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80 Grados

La cultura del cachivache y la guerra contra el Instituto de Estadísticas

80 Grados

Imanol Caballero
12/08/2017 12:53 am

A las afueras de Paris, para el año 2014, en la ciudad de Toulouse, los propietarios de una casa antigua intentaban dar con el escape de agua que se originaba en el desván. Dispuestos a resolver el enigma, rompieron una puerta que ni sabían que existía para dar con la gotera. Era obvio, al desván no había entrado ni una mosca, solo había un polvo monumental, olor a humedad y un cuadro empolvado por siglos. Olvidando la gotera, se acercaron al imponente lienzo para desempolvarlo. Con los dedos como brochas, fueron removiendo el polvorín y descifrando incrédulos una imagen grotesca que se hacía clara ante ellos. Con cada brochazo descubrían la imagen de una mujer anciana, arrugada por la angustia, observando con complicidad a otra mujer más joven degollando a un hombre corpulento, cuyo cuerpo descansaba en una cama medieval, sorprendido en sus últimos segundos e irrefutablemente resistiendo morir en las manos de esa mujer, serena ante la violencia de ese acto.

Nadie imaginaba que detrás del polvo había una obra del maestro del realismo psicológico del siglo XVII, Caravaggio, quien pintó la escena bíblica en donde aparece Judith cortándole la cabeza a Holofernes. El cuadro llevaba perdido más de tres siglos. De inmediato, lo que fue un cachivache por 150 años, fue declarado Tesoro Nacional por el Estado francés. Se estima que el valor de la obra superaba los 110 millones de euros. Suficientes para reparar la casa de arriba abajo. Imaginen, dormir por años a pulgadas de un tesoro nacional.

Igual ha pasado en Puerto Rico por décadas. La data, los números, las estadísticas se han tratado como material de ático para dos cosas: almacenar o manipular. Con esto en mente y reconociendo el grave problema de erosión en la confiabilidad de las entidades gubernamentales, en el 2003, se creó el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Al Instituto se le delegó la facultad de implementar la política pública de la estadística del país, establecer criterios y normas para el acopio y análisis de la información de las agencias gubernamentales, además, de constituírsele como un ente crítico e independiente. En ese sentido, la Exposición de Motivos de la ley que lo creó, reconoció abiertamente que hay que: “evitar el conflicto real o aparente que se crea por el hecho de que las agencias gubernamentales son, a la vez, productores y consumidores de los datos […] y que: “la gestión pública no debe estar sujeta a las críticas y a las denuncias de manipulación y a la crisis actual de credibilidad en la información que suple el Gobierno”. Aplausos.

La Asamblea Legislativa de entonces, acertadamente entendió que la mejor forma de lograr la independencia del Instituto como ente alejado de la Rama Ejecutiva era constituyendo una Junta en la que solo uno de sus siete miembros, fuera nominado por el gobernador o la gobernadora. Pero, entonces, llegó la Administración Rosselló Nevares. Y, en una movida brusca y hecha hábito, decidió tener control del Instituto y derrotar la intención original de la ley, que era garantizar su autonomía como un instrumento perfecto para lograr la credibilidad en el manejo de la información producida por las agencias del gobierno a las que poco se les cree.

Lo anterior no resulta nuevo. Ya vimos la última movida para convertir el Fideicomiso de Ciencias, Tecnología, e Investigación en otra agencia estatal. Se propuso enmendar su ley facultativa para llenar su junta con burócratas cercanos a las líneas de la Administración, con la mitad del peritaje de los miembros incumbentes. Estos son los que usualmente vienen con el cuchillo en la boca para hacer cumplir las promesas del gobernador de turno. Destruyen, rompen, meten sus bimbazos, logran publicar uno que otro comunicado de prensa con una historia de éxito y una vez pierden las elecciones, apagan la luz y se van. Entonces se repite la tormenta conocida en donde pierden los organismos del gobierno. Si existiera un libro de esos que se venden en las farmacias bajo el título Cinco Consejos Para Desalentar el Servicio Público, esta práctica sería el principio número uno.

La historia, en el caso del Instituto, la han querido trazar con el mismo lápiz que la del Fideicomiso. La Administración empezó por destituir a cuatro de los siete miembros de la Junta de Directores y luego al doctor Mario Marazzi, a pesar que ha fungido como director por los pasados diez años ganándose a sudor y, por su desempeño, el respeto de diversos y amplios sectores del país que van desde el International Statistical Institute, organismo consultivo de las Naciones Unidas, hasta la Asociación de Estadísticas de Puerto Rico.

Desafiando a la Administración, la Junta pre golpe del Instituto renominó a su Director Ejecutivo, a cambio, La Fortaleza le declaró la guerra. Que “reconozca a los nuevos integrantes de la Junta” le pidió el secretario de la gobernación, William Villafañe, al Dr. Marazzi, inmediatamente después se anunciaba una nueva presidenta para la Junta nombrada por el gobernador. Pero antes y sin sonrojarse, Villafañe articuló en un comunicado oficial una teoría para explicar la crisis fiscal que se sufre en el país y, en un acto desesperado para intentar lacerar la credibilidad del Instituto, expresó: “muchos de los problemas que nos llevaron a la crisis fiscal y al déficit de se deben a la recolección de datos incorrectos por el Gobierno y sus dependencias”. Todo por justificar un golpe. Lo mismo sería culpar a los conductores del país por los rotos en las carreteras. No tiene sentido.

Ante este escenario de golpe la Asociación de Estadística levantó su voz y dejó claro  que: “[e]ste atentado súbito no ayuda en nada a mejorar las estadísticas del País y refleja la pobre gobernanza que impera en Puerto Rico…” Repito, la pobre gobernanza.

Además de que el Instituto de Estadística nunca ha contado con la asignación presupuestaria que merece, ha tenido que luchar contra una cultura en la que los números se tratan como cachivaches. Como ex funcionario público, no me era extraño llamar a una agencia o intentar encontrar las estadísticas sobre algún dato específico y darme cuenta de que la información no se recopilaba. Por ejemplo, los arrestos por posesión de droga se trataban todos por igual, bajo la categoría de: posesión de droga ilegal. Se hacía casi imposible distinguir así la cantidad de la posesión o el tipo de droga que se le imputaba poseer a una persona arrestada. Que para obtener una información más específica era necesario revisar cientos de expedientes de confinados para corroborar el dato. Tampoco era extraño contactar a una agencia y saber que luego de la Ley 7, firmada por el ex gobernador Fortuño, quedaba en la agencia un solo funcionario para aglutinar toda la data y que estaba por retirarse y, peor aún, que la plaza no sería remplazada. Es importante recordar que de esa misma data que se genera o no se genera por las agencias, depende el Instituto para darle sentido o arrojar un hilo de luz. Es un esfuerzo monumental llevar al país a desempolvar sus datos.

Tuve la oportunidad de coincidir con el doctor Marazzi, no sabía cuándo lo habían nombrado como director ejecutivo, no tenía remota idea si era afiliado a algún partido, ni importaba, tampoco sabía que era graduado de Harvard, London School of Economics y de Cornell. Lo que era patente es que se trataba de un servidor público de primer orden, sin otro interés que lograr llevar al gobierno de una etapa oscura a un lugar de mayor claridad. Lo recuerdo decir:  “data, data, data es lo que necesitamos”. Siempre quiere conocerla, llevársela, digerirla, guardarla, interpretarla en el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, y hacerla pública. Y es que es la única forma que hay para poder tomar decisiones de gobierno de forma ágil y más inteligente. Lo otro es lamernos la yema del dedo índice, levantarlo para ver a dónde sopla el viento, como si no existieran banderines ni anemómetros.

Las tareas del Instituto son diversas. En los últimos diez años, el Instituto ha logrado aclarar cuántos muertos hay en el país porque el Departamento de Salud fallaba en reportarlos adecuadamente. También logró obligar al DACO a publicar los datos diarios del precio del petróleo cuando se querían ocultar. Ha sido el organismo gubernamental independiente con el peritaje y la disposición de aglutinar la data pertinente para poder analizar cómo un mero bombazo en Siria, supuestamente aumenta el costo de la gasolina en tres minutos en Puerto Rico  aún cuando se rompe el récord de bajas del precio del barril en el mundo. Si el Instituto no hubiera sido independiente, es decir, si no pudieran respirar fuera del vaivén y las presiones políticas, nunca  hubiera dado a conocer el precio diario del petróleo y, como esta, debe haber muchas más historias.

El golpe de la Administración al Instituto de Estadísticas y su equipo, no es solamente para volver a la era de la manipulación completa de la data (que todavía existe en las agencias); es una movida para acallar, y va acorde con la política pública para limitar la libertad de expresión en el país. Recordemos que la data es información, es el instrumento por excelencia necesario para ejercer la libertad de expresión. Ese es un ángulo que no debemos perder de vista en esta pugna. La data confiable puede ser, sin exagerar, un tesoro nacional, imprescindible para lograr que algún día los funcionarios públicos y la ciudadanía en general podamos tomar decisiones inteligentes y científicas de forma ágil. Quien da la data no puede ser el mismo que ha tenido la reputación de manipularla, me refiero al gobierno en general. Todavía no sabemos detrás  de qué cifra es la que anda el gobierno para amordazarla y no dejarla hablar como un rehén amarrado a una silla.

Es alarmante que el gobierno de Rosselló Nevárez quiera poner a dormir al país, a pasos del tesoro nacional: la recopilación e interpretación de data llevada a cabo por un ente gubernamental independiente como estaba destinado a hacer el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, antes del golpe que le ha dado el gobernador.

*El autor fue abogado de la American Civil Liberties Union (ACLU) Capítulo de Puerto Rico y se desempeña como asesor en asuntos de política pública, tanto a nivel estatal como municipal. Tomado de 80 Grados.


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