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Primera vista pública sobre auditoría de la deuda: ¿llegará?

Por Invitación

Joel Cintrón Arbasetti | Centro de Periodismo Investigativo
14/04/2017 12:06 am

Imaginemos que la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público está en funciones y que convoca a vistas públicas. Se llevan a cabo en alguna plaza pública y se transmiten por internet, radio y televisión; la prensa financiera internacional envía a sus corresponsales. El propósito es interrogar a personas que puedan esclarecer los hallazgos sobre las emisiones de bonos que llevaron al gobierno de un país de tres millones de habitantes a tener una deuda de más de $70 mil millones.

Las vistas públicas podrían dividirse por emisiones de bonos, y la primera sería sobre la emisión de $3.5 mil millones en Bonos de Obligación General (BOG) de marzo de 2014, sobre la cual la Comisión rindió un informe preliminar en 2016. Podrían prolongarse por varios días o semanas (quién sabe si meses) y convertirse en uno de los programas de mayor audiencia de la televisión puertorriqueña, como sucedió con las vistas sobre los asesinatos del Cerro Maravilla.

El primer testigo sobre la emisión de BOG de 2014 sería David Chafey, pasado presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) cuando se realizó la transacción. También podría colaborar con su testimonio José R. Coleman Tió, quien fue vicepresidente ejecutivo y asesor general del BGF y recientemente obtuvo un contrato de $37,000 como asesor de la Junta de Control Fiscal con su empresa RCT. Pero el testigo estrella probablemente sería José V. Pagán Beauchamp, ex banquero de Citibank que se adjudicaba en su cuenta de la red social de empresas Linkedin, el haber "colocado con éxito” en el mercado la emisión de $3.5 mil millones en bonos chatarra más grande en la historia. El BGF confirmó que esa emisión estaba bajo investigación federal. Además, tan pronto como a finales de 2014, la Comisión de Intercambio y Valores (SEC) de Estados Unidos multó a 13 firmas de inversión por esa emisión. Pero queda para la historia la foto de Beauchamp junto a sus colegas de Hacienda y el BGF, celebrando bajo un tablero de Morgan Stanley en Nueva York.

Pagán Beauchamp fue asesor senior, presidente y vicepresidente ejecutivo de finanzas del BGF de 2013 a 2016, proveyendo asesoramiento fiscal y supervisión de "todo el financiamiento del Estado Libre Asociado, sus agencias y sus corporaciones”. También fue responsable de revisar las controversiales transacciones “SWAP” que repercuten en altos intereses y las garantías para préstamos privados. Pero lo más importantes es que fue asesor en auditorías de varias agencias, corporaciones y municipios. Así que su expertise en auditorías -en combinación con su trasfondo como banquero de Citibank, donde ayudó a reabrir el negocio de “broker/dealer” de ese banco en Puerto Rico y trabajó con financiamiento municipal y obligaciones del gobierno- podría ayudar de sobremanera a la Comisión para esclarecer cómo el gobierno llegó a su gran deuda.

Otra testigo estrella sería Melba Acosta, secretaria de Hacienda cuando se realizó la emisión de 2014 y posterior presidenta del BGF. Junto a ella tendría que asistir César Miranda, exsecretario de Justicia, a quien Acosta traspasó la responsabilidad de esa emisión cuando fue cuestionada por el CPI en junio del año pasado: “Acuérdate que estas emisiones cuentan con opiniones del Secretario de Justicia y sería el Secretario el llamado a expresarse en cuanto a la Constitución y todo eso”, dijo. Testificarían además el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, y del Senado, Eduardo Bhatia, autores de la Ley 34 del año 2014 que autorizó la emisión.

Cuando ambos legisladores fueron cuestionados por el CPI sobre esa emisión el año pasado, respondieron con evasivas. Perelló dijo que su “insumo o aprobación sobre las conclusiones de cualquier tipo de investigación de este tipo y magnitud se efectuará una vez los informes realizados sean finales y se hayan integrado a ese análisis el expertise y el análisis técnico necesario”. Bhatia respondió que “sobre los hallazgos preliminares de la Comisión, como hacen constar los propios comisionados, falta aún información medular para llegar a conclusiones finales pero mientras más información podamos tener a la mano, en mejor posición estaremos a la hora de sentarnos a renegociar la deuda”.

Al concluir la más reciente reunión del Comité para la auditoría, Bhatia mencionó quiénes tendrían que asistir como testigos a una vista pública sobre la emisión de 2014. “Tendrías que traer a quien era presidente del BGF, tienes que traer a Melba Acosta, tienes que traer a las personas que trabajaron en esa emisión que vengan y expliquen cuáles fueron las consideraciones que hubo. Y los bufetes que trabajaron en la emisión, traer a las entidades que pusieron la oferta (de los bonos), ¿como se llaman?, los underwriters”, dijo Bhatia.

De parte del sector privado tendrían que asistir representantes del bufete internacional de abogados Greenberg Traurig, el cual tuvo a su cargo opinar si los bonos eran válidos y exentos de impuestos en el mercado de bonos municipales. Este bufete actualmente tiene un contrato como asesor legal de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFFAF) para la negociación sobre la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. La Comisión no tendría muchos problemas en conseguir algún representante de esta firma que se encuentre en el país y que pueda asistir voluntariamente a la vista pública.

A los representantes de Traurig los acompañarían sus colegas de los bufetes locales Pietrantoni, Méndez y Alvarez, quienes revisaron los estados de cuenta del gobierno para ver si cumplían con las leyes aplicables. Otro testigo sería algún representante del bufete O’Neill & Borges, actual asesor legal de la Junta de Control Fiscal, el cual fungió como asesor de Barclays y del grupo de bancos que se encargó de vender los bonos de la emisión de 2014.

En el banquillo de los testigos habría que sentar al analista financiero Julio Cabral Corrada, quien trabajó para Morgan Stanley y colaboró con el gobierno de Puerto Rico en la emisión de bonos de $3.5 mil millones. Luego pasó a formar parte del equipo de trabajo de Stone Lion Capital, un fondo de cobertura que solicitó $100,000,000 en bonos de esa emisión y que logró que los underwriters le adjudicaran $30,000,000.

Los expertos que conduzcan las vistas tendrán preguntas técnicas bien detalladas para hacerle a los testigos. Pero una que se me ocurre para Cabral Corrada (o a cualquier otro representante de cualquier fondo buitre que haya comprado parte de esa deuda) sería, ¿por qué una firma de inversión con analistas financieros bien entrenados querrían comprar $100,000,000 en bonos de una emisión calificada como chatarra por la agencias calificadoras de crédito Moody's', Standard and Poor's y Fitch Ratings?

Ahora, la cosa se pondría mucho más interesante cuando la Comisión logre auditar las emisiones de bonos de la época del exgobernador Luis Fortuño, una de las cuales también es investigada por la SEC. En las vistas públicas sobre esas emisiones, tendrían que llamar a testificar, entre otros, a los expresidentes del BGF, Carlos García, actual miembro de la Junta de Control Fiscal, y Juan Carlos Batlle, actual asesor de AFFAF a través de la firma Ankura. Ambos podrían dar testimonio sobre sus ejecutorias como presidentes del BGF y  ejecutivos del Banco Santander, donde trabajaron junto al también síndico de la Junta, José Ramón González. Este último sería testigo estelar para cuando se auditen las emisiones de bonos de la era de Rafael Hernández Colón, cuando fue presidente del BGF.

Luego de los interrogatorios, la prensa y el público tendrían la oportunidad de hacer preguntas a los testigos. Es difícil precisar si la composición del público será igual a la de las reuniones de la Junta de Control Fiscal, donde copan las sillas principalmente abogados, banqueros, funcionarios y ex funcionarios gubernamentales, entre ellos Miguel Ferrer, expresidente de UBS, y Jorge Irizarry, expresidente del BGF y actual presidente de Bonistas del Patio, o si éstos evitarán asomarse por las vistas sobre la auditoría de la deuda por miedo a ser llamados a testificar.

Fungir como testigos, asumir responsabilidad y demostrarle al país que la deuda fue creada por seres humanos del sector público y privado sería la mejor aportación de estas personas. De paso, la Comisión podrá establecer de forma contundente que la crisis no es culpa de todos, si no que hay responsables directos que deben rendir cuentas, antes de que se desembolsen más millones de fondos públicos para una deuda sin auditar.

Esta es una historia colectiva en construcción. ¿A quién más sentarías en el banquillo, y por qué?

*El autor es periodista del Centro de Periodismo Investigativo.


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