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80 Grados

Nota publicada hace más de 60 días.

Deuda pública colonial y auditoría

80 Grados

José Nicolás Medina Fuentes
18/03/2017 09:58 am

Mi estimado amigo Juan Camacho, distinguido luchador comunitario y ambiental, escribió este comentario en su muro de Facebook.

“Juan Camacho – Nuestro pueblo se unió y derrotó al nefasto proyecto del gasoducto (tanto del norte como del sur). Luchamos contra decisiones de las agencias federales que rigen los endosos y permisos aquí. Ellos son los que dicen qué se construye y qué se desarrolla en este país. Con ese escenario, donde todos y todas sabemos que el poder no está en las decisiones de la JCA y del DRNA, nuestra lucha, según los que se oponen a la auditoría, debió haber sido contra la colonia. ¡Qué bonito! ¡Así no se puede! No se puede ser tan ortodoxo y lineal en el análisis. No obstante, los que estamos en la lucha ambiental y tenemos conciencia de la realidad, aprovechamos el espacio de lucha contra la AEE y otras agencias, para denunciar la existencia e intervenciones de las agencias federales en PR como producto de la condición colonial. Este servidor depuso ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas denunciando esa realidad. La colonia existe, mucho antes de las decisiones de estos meses, y la lucha por el ambiente, la sindical, la de las mujeres y otras, hay que darlas porque nos organizan y nos fortalecen. ¡¡¡Seguimos!!! “

Responde de esta manera a su percepción de que hay personas que se oponen a la auditoría de la deuda de manera absoluta.

Se pueden identificar en la actualidad tres posturas sobre la deuda pública; la primera: una neoliberal, sustentada por los acreedores, la metrópolis, su Junta de Control y figuras a su servicio en cuanto a que la deuda pública hay que pagarla por la población boricua porque es la contratación existente con los acreedores que hay que cumplir sin reserva alguna, sin importar las consecuencias en los derechos humanos y servicios esenciales a la población. Existe una segunda versión reformista de que hay que reestructurar la deuda y pagarla a los acreedores, sin formular teorías y cursos de acción que coloquen a nuestra población en una posición de negociación real. Hay otra versión reformista menos aguada, pero reformista al fin y a la postre, que parte de la premisa de que la responsabilidad de la misma es compartida, una porción mayor para ser pagada por los puertorriqueños y una porción por la metrópolis. Esta posición no asume posición sobre la relación causal eficiente de la deuda y el colonialismo. Un sector reformista convive con la idea de la auditoría pensando que una vez realizada se podrá comprobar que una parte de la deuda se hizo en contravención de la Constitución colonial y que podría decretarse el impago de esa porción por las cortes coloniales o federales pero comprometida con el pago de la porción de la deuda que consideran “legítimamente constituida” bajo la autonomía colonial territorial.
Una tercera posición consecuentemente anticolonial establece que la deuda pública de Puerto Rico es injusta, producto del control colonial, impagable por la nación empobrecida, diezmada por el éxodo y envejecimiento; y que es responsabilidad exclusiva de la potencia colonial causante eficiente de la misma.

Me parece que lo más importante es estudiar con detenimiento el efecto de esas posturas y evitar establecer un antagonismo superficial entre quienes favorecen la auditoría frente a quienes se oponen a la misma asumiendo una postura anticolonial.

Para escoger una posición honesta y vertical sobre este gran problema es fundamental estudiar y entender lo más preciso posible el fenómeno de la deuda pública colonial, su historia y dinámicas   para estar en condiciones de elaborar los métodos de lucha y cursos de acción éticos más adecuados al momento histórico, sin que unos medios cancelen a otros, y que se pueda dar primacía a los que lo ameritan conforme a nuestra particular realidad.

Ningún fenómeno humano puede atenderse de manera lineal, abstracto, alejado de la totalidad y complejidad. Porque cada quehacer humano es fenómeno histórico, concreto, determinado, interrelacionado, con la totalidad. Por eso es apropiado examinarlo de manera interdisciplinaria. Ni el economicismo, sicologismo, religiosidad dogmática, activismo anti intelectual, u otros formalismos son corrientes de pensamiento adecuadas para estudiar los problemas humanos, su historia y su presente, para buscar soluciones y cursos de acción hacia su superación. El sicologismo se pierde en el efecto de las emociones como centro, el economicismo en paradigmas económicos y estadísticos, la religiosidad dogmática en la espiritualidad exclusivamente según los textos sagrados. El activismo febril con el uso del músculo exhausto, en el practicismo sin relacionar la actividad con deliberación culta y teoría que guíe la acción. Todos ellos alejados de cómo se articuló y ocurre la actividad humana, entendimiento necesario para poder cambiarla. Debemos aspirar a un pensamiento crítico nacional que haga acopio de todas las disciplinas aplicables para entender los fenómenos humanos y transformar los que deban transformarse.
Esta campaña de la auditoría ciudadana y/o auditoría gubernamental en la experiencia puertorriqueña debería incorporar un análisis y entendimiento abarcador histórico, concreto del fenómeno de la deuda pública.

Cierto es que los principios rectores de una auditoría son la transparencia, la fiscalización del deber de fiducia o lealtad de los funcionarios en el manejo de los fondos públicos, así como la búsqueda necesaria de la información, porque información es también poder de negociación y vital para estudiar los fenómenos. Por tanto, nadie que pretenda desarrollar una posición honesta puede oponerse a las auditorías por oponerse. Más aún, en la experiencia comparada el protocolo de la auditoría ciudadana, que surge de la experiencia de la República del Ecuador al enfrentar el problema de su deuda pública, es protocolo imprescindible ser estudiado para ver cómo se adecúa a otras realidades. Porque no existe gen idéntico aplicable sin mutaciones a otras realidades, es necesaria la adaptación, para no caer en los calcos nefastos, en el seguidismo como ovejas del resplandor y prestigio de procesos exitosos en otros países. Tenemos siempre que crear, recoger lo adaptable y descartar lo inaplicable.

Es conveniente distinguir la auditoría gubernamental de la ciudadana, efectuada por personalidades honorables. Es obvio. Si el fin de la auditoría es escudriñar los manejos de los fondos públicos por funcionarios de gobierno, y la auditoría es un medio o método que pretende ser preciso, inmaculado de manchas, transparente, confiable, creíble en sus hallazgos, pues debe ser completamente independiente del gobierno y el bipartidismo corrupto que lo ha manejado. Falta estudiar de manera honesta cómo fue que se negoció, cabildeó y se creó la Comisión de Auditoría Gubernamental, a escasos meses de culminar el cuatrienio del PPD. Sus participantes deberían publicar sus memorias, y especialistas acopiar archivos y debates para tener una mejor panorámica. No tenemos ese escenario completo. ¿Fue un intento genuino del PPD y personalidades que la gestaron de auditar las deudas públicas? ¿O un medio para balancear los escándalos que se veían venir producto de los procesos federales contra Anaudi Hernández y su ganga e integrantes de la cúpula del PPD en medio del proceso electoral? ¿O una combinación de ambos? ¿O una especie de Blue Ribbon II?

Son solo interrogantes que lanzo como punto de partida pues no tengo la información, los estudios para llegar a conclusiones definitivas.

Ahora bien, la auditoría ciudadana efectuada por ciudadanos honorables, libre de ataduras y agendas político partidistas es protocolo que proviene de la experiencia efectuada en la República del Ecuador y que es necesario estudiar con mayor rigor, ver qué peso tiene el gobierno en el financiamiento de sus labores, qué garantías de independencia puede tener, que limitaciones existen para ser financiada con fondos privados independientes, cómo instrumentarla y adaptarla en nuestra patria para conocer los detalles de las deudas públicas y el manejo de sus fondos. Servirá entre otros, para determinar qué deudas se efectuaron en contravención a las leyes coloniales y federales, qué funcionarios son culpables de actos de corrupción y que deban responder con su patrimonio y libertad por sus delitos, acciones u omisiones. No cabe dudas que proveería información necesaria sobre el grado de conocimiento que tuvieron las autoridades federales con jurisdicción para la aprobación en la emisión de bonos o préstamos.

Pero debemos, por otro lado, en esta problemática de la deuda pública puertorriqueña, diferenciar entre lo que es una lucha entre los acreedores de la deuda y la parte deudora gubernamental de la responsabilidad que tiene la metrópolis controladora frente a los acreedores de la deuda. No es lo mismo un caso o litigio de la parte deudora contra los acreedores (“lenders liability”) que la exigencia de responsabilidad por la deuda y reparación de agravios por la potencia colonial. Opino que esta es área que ha sido relegada a un segundo plano por el aluvión de opiniones que inundan el espectro nacional hoy en día en el huracán de categoría 6 que ha caído encima de la nación puertorriqueña. Debería tener preeminencia pues la deuda pública ocurre en el contexto de una relación colonial entre la nación puertorriqueña y la metrópolis imperialista norteamericana. Nada, ningún fenómeno humano puertorriqueño está ajeno a la realidad colonial.

El método o medio de lucha de la auditoría gubernamental o ciudadana es de naturaleza de reforma. Como medio puede estar mediatizado por los intereses en pugna y la correlación de fuerzas que tengan unos u otros. La misma Ley Promesa y la Junta de Control Federal se justificó por las autoridades de la metrópolis en una alegada ausencia de transparencia, en la ausencia de estados auditados del ELA territorial, en la campaña de que la causa de la deuda impagable fue fruto exclusivo de la corrupción y mala administración de los puertorriqueños. En la misma Ley Promesa se faculta efectuar auditorías por la Junta de Control Federal. Imaginemos que la auditoría se realice por la Junta de Control y el gobierno territorial, nada fuera de la realidad ya que todo programa de gobierno ahora tiene que tener la aprobación de quien realmente gobierna a Puerto Rico por los próximos años: la Junta de Control. ¿A dónde llegaríamos con esa auditoría?

En nuestra realidad, el dominio colonial se basa en mayor medida en la imposición de consensos ideológicos más que en la fuerza coercitiva que también ha ocurrido y ocurre. Al haber una campaña intensa previo y durante el proceso electoral contra la corrupción de los gobernantes coloniales, atribuyendo a estos la causa eficiente de la deuda impagable, la Junta de Control Federal fue aceptada por más de un 70% de los puertorriqueños en el momento de su imposición. Es decir, de grupo dominante por medio de la fuerza coercitiva federal, se constituyó en grupo dirigente y legítimo de nuestra población por medio de la hegemonía ideológica. Como colofón, no debemos olvidar que a nuestro pueblo se le bombardea mediante los medios de difusión y por una subcultura del narcotrafico de la bonanza del ideal del mal (“power of evil”). Así hay prominencia de programas de chismes, inundación de novelas turcas, colombianas y mejicanas, contratación como comentaristas televisivos y radiales de criminales que promueven las relaciones de crimen, chantaje, odio y traición, en los que se promueve una cultura de que el mal es ruta que paga. Y esa es la práctica general mientras se cancelan programas de radio y televisión de personalidades verticales, aún cuando existan excepciones de columnistas en ciertos medios corporativos y en la prensa alternativa.

En el contexto histórico que vivimos hay que hacer determinaciones de prioridad ya que los recursos son escasos, sobre todo en esta época de fragmentación y achicamiento de las izquierdas. Hay que seguir la ley de la concentración de esfuerzos y prioridad en el uso de los métodos y desarrollo de campañas. Por ejemplo, escasea la organización de programas adecuados de formación de cuadros dirigentes jóvenes guiados por una teoría del liderato y un pensamiento crítico nacional, que puedan servir de relevo generacional frente a personalidades y generaciones de jubilados.

Así mismo, en este asunto de la deuda pública, los que luchamos por la descolonización e independencia nacional debemos priorizar en una postura que traiga a la metropolis a la mesa para asumir responsabilidad frente a los acreedores de la deuda pública. Una lucha centrada entre el gobierno colonial y el pueblo frente a los poderosos acreedores y fondos buitres es muy desigual y no conduce a un resultado beneficioso para las capas mayoritarias de la población. Tenemos un gobierno colonial sin poderes soberanos, es un manco enclenque combatiendo con acreedores pesos pesados, entrenados y con amplios recursos económicos, legales y de toda índole que postulan la norma que los contratos de préstamo se cumplen, que son la ley entre las partes, y al fin y a la postre, las cortes donde se ventilarán esos reclamos protegerán a esos poderosos acreedores.

Nuestra lucha contra los acreedores de la deuda tiene que elaborar sus características particulares. No podemos calcar las experiencias de países soberanos, incluyendo la República del Ecuador, que se trataba de una lucha entre una nación soberana y bancos a quienes había tomado prestado. En el caso de Puerto Rico, se trata de deudas contraídas por el ente territorial colonial y sus instrumentalidades mediante la emisión de bonos y préstamos. Bonos promovidos mediante la triple exención contributiva que permite la ley federal Jones para beneficiar al capital financiero. Pero mientras se permite el endeudamiento, y se confiere “libertad” para enfrentar a los acreedores como asunto único del gobierno territorial, la metrópolis niega todos los poderes de soberanía necesarios para crear ahorro nacional, riqueza nacional y proteger la misma. El gobierno federal es “tercero” participante activo, controlador exclusivo del territorio bajo la cláusula territorial y todos los poderes coercitivos de ese aparato estatal. Más aún, es el causante directo de la deuda impagable. Ya que de una deuda de $24 billones a diciembre del 2000 (y existía entonces corrupción y mala administración), ascendió $48 billones adicionales en el 2014, en 14 años, hasta la suma impagable de $72 billones, la quiebra de los fondos de pensiones y el éxodo de capital humano, que coincide con ser el periodo de abandono total federal hacia el territorio, cuando elimina las compañías 936, firma los tratados de libre comercio que elimina ciertas ventajas competitivas y no le proporciona medios de desarrollo económico al territorio para generar ingresos y recaudos. Más aún, conforme a estudios del profesor e intelectual Víctor Sánchez Cardona, basados en estadísticas de la Junta de Planificación, mientras en Puerto Rico se generó en el 2014 una actividad legal que produjo una riqueza de $104 billones de producto interno bruto, (sin incluir $25 billones de la economía informal que debería tributar), esas actividades, que en cualquier otro país soberano serían eventos tributables, no tributaron en su inmensa mayoría en Puerto Rico y generaron exclusivamente tributos al gobierno federal por más de la decena de billones de dólares, que si se hubieran pagado en Puerto Rico, los recaudos anuales triplicarían los actuales, no hubiera sido necesario tomar prestado, y sobraría para desarrollar una economía que garantizaría amplios servicios de salud universal, educación, pensiones adecuadas y programas sociales gratuitos a la población. Esa producción de riqueza demuestra la viabilidad de una economía próspera en la independencia con la garantía de todos los poderes soberanos que provee.

Pero la potencia colonial de Estados Unidos no puede desentenderse de su responsabilidad. En el derecho público internacional, en el derecho civilista, en el derecho anglosajón, las deudas injustas no tienen que pagarse en situaciones de equidad o extraordinarias. Es que se ha recogido la evolución de la moral para imponer responsabilidad en las deudas contractuales y civiles a la parte controlante de una relación, ya sea control de una nación mediante el colonialismo o control de entidades y personas privadas. Así en el derecho privado se reconoce el repudio de la herencia y las deudas por los herederos de un causante pródigo o endeudado, la responsabilidad de corporaciones   que controlan otras como “alter ego” o mediante el fraude, la responsabilidad de los bancos que controlan a deudores mediante actos ajenos a las mejores prácticas bancarias (“tying arrangements”). En el derecho público federal se ha reconocido por su Corte Suprema la responsabilidad del gobierno federal hacia asuntos o deudas de las naciones indias mediante el ejercicio del control federal.

Veamos varios ejemplos simples. Cuando un famoso cantante se casó con una reina de belleza lo hizo mediando contrato de capitulaciones que garantizaban completa separación de bienes y deudas de ambos cónyuges. Durante el matrimonio el cantante se dedicó a acrecentar su fortuna con su arte, mientras su esposa parió, se dedicó a cuidar los hijos, lo que la privó de seguir su carrera artística. Cuando se divorciaron, el artista estaba más rico y su exesposa muy pobre. Durante el litigio del divorcio se levantaron teorías de equidad e incumplimiento del contrato de capitulaciones por la parte controlante, que dio margen al traslado de bienes a la cónyuge más débil. O tomemos el ejemplo del padre que convence a su joven hijo mayor que tome prestado al vecino rico, luego encierra a su hijo en un cuarto con candado y no le permite trabajar. No puede el padre controlador maltratante evadir su responsabilidad producto del fraude, control y engaño.

En el derecho imperativo internacional ha ido fortaleciéndose la doctrina de deuda odiosa. Es una doctrina basada en principios de justicia y equidad que surgió de situaciones geopolíticas, que fue aplicada por Estados Unidos a la deuda colonial de Cuba con España luego de la Guerra Hispanoamericana de 1898. España prestó a los gobernantes coloniales para perseguir y matar insurrectos. Se entendió que era una deuda injusta que no se podía imponer a la población y España tuvo que asumir la pérdida. Luego, esa doctrina se ha expandido para que sean consideradas odiosas e impagables ciertas deudas injustas: las incurridas para genocidios, torturas, guerras de agresión, segregación racial, las que beneficiaron tiranos y oligarquías y las deudas públicas coloniales. Es decir, es una doctrina de equidad, que reconoce situaciones injustas, de abusos de poderosos, que afecta derechos humanos de poblaciones y contraviene principios ya consensuados en los distintos tratados y acuerdos entre naciones. La doctrina sobre deuda odiosa no es doctrina cosificada y rígida. Tiene que ser adaptada a cada realidad concreta. No es apropiado negar su aplicación distinguiendo entre deudas incurridas por países soberanos con bancos y fondos internacionales a deudas incurridas con bonistas y fondos de inversión por un territorio colonial. La doctrina de deuda odiosa o deuda injusta se tiene que adecuar a la realidad particular de Puerto Rico, mediante la aplicación de los valores y principios recogidos en el derecho imperativo internacional y en los principios o valores morales consensuados por la humanidad. La deuda colonial pública de Puerto Rico es una injusta, generada durante una relación colonial, el tercero potencia colonial controlador es el verdadero y único soberano responsable. Se ha beneficiado de la explotación colonial, toma todas las decisiones vitales que provee la usurpación ilegal de los poderes de soberanía de otra nación, es el verdadero y último deudor, posee los recursos para crear un fondo en fideicomiso y los poderes para pagar mediante expropiación a los fondos buitres lo que realmente estos pagaron por los créditos adquiridos de la deuda pública puertorriqueña.

Es importante destacar que en esta lucha anticolonial nuestra, la lucha no se puede centrar frente a los acreedores, por tanto hay que enfatizar más que nunca en la responsabilidad de la potencia colonial para que asuma la deuda odiosa colonial. Hay que estar claros: los foros judiciales, ejecutivo y legislativo federales son adversos a la nación puertorriqueña y parcializados a favor de los acreedores. La mejor muestra: produjeron la ley Promesa, que no es otra cosa que una enmienda provisional a la Ley 600 para tener en sindicatura al ELA colonial, controlar su presupuesto y desembolsos, exprimir la población con tributos y recortes neoliberales para favorecer el pago de la deuda a los acreedores. Siguen vigentes los casos insulares, la ley 600, el ELA colonial, aunque enterraron la teoría del pacto del 1952. Puerto Rico es una colonia. Así lo ha reconocido la metrópolis.

La lucha anticolonial es una prolongada, en todos los frentes, hace falta crear una contracultura solidaria y masiva de liberación mediante la utilización de los medios éticos disponibles en cada momento histórico. Para enfrentar la deuda colonial odiosa el frente principal es la organización y movilización popular hacia la descolonización de Puerto Rico, asistido de los frentes de solidaridad internacional y de la población norteamericana. Son cruciales en esa dirección un Congreso Anticolonial que unifique todos los sectores anticolonialistas, que tenga como punto central la convocatoria y celebración de una Asamblea Constitucional de Estatus permanente y solvente, poderosa con la participación en la votación de nuestra diáspora. Esa lucha anticolonial que nos lleve a una nueva mayoría política que incorpore y establezca estas y otras medidas programáticas.

En estos momentos cruciales que enfrenta la nación puertorriqueña es importante discutir estos asuntos, educar sobre los mismos. Acompaño una corta bibliografía en la que discuto con mayor detalle y rigor los asuntos antes esbozados.

Bibliografía:

1. Hacia una teoría de responsabilidad del gobierno federal sobre la deuda pública. Volumen 1 (2016) revista jurídica de política pública y legislación de la Facultad de Derecho de la UIA, pág.73. http://www.derecho.inter.edu/inter/sites/default/files/documentos_generales/RPPL-AGO-DIC-2016.pdf

2. Crisis Fiscal, Junta Imperial y un futuro para Puerto Rico. Revista 80 Grados. 27 de mayo 2016. http://www.80grados.net/crisis-fiscal-junta-imperial-y-un-futuro-para-puerto-rico/

3. Que la Deuda Odiosa la pague el Congreso de EE. UU. El Post Antillano.    5 de julio 2016. http://www.elpostantillano.net/justicia-social/17722-2016-07-05-17-01-52.html

4. Por un Congreso Anticolonial. Post Antillano, Revista Dominical.   28 de agosto 2016.   http://www.elpostantillano.net/revista-dominical/332-caribe-hoy/18005-2016-08-28-14-05-42.html

5. En Puerto Rico urge un Congreso Anticolonialista. Post Antillano, Revista Dominical. 20 de noviembre 2016.  http://www.elpostantillano.net/revista-dominical/332-caribe-hoy/18385-2016-11-20-15-11-13.html

6. Reflexiones   para un pensamiento crítico nacional. Post Antillano. 10 de mayo 2015. http://elpostantillano.net/revista-dominical/331-agenda-caribena/14116-jose-nicolas-medina-fuentes.html

7. El derecho al voto de la diáspora, la deuda pública y la Asamblea Constitucional de Estatus. Revista 80 Grados. 4 de marzo 2016.  http://www.80grados.net/reflexiones-sobre-el-derecho-al-voto-de-la-diaspora-la-deuda-publica-y-la-asamblea-constitucional-de-estatus/

8. Socialismo, Sanderismo y formación de liderato. 80 Grados. 9 de septiembre 2016. http://www.80grados.net/socialismo-sanderismo-y-formacion-de-liderato/

9. Víctor Sánchez Cardona. Seis Mitos para una Quiebra. Octubre 2016. Borrador en mi escritorio.

10. Junta de Control Federal: el problema es el coloniaje. 80 Grados. 29 de julio 2016.   http://www.80grados.net/junta-de-control-federal-el-problema-es-el-coloniaje/

*El autor es abogado. Educador. Representó al boxeador “Tito” Trinidad. Líder estudiantil en la década de 1970. Magna Cum Laude 1981 Escuela Derecho UIA. Maestría en educación de Harvard. Tomado de 80 Grados.


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