. Nosotros necesitamos que un equipo externo del CRIM nos ayude con la evaluaciónpara hacer la mejor evaluación posible y escoger la compañía que le pueda dar la mayor cantidad de beneficios a los municipios. Eso es proteger los intereses de los municipios”, aseguró el alcalde de Bayamón, quien es miembro de la junta del CRIM y a quien fuentes le adjudican capacidad para dirigir la toma de decisiones en la entidad.

En julio pasado, el CRIM publicó un aviso público para considerar propuestas de servicios profesionales para el cobro, identificación y tasación de propiedad mueble e inmueble. Al menos dos compañías, de las treinta que licitaron, parecen ofrecer lo que los alcaldes buscan; un adelanto de dinero en efectivo para paliar la pérdida inmediata de los $350 millones en subvenciones que antes llegaban del Fondo General y la capacidad de aumentar prospectivamente el cobro de sus deudas para continuar cobrando a contingencia sin tener que vender la cartera.

“Hay compañías que nos han presentado la posibilidad de 'mira, yo te cobro la cartera en un contrato contingente pero como estoy seguro de la capacidad que tengo que cobrar yo te voy a dar a modo de adelanto una cantidad de dinero”, explicó Carrasquillo.

Esas compañías son Tower Capital Management y BCMG.

Con cerca de diez años de experiencia, Tower Capital Management es una de las empresas con experiencia en la industria de monetización de gravámenes fiscales de Estados Unidos. Según documentos oficiales sometidos por Tower al CRIM, cuenta con cinco firmas en Puerto Rico como socias locales, ("local based partners"),  entre ellas Puerto Rico Appraisals, LLC de Luis "El Indio" Vázquez. Aunque éste rechazó que sea socio de Tower y aseguró que de otorgarse el contrato, las empresas locales serían subcontratadas; el CPA aunque no ofreció documentos que lo sustenten.

Por su parte, BCMG, la empresa norteamericana que compite contra Tower estableció su sede de operaciones desde 2015 en Puerto Rico y se dedica a la valoración, compra y gestión de deuda morosa de impuestos sobre la propiedad. Ha tenido de cabilderos al Lcdo. Pedro Ortiz Álvarez y al bufete donde se reincorporó el excomisionado residente Pedro Pierluisi, O’Neilll & Borges. El pasado año el alcalde de Bayamón le cursó una carta a la firma tras presuntas presiones de esta para que los alcaldes aprobaran la venta de la cartera.

"Actualmente, participamos en el proceso competitivo del CRIM anunciado el 21 de julio de 2017 en diversos periódicos locales. Como toda empresa operando en múltiples jurisdicciones, hemos contratado bufetes locales para que nos asesoren en materias de derecho local y en el aspecto legal del proceso de licitación gubernamental, quienes además, nos han aconsejado limitar nuestras declaraciones ante el proceso en el que participamos", afirmó en declaraciones escritas Thomas R. McOsker, CEO de la empresa.

“Nosotros padecemos de una memoria corta. Ya ese ejercicio lo hizo el CRIM a finales de los ’90 y el resultado fue nefasto. El problema es que gran parte de la deuda realmente no procede. Y en ese proceso, luego en el 2001 se tuvo que recomprar la cartera de deuda, con un préstamo. La privatización no es mágica. Hace falta conocimiento técnico. Le queda hacer las gestiones de cobro eficientemente, contando con la gente del CRIM”, insistió por su parte el expresidente de la Asociación de Economistas, Alejandro Silva Huyke.


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