Economía

El víacrucis de frenar una ejecución hipotecaria

Magdamaris Otero Cosme lleva casi un año luchando

Magdamaris Otero Cosme es una entre miles de puertorriqueños quienes luchan incansablemente por retener su hogar. Su batalla por no perder la casa que ha cobijado a su familia por más de 22 años en el barrio Santa Rosa III de Guaynabo la comenzó con su banco hace casi un año.

A principios del 2017, la ingeniera industrial tuvo una emergencia familiar que le imposibilitó continuar trabajando. Como parte de su reorganización, decidió solicitar una modificación al préstamo hipotecario que tenía la casa que construyó junto a su papá en un terreno familiar.

“Pedí que se me hiciera una modificación, porque yo tenía el (préstamo al) nueve por ciento, y en mayo, me dijeron que no me podían hacer la modificación porque me faltaban unos documentos que no se habían entregado”, relató.

Para ese momento ya sufría dificultades para cumplir con la mensualidad de $839, por lo que había incurrido en delincuencia, así que reunió un dinero con la ayuda de su mamá y el padre de sus hijas, y fue al banco a pagar.

“Me aceptaron tres pagos en noviembre, pero cuando regresé en enero a hacer otros pagos más me dijeron que no podían aceptarlos porque ya la casa se había ido a ejecución”, recordó.

Tras el paso del huracán María, Otero Cosme se fue a Orlando con su hija y su nieta, pues carecían de los servicios básicos en la residencia y se les hacía difícil manejar la situación con una niña de dos años.

A su llegada intentó dialogar nuevamente con el banco, que no le pudo ofrecer la moratoria de María por ser cliente moroso, y le indicaron que tenía que someter una nueva petición de modificación. Tras el trámite, le llegó una carta en la que se le indicaba que para poder sacar su residencia de la ejecución, debía pagar $9,306.37, que incluían los cargos por moras, inspecciones, y gastos de honorarios de ejecución, entre otros.

Cuando Otero Cosme fue al banco pudo negociar un pago por $6,631, cantidad que consiguió mediante un préstamo de su mamá, pero aún está a la espera de que le modifiquen la mensualidad.

“No entiendo que me cobren por gastos de abogados, si nunca me han emplazado. Ahora estoy esperando para ver qué me dicen”, expuso.

Otero Cosme acompañó recientemente a su hija a realizar unas gestiones en las oficinas de Servicios Legales Comunitarios, en el pueblo de Guaynabo, y allí descubrió que hay un grupo de abogados que ofrecen servicio gratuito a quienes no cuenten con los recursos para contratarlos.

“Una persona que está en atrasos, claramente, no tiene dinero para optar por representación privada, así que acude solo a la entidad bancaria”, explicó el licenciado Manuel Rodríguez.

El abogado detalló que el caso de Otero Cosme le llamó mucho la atención, ya que lleva 22 años pagando la hipoteca, el valor aproximado de la propiedad ronda en los 200 mil dólares y solo debe alrededor de $59,000 por la casa.

“Los bancos deberían darle mayor atención a aquellos deudores que deben poco dinero por sus propiedades y llevan mucho pagando para que no pierdan la propiedad, esto lo que hace es levantar una bandera”, expresó.

Ahora Servicios Legales Comunitarios se hace cargo del caso de Magdamaris. Gracias a unos fondos que están destinados a estas entidades sin fines de lucro, pueden hacer todo tipo de representación de manera gratuita así como otros trámites.

“Ofrecemos representación gratuita desde el inicio hasta la culminación del caso”, dijo el licenciado Rodríguez.

Servicios Legales Comunitarios cuenta con sus oficinas en el terminal de carros públicos del pueblo de Guayabo y quienes deseen contactarlos pueden llamar al 787-244-2899, o a través de su página en Facebook.


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