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Urgen veto del Ejecutivo a medida que reforma sistema de justicia juvenil

Expertos coinciden la medida carece de trasfondo

Juristas y expertos en el comportamiento de niños y jóvenes coincidieron que el proyecto de la Cámara 1036 – que persigue derogar la Ley de Menores y crear un nuevo marco jurídico para el procesamiento criminal de niños – expondrá a menores de edad a procesamientos legales más severos, poniéndolos en desventaja al exponerlos a condenas reservadas para adultos.

En síntesis, no es solo un retroceso al marco legal existente, sino que expone a los niños más vulnerables a traumas que de por sí el estado no atiende de manera apropiada.

Con estos argumentos, los ponentes de un conversatorio celebrado en la facultad de Derecho de la Universidad Interamericana reclamaron que el P de la C 1036 no se convierta en ley e hicieron un llamado al gobernador Ricardo Rosselló Nevares a vetar la medida de llegar a su despacho.

Entre las mayores críticas al proyecto, de la autoría del presidente Cameral, Carlos Méndez Núñez, fue la falta de vistas públicas para evaluar su contenido y la falta de data empírica para sustentar los cambios a la ley que, entre otras cosas, bajaría a 14 años la edad mínima para enjuiciar menores como adultos.

“No consideró nada de data empírica disponible sobre comportamiento de menores. Se sabe por los perfiles de menores transgresores y de delincuencia juvenil en Puerto Rico que pocos menores cometen faltas constitutivas a delito grave antes de los 13 años”, declaró la profesora Dora Nevares, experta en delincuencia juvenil. Tampoco tomaron en consideración las decisiones del Tribunal Supremo federal, que ha establecido que menores deben tratarse distinto a adultos pues a tan corta edad son más susceptibles a influencias y están en etapa de desarrollo, agregó Nevares.

El proyecto tampoco toma en cuenta la disparidad en el procesamiento de menores de edad desde la perspectiva de la clase social. Los ponentes señalaron que los casos de menores vistos en tribunales son casi exclusivamente de niños pobres que a su vez son participantes del programa de educación especial.

Para la doctora Ángeles Acosta, exprofesora de sicología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, la pobreza amplifica las limitaciones que puedan tener niños pobres al acceso a la justicia, a servicios de educación y de salud mental apropiados para sus necesidades. Sin embargo, su apreciación de la medida es que parte de la premisa que la conducta antisocial de un niño es igual a la del adulto y por tanto dispone que el trato sea igual.

Acosta indicó que desde la perspectiva de la sicología de los niños y adolescentes, poseen mentalidades en desarrollo, por tanto, el estado debería reconocer esa realidad para darles una segunda oportunidad a la hora de incurrir en delincuencia para así corregir la conducta a tiempo y no fomentarla con el crecimiento.

“Es bien importante reconocer que la controversia de este documento es si realmente nosotros podemos permitir un proyecto de ley que compare la conducta de un menor con la conducta de un adulto o la intención de un menor con la intención de un adulto. O que compare el desarrollo cognitivo social y moral de un adulto con el de un menor, es imposible”, expresó Acosta.

Por su parte, la abogada Iris Rosario, señaló que el proyecto carece del trasfondo apropiado para reformar adecuadamente el sistema penal juvenil, y en efectos prácticos, abrirá la ventana a que más niños sean procesados como adultos.

“Es mi tesis que ningún menor puede ser juzgado como adulto. Si la ciencia nos está diciendo… que no hay ningún menor que podamos dar por perdido, que todos tienen su cerebro en construcción, entonces todos… merecen una segunda oportunidad. Y si merecen esa segunda oportunidad, entonces tenemos que decidir rehabilitarlos. No penalizarlos tal y como si fueran adultos”, declaró Rosario.

A juicio del juez de primera instancia, Francisco Borelli, el proyecto promueve un estigma desarrollado por adultos contra menores delincuentes, considerándolos depredadores en desarrollo. A juicio suyo, ninguna reforma al sistema de justicia juvenil sería completa sin establecer una serie de derechos aplicables a menores enjuiciados, desde una óptica de la salud mental.

“Es necesario fortalecer la profesión de los derechos humanos de los individuos mediante el desarrollo de una cultura proteccionista a todos los niveles de formación educativa, nuestro país debe poner primero las prioridades de este objetivo. Solo de esta forma el recurso humano de Puerto Rico podrá constituir la riqueza y la fuerza más importante en la medida que todas estas estructuras administrativas y declaraciones de política pública están dirigidas y operadas por personas formadas en un cultura de paz y de protección de los derechos humanos”, manifestó el juez Borelli.

Trabajadores sociales también piden veto

Por otra parte el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR) también solicitó al gobernador un veto, tanto para el P de la C 1035 como el P de la C 1036. Para el gremio, las medidas no tienen un enfoque en la rehabilitación, sino que dan un enfoque punitivo y de castigo para los niños que enfrentan el sistema de justicia.

“El Sistema no puede tener un discurso de rehabilitación y en su práctica ser más restrictivos que el  sistema para los adultos. Eso refleja una contradicción en Ia política pública sobre el manejo de este tema. La niñez puertorriqueña gana si el gobernador Rosselló veta los P de Ia C 1035 y 1036 y, en su lugar, avala y firma el P del S 489. Nuestra niñez y juventud no es Ia responsable del contexto social y las inequidades sociales, que muchas veces provocan que terminen en foros judiciales, ante procesos duros y difíciles de comprender para sus edades, que laceran su dignidad y su estabilidad emocional”, sostuvo el presidente del CPTSPR, Larry Emil Alicea.
 
El presidente del Colegio destacó que existe otra medida elaborada desde el Senado con términos menos punitivos que la medida en controversia. Se refirió al Proyecto del Senado 489 que establece una edad mínima para procesar niños, limita el uso de esposas y cadenas y favorece la resolución de conflictos a través de la mediación.


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