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Rivera Schatz investigará enlaces entre la Junta y aseguradoras

La negativa de la Junta de Control Fiscal (JCF) de aceptar la Ley 47, la cual enmienda la Ley Habilitadora del Procurador del Paciente y amplía la jurisdicción de la Oficina del Procurador del Paciente, parece responder a la búsqueda de enriquecimiento personal y no al bienestar general de los puertorriqueños.

Al menos así lo aseguró el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, quien declaró que "sin lugar a dudas existe la posibilidad de que alguien esté ejerciendo influencias de manera sutil, solapada y escondida para sus propios negocios".

Por eso, ordenará una investigación en el Senado durante la sesión del próximo martes a la cual invitará al presidente del ente federal —José Carrión III— y a las aseguradoras de salud que operan en Puerto Rico. Con esa labor, se propone conocer el costo de servicios de salud en la Isla y las razones detrás del rechazo de la JCF a la medida.

"Yo no estoy investigando a la Junta. Yo estoy investigando en un tema de salud datos y hechos que afectan la cubierta de los puertorriqueños. Si alguien, por casualidad, ocupa un cargo en la Junta, eso es una casualidad", expresó Rivera Schatz en declaraciones escritas.

El Presidente del Senado apuntó a Carrión III, al subdirector Ramón Ruiz Comas y al bufete O'Neill & Borges como detractores de la Ley 47, certificada por vía del Proyecto del Senado 27, aprobado por unanimidad en la legislatura.

"Yo no estoy acusando a nadie, una vez alguien dijo ‘los hechos son sagrados y las opiniones son libres'. Los hechos son que Carrión III tiene un negocio que vive del asunto de las aseguradoras. Los hechos son que el subdirector, Ramón Luis Comas, fue presidente de Triple S. Los hechos son que O'Neill & Borges, además de ser abogado de la Junta, es abogado de las aseguradoras. Los hechos son que estuvieron cabildeando en contra de un Proyecto que el único propósito que tiene es defender al ciudadano en un tema de salud", aseveró.

Los informes financieros públicos de la Junta sostienen las alegaciones de Rivera Schatz, no obstante, y como ha denunciado el grupo Espacios Abiertos, el detalle sobre cada integrante permanece incompleto. Esto pese a que la Ley Promesa requiere la publicación de la información en su totalidad.

De Carrión III, por ejemplo, se desprende que es el presidente de HUB, CLC Inc. desde el 2012, compañía dedicada a proveer seguros a individuos y empresas. El ejecutivo devenga un salario por esa posición, sin embargo, no queda evidenciada la cantidad específica.

Igualmente, la también integrante del ente federal Ana Matosantos laboró como consultora de Health Access California en el 2014 en relación al sistema de Medicaid del estado. El programa Covered California cuenta con una red de aseguradoras, entre ellas Molina Healthcare, la cual opera en Puerto Rico.

"La Junta puede hacer lo que quiera y puede decir lo que quiera, pero en su rol privado aquellos que hayan influido para afectar al puertorriqueño y a la puertorriqueña le van a responder al Senado de Puerto Rico", sentenció el Presidente del Senado.

Ayer, el ente federal impuesto por la Ley de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) emitió una comunicación oficial al gobernador Ricardo Rosselló Nevares en la que se alegaba que la Ley 47 era inconsistente con el Plan Fiscal. Según la directora ejecutiva de la Junta, la medida aumentará los costos del cuidado de salud e incapacitará el desarrollo de modelos de ahorro de la Isla.

El portavoz alterno de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau Santiago, se unió a las denuncias de Rivera Schatz al cuestionar las razones de la Junta para revocar la Ley 47.

"Eso no sube los costos porque ya están establecidos en el contrato con la aseguradora y lo paga el ciudadano o lo paga el gobierno, si es el plan de salud del gobierno. No sube el costo de la prima, sino que le damos la herramienta a un ente para que fiscalice lo que el proveedor necesite y que la aseguradora tiene que seguir según los términos del contrato", reseñó Dalmau Santiago.

Mientras, durante una entrevista radial esta tarde, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico criticó el interés particular de la Junta en proteger a las aseguradoras de salud.

"La Junta no se tiene que preocupar por las aseguradoras, se tiene que preocupar por el gobierno", sostuvo el presidente Víctor Ramos.

La Ley 47 fue firmada por el gobernador el pasado 23 de julio.


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