Economía

Auguran devolución del Plan de Ajuste Fiscal porque "no es un plan"

Expertos en materia económica presentaron una visión crítica del Plan de Ajuste Fiscal (PAF) elaborado por el gobierno de Alejandro García Padilla, el cual fue remitido a la Junta de Control Federal el pasado 14 de octubre. Entre otras valoraciones, argumentaron que no dispone de las herramientas necesarias para sacar a Puerto Rico de su profunda crisis económica.

"No es un plan", concluyó con firmeza Fernando J. Viñas, director general del Banco de Inversión Ramírez & Co, uno de los ponentes destacados. Y es que, según su perspectiva, "si bien explica la situación y coyuntura, la administración no presentó un plan o conjunto de medidas concretas para sacar del barranco a Puerto Rico". A dicha ausencia de acciones específicas debe sumarse el desolador panorama descrito en el foro en términos económicos, demográficos y sociales previsto a corto y medio plazo.

Dejando claro que su intervención no constituiría el mejor de los augurios, Kenneth Rivera Robles, socio de impuestos de FPV & Galíndez, estimó que con las directrices establecidas por el PAF, la previsión estimada de ingresos para el gobierno de cara a la próxima década ascendería a $17,200 millones, frente a los $19,600 millones que arrastraría en gastos. Este déficit aumentaría considerablemente al tener en consideración el pago de la deuda a los acreedores, cantidad que ascendería a $35,000 millones, por lo que el déficit total del gobierno alcanzaría los $59,000 millones.

De este modo, del texto presentado a la Junta, Rivera Robles dijo: "cuando era razonable esperar una propuesta, se presenta el peor escenario posible: un esquema para medir el costo de las medidas".

Dentro de esta vorágine de cifras negativas que esconderían un futuro socioeconómico de resultados desoladores (se prevé que la economía decrezca una media del 1.7% anual durante la próxima década), el economista José Joaquín Villamil destacó como evidencia a considerar los niveles de formación o creación de hogares por año en la Isla, dato que se ha visto reducido de 20,440 entre los años 1992 a 2000, hasta 6,896 en el periodo estimado entre 2010 y 2020.

Villamil afirma que no se han considerado suficientemente las implicaciones que conlleva la emigración de puertorriqueños a territorio continental. "Nos olvidamos de que, en año 2000, la Junta de Planificación proyectaba 4 millones de personas para el 2020. Van a ser 3.2. (…) Eso destruye estructura. El sector de vivienda, no existe. La industria de la construcción, lo mismo. La banca… la banca hoy es una sombra de lo que era. Y el mercado laboral es otra cosa".

Otra de las consecuencias de esta realidad es un aumento de la población envejeciente, cuya cifra en 2025, según cálculos estimados por Villamil, podría duplicar e incluso triplicar los valores registrados en el año 2010. Sin embargo, no es preciso irse tan lejos. Uno de los principales peligros que amenaza Puerto Rico de cara al próximo año es la necesidad de obtener paridad en los fondos Medicare y Medicaid. Es lo que Luis Cruz Batista, director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), definió como "el reto de los fondos Affordable Care Act (ACA), que terminan en el 2018. Como se terminen y no se sustituyan, creo que son como $16,000 millones que se verían afectados". A la mala cifra, debe sumársele la realidad para la población: miles de ciudadanos puertorriqueños se quedarían sin cobertura médica, sufragada hasta este momento con fondos federales.

Otra realidad evidenció la preocupación de los ponentes: la finalización para el próximo año de la Ley Número 154 del 25 de octubre de 2010, medida que establece impuestos del 4% sobre ventas de empresas foráneas en Puerto Rico. La supresión de esta ley, cuyo objetivo se centró en atraer inversión exterior, generar empleos y, a un tiempo, producir beneficios en materia de contribución fiscal, provocará pérdidas de $8,000 millones, según cálculos estimados por la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

En declaraciones posteriores a la prensa, Villamil destacó una cualidad positiva que vendrá de la mano de PROMESA: "poner freno a las iniciativas de nuestro sistema político. Una de las cosas más importantes que ha pasado aquí es el exceso de legislación que ha impactado a la economía".

Es el denominado ‘gigantismo' político, sumado a medidas legislativas de promoción económica de las que se desconocen sus resultados reales. De este modo, Rivera Robles subrayó la necesidad de evaluar si las políticas de crédito y contribuciones implementadas por los pasados gobiernos han supuesto beneficios contributivos, recomendación que ya se destacó en el informe de KPMG sobre Reforma Contributiva, presentado en febrero del pasado año.

Otras de las medidas o recomendaciones presentadas por el experto fueron las de promover el ahorro presupuestal del gobierno, monitorear la captación de impuestos (ya que, en mayo de 2016, se calculó que el gobierno solo estaba recibiendo el 63.7% de los réditos procedentes del Impuesto de Ventas y Uso). Además, se enfatizó como vías positivas de crecimiento el restablecimiento del Crédito al Trabajo, la mayor atracción de inversión extranjera directa, el necesario reemplazo de la Ley 154 o la implantación de la sección 245A.

Por su parte, Cruz-Batista puntualizó que el entorno educativo debe ser sometido a un proceso de reestructuración: "tenemos 1,200 escuelas para 360,000 estudiantes. Eso te fracciona tanto el sistema… ya se han consolidado cerca de 155 escuelas. Se puede seguir en esa línea". En cualquier caso, destacó el compromiso existente por cuidar de los recursos básicos, con el objetivo de no perjudicar a determinados sectores sociales que podrían verse desfavorecidos. "Una escuelita en el barrio x… en un pueblo que no tiene nada cerca… tienes que tenerla, aunque tenga a 5 estudiantes. Pero no podemos manejar esto como regla general ni automática", reconoció.

Sin embargo, no consideró que el plantel de empleados del gobierno local sea excesivo, asegurando que el porcentaje de la fuerza laboral ligado a la empresa pública se halla dentro de la media estadounidense (al constituir tan solo un 6%), un poco por encima del estado de Florida (5%), pero con mejores números que, por ejemplo, Wyoming (10%).

En el marco de las críticas, Villamil fue uno de los más enfáticos al rechazar abiertamente los resultados originados por seguir directrices tales como las plasmadas en el Informe Krueger. Y es que, para el economista, algunas de sus recomendaciones, como la reducción del salario mínimo para un porcentaje de la población, son beneficiosas si se aplican a una economía cerrada. En el caso de Puerto Rico, solo provocaría el aumento de la emigración a estados continentales: "(la nuestra) es una economía regional que opera muy distinta a la economía nacional", aclaró.

También destacó que las proyecciones elaboradas en el PAF están "mal porque se usa el PIB y no el PNB", lo que contabiliza fondos que, en realidad, salen de Puerto Rico. Esos fondos, por ejemplo, estarían ligados a las ganancias procedentes de empresas multinacionales.

Los ponentes auguraron que la Junta de Control Fiscal (JCF) devolverá el Plan de Ajuste Fiscal con las correcciones a realizarse. En caso de que no se efectúen las suficientes modificaciones, será la Junta la encargada de elaborar el propio, siempre tomando como base el modelo presentado por el gobierno. Ello supondría un retraso en la configuración de un plan de medidas hábiles para afrontar los términos del pago de deuda pública, lo que podría desembocar en un grave conflicto económico cuando, en febrero de 2017, el Título IV de la ley PROMESA, que mantiene suspendidas las demandas de acreedores en su intento por recuperar la deuda, expire.

"Entre noviembre y antes de enero tienen que tener un plan revisado para ver cuál es el norte", destacó Rivera Robles, quien además indicó que "La ley PROMESA ofrece un mecanismo de reestructuración ordenado. Hay oportunidad de lograr algún acuerdo consensuado antes de que venza… pero yo veo, por la dificultad que conlleva el proceso de reestructuración, (que) terminará en el Título III".

Paradójicamente, el Título III de la ley PROMESA albergaría, siempre como última opción y sometida a las consideraciones y particularidades que la JCF desee establecer, el ajuste de las deudas –ante la imposibilidad demostrada de poder hacer frente al pago-. Dicho ajuste podría incluso consolidarse en la realidad de un trámite de quiebra. Además, en esta disposición se incluiría, tal y como sostiene el Bufete Emmanuelli C.S.P. en un análisis publicado en su página web sobre el Título III, a las deudas contraídas tanto por corporaciones públicas, como municipios e incluso hasta por el gobierno central. Dicha amplitud de maniobra superaría incluso al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras.

A este respecto, Viñas puso el dedo en la llaga al lanzar al aire la siguiente cuestión, ante un público atento y silencioso: "¿se debió comenzar un proceso de renegociación (con determinados grupos de bonistas) sin un plan objetivo? ¿Por qué no presentaron un plan teniendo en consideración lo que se presentó a los bonistas?".


NC.TV