Economía

Seaborne era una "bomba atómica" para el Gobierno

Vendieron las acciones de $9 millones en $500 mil.

La aerolínea Seaborne, por la cual la administración de Alejandro García Padilla pagó $9 millones para tener un 20% de participación en sus acciones, representaba una mala inversión con el poder de agotar la cartera del Gobierno, razón por la cual el Banco de Desarrollo Económico (BDE) decidió tramitar su venta muy por debajo de la cantidad invertida.

Además del exgobernador, la transacción involucró a Joey Cancel Planas, presidente del BDE en esas fechas, y Alberto Bacó Bagué, entonces director del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

En resumidas cuentas, de los $9 millones destinados en el 2014, el BDE recibió $500,000 en una transacción de compra-venta con Silver Airways, que tomará las riendas de la compañía.

“Entiendo que el ciudadano puede pensar 'ay, pusieron nueve millones, vendieron en medio millón, se perdieron 8.5'. Eso es verdad. La matemática no falla. Ahora, en el 2014, Seaborne era una compañía que ganaba dinero. En el 2017, era una compañía que perdía dinero. Haberle sacado medio millón y haber conseguido a un inversionista que sabe del negocio, que va a invertir dinero, y que va a mantener el ‘hub’ [base de operaciones] ha sido un éxito”, justificó Luis Burdiel, presidente del BDE.

La razón detrás de la monumental inversión y tan baja retribución, a juicio de Burdiel, se debió a una valorización excesiva de los activos de Seaborne en aquel momento y la administración deficiente que prosiguió.

Según el Presidente, mientras Puerto Rico desembolsó $9 millones por un 20%, un accionista entregó $3 millones por 57%.

Burdiel detalló que en el período de tres años Seaborne incumplió las metas propuestas en cuanto a la creación de 600 empleos (400 directos y 200 indirectos), a rentabilidad de las nuevas rutas en Santo Domingo, y en términos de control de inventario.

También, habían gastado demasiado en la renta de un espacio de oficinas en la Milla de Oro, en Hato Rey. 

Incluso, en marzo de 2017, Seaborne y su matriz Sea Star Holdings, Inc. recibieron una carta de desalojo del aeropuerto de Puerto Rico. “Iba a desaparecer. Era una bomba atómica que habían dejado”, exclamó Burdiel. 

El BDE, entonces, intervino con unos $300 mil remanentes de una cuenta de depósito e intentó mantener a la empresa con vida, no obstante, se veía en la necesidad de personal con el conocimiento pertinente para manejar una aerolínea.

“Seguir inyectando dinero a una operación que ya arrastraba tantas pérdidas no era una idea inteligente. La mejor idea era mantenerlos vivos, que reestructurasen sus operaciones y que alguien con capital suficiente que supiera del negocio comprase y entrase. Ahí vino Versa, con su línea aérea Silver e hicieron una oferta”, señaló Burdiel.

El pasado lunes, Seaborne —con sede en Florida— se acogió al Capítulo 11 del Código de Quiebras federal porque sostienen deudas de entre diez y 50 millones de dólares con sus acreedores, pero sus activos solo representan entre uno y diez millones de dólares.

Pese a los cambios, Burdiel confía en la permanencia de Puerto Rico como base de operaciones de la nueva empresa. De esa manera, la isla serviría como punto de partida o escala en viajes entre las Antillas Mayores y Menores.

Entretanto, Burdiel y su equipo de trabajo evalúan cómo procederán contra los que participaron en la adquisición de las acciones de Seaborne.

“En estos momentos estamos analizando todas las opciones posibles, esto es un tema muy delicado. Tenemos todos los 'files' (archivos). Se sobre pagó mucho dinero y en su debido momento, porque no es prudente ahora, se comunicará”, acotó.

A su llegada en el 2014, se informó sobre una inversión gubernamental de $15 millones, cifra que se divide entre el monto otorgado por el BDE y dinero provisto por la Compañía de Turismo y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Solo $2.3 millones de ese total fueron destinados a capital de trabajo.


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