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POR INVITACIÓN

Nuestros políticos necesitan clases sobre nuestra relación con Estados Unidos

POR INVITACIÓN

Héctor Santiago Rivera
14/01/2013 11:39 am

La Isla Desencantada, es el título de un libro publicado en el 1996 por el fenecido profesor Ronald Fernández, norteamericano, de origen español, y quien fuera catedrático de sociología en la Universidad Central de Connecticut. Como parte de su estudio de la relación política entre Puerto Rico (PR) y los Estados Unidos, Fernández revisó comunicaciones y memorandos de la Biblioteca del Congreso norteamericano relacionados con la controversia sobre el estatus de nuestra Isla. En su análisis, tuvo además la oportunidad de estudiar documentos originales de las administraciones presidenciales desde McKinley, a principios del Siglo 20 y finalizando con la de Bush en el año 2008.

Una lectura objetiva y desapasionada de la obra de Fernández debería ser utilizada como premisa para la formación ideológica de los políticos actuales, en particular el Comisionado Residente; Pedro Pierluisi, y el gobernador electo; Alejandro García Padilla. Deben examinar esta excelente obra para que así sean capaces de entender a cabalidad la relación política existente entre los gobiernos de EU y PR, particularmente lo referente al debate del estatus. En su investigación, Fernández destruye el mito de que el movimiento independentista nunca ha representado una mayoría en la historia política de nuestro País. En ese sentido señala que a principios del Siglo 20, el Partido Unión de PR, dirigido por Luis Muñoz Rivera, Antonio R. Barceló y José de Diego, quien para esa fecha presidía la Cámara de Delegados, coparon en varias ocasiones las elecciones desde principios del Siglo XX teniendo como base la independencia en la plataforma de gobierno de su partido.

Entre otras cosas, Fernández señala que en marzo de 1945, senadores y representantes del PPD a favor de la independencia, presentaron dos listas al Congreso de Estados Unidos, de diecinueve senadores, once  se declararon a favor de la independencia y de treinta y nueve representantes, veintidos estuvieron a favor de independizarse de Estados Unidos. Y en una tercera lista, de setenta y tres alcaldes populares de la Isla, cuarenta y dos apoyaban la independencia.

Fernández critica severamente la metamorfosis experimentada por el ex gobernador Luis Muñoz Marín cuando, teniendo un mandato expreso del Pueblo para pedir la independencia, fue doblegado por el Gobierno de Estados Unidos,  para que renunciara a esa alternativa como solución al problema del estatus. Critica, además, la aprobación a principios de 1950, de la nefasta Ley de la Mordaza, con la cual Luis Muñoz Marín, el ex presidente del Tribunal Supremo de PR; José Trias Monge, y Astol Calero, ex superintendente de la Policía, y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) demonizaron el ideal del independentismo mediante la creación de la división de inteligencia de la Policía para procurar el rechazo del Pueblo hacia dicho movimiento político, percepción que está vigente y explica el bajo porciento que tiene el ideal de la independencia en los diferentes eventos electorales.

La lectura de este libro me recuerda la época de los 80, cuando representé a varios acusados por los asesinatos de dos jóvenes independentistas el 25 de julio de 1978 en el Cerro Maravilla. Durante ese proceso, obtuve información de varios agentes y pude comprobar la veracidad de la existencia de las notorias carpetas levantadas por la desaparecida división de inteligencia de la Policía de PR contra los partidarios de la independencia en el País. En el descargue de mi responsabilidad patriótica, transmití la información al entonces representante a la Cámara, David Noriega, quien utilizó la misma para denunciar y radicar ante los tribunales los recursos pertinentes para detener esta nefasta y vergonzosa práctica de persecución y violación de derechos civiles en P.R., por razones ideológicas.

Señala Fernández que desde el año 1903 el Congreso norteamericano ha sido consistente en enfatizarle a los políticos puertorriqueños que “Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos, pero no es los Estados Unidos, ni parte de los Estados Unidos”. Destaca el autor que esta posición del Congreso ha sido avalada reiteradamente por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.  Además, Fernández puntualiza que la opinión de los congresistas es que la aprobación de la Constitución de 1952 no constituye un pacto bilateral entre PR y los Estados Unidos.

En resumen, conforme la obra de Fernández, los actuales líderes políticos de P.R., deberían evaluar los antecedentes históricos que establecen; (1) el Congreso de Estados Unidos nunca consideraría un ELA mejorado o culminado como una alternativa viable de estatus ya que jurídicamente no encaja en el sistema constitucional norteamericano, (2) el Congreso nunca ha mostrado interés en vincularse con la estadidad para P.R., por tratarse de una nación hispana, (3) solamente considerarían un estado colonial como el actual o la independencia, y (4) los presidentes estadounidenses no tienen ningún poder que no sea hacerle recomendaciones al Congreso sobre sus preferencias de estatus para P.R., las cuales consistentemente han sido arrojadas al zafacón.

*El autor es abogado con oficina en la ciudad de Bayamón. Facebook: Lcdo. Héctor Santiago Rivera.


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