Tribunales

Proyecto aprobado en Senado pone término a los jueces

De la autoría de Thomas Rivera Schatz

Un proyecto del Senado aprobado hoy, sábado, modificaría el poder del pleno del Tribunal Supremo y la jueza presidenta al enmendar la “Ley de la Judicatura” y el “Código Electoral de Puerto Rico”. 

Se trata del proyecto del Senado 775, de la autoría del presidente, Thomas Rivera Schatz. Con la nueva propuesta, el pleno del Tribunal Supremo -entre otras cosas- designará los jueces para celebrar sesiones en el Tribunal de Primera Instancia y a los jueces a los diversos paneles del Tribunal de Apelaciones, de conformidad con las reglas de administración que adopte a esos fines.  

Asimismo, se aprobó el Proyecto del Senado 728, que enmienda la Ley de la Judicatura”, con el propósito de establecer que los jueces superiores sean nombrados y desempeñen su cargo por un sólo término de 16 años. 

Además, el PS 775 establece que la presidencia del Supremo podrá nombrar a los empleados de las distintas dependencias, instrumentalidades y juntas de la Rama Judicial de conformidad con las normas que adopte el propio Tribunal. Asimismo, se le otorga al pleno designar jueces del Tribunal de Primera Instancia para atender asignaciones especiales que deberán ser presididas por jueces con adiestramiento y/o conocimiento especializado en dichos temas.

También restablece la facultad del Tribunal Supremo de asumir jurisdicción original en el recurso de mandamus, quo warranto y auto inhibitorio; y armoniza la jurisprudencia aplicable que permite al Tribunal Supremo atender recursos de certificación intrajurisdiccional, motu propio, provenientes del Tribunal de Primera Instancia y recursos de certiorari provenientes del Tribunal de Apelaciones, entre otros fines. Todo esto sin restarle poderes a la presidencia del Alto Foro.

Se desprende de la Exposición de Motivos de la medida que de varios preceptos constitucionales “queda claro” que el poder de la Rama Judicial en Puerto Rico se ejercerá por el Tribunal Supremo y que hay una doble delegación de poderes de administración de los tribunales entre el pleno del Tribunal y el (la) juez(a) presidente(a). A la presidencia del Supremo se le delegó el poder ejecutar las reglas adoptadas por el pleno de ese Tribunal en cuanto a la administración de los tribunales.

“A pesar del lenguaje de nuestra Constitución y de la intención de la Convención Constituyente (que le confiere el poder de reglamentar al pleno), todavía hay quienes insisten en que el (la) juez(a) presidente(a) es quien único debe ejercer el poder de administración en los tribunales. Como hemos visto, esa pretensión no tiene cabida en el texto de la Constitución y la intención que la forjó. Tampoco es compatible con la aspiración de que exista la mayor transparencia y deliberación en el proceso de asignación de jueces a las distintas responsabilidades”, reza la pieza legislativa.

Sin embargo, la presidencia del TS continuará dirigiendo la administración y será responsable del funcionamiento “eficiente” de los tribunales, promoverá la responsabilidad de los jueces en la ejecución de sus obligaciones judiciales.

También, los jueces del máximo foro judicial local designarán al menos una sala especializada para atender asesinatos en todas las regiones judiciales que entienda necesario que deberán ser presididas por jueces con adiestramiento especializado en el área criminal. Asimismo, designarán una sala especializada en asuntos contributivos y delitos económicos en el Tribunal de San Juan.

De igual forma, asignarán un panel de tres jueces para atender querellas relacionadas a la destitución y vacante de los cargos de Contralor Electoral y Contralores Auxiliares y podrán designar a tres jueces del Tribunal de Primera Instancia en torno a casos electorales, entre otras designaciones.


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