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El recurso, de más de 200 folios, sostiene que la sentencia dictada por el alto tribunal es "gravísimamente inconstitucional", porque Garzón fue condenado por un delito que no existe en las leyes españolas, cuando la cuestión de las escuchas está pendiente de una ley que las regule.

Los abogados del juez recuerdan que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reclamó en varias ocasiones a España que legisle en esta materia.

La defensa de Garzón concluye que esta laguna legal hizo que el juez fuera condenado "por ir en contra de los criterios particulares" de los magistrados que formaban el tribunal y que el Supremo construyó "a la medida" el delito de prevaricación del que el exmagistrado de la Audiencia Nacional fue declarado culpable.

Según el recurso, una condena dictada en esas circunstancias "supone la puerta abierta a cualquier juicio y condena por prevaricación por cualquier discrepancia jurídica seria de cualquier juez con el Tribunal Supremo, acabando así con la independencia judicial".

Los abogados de Garzón tachan la resolución del alto tribunal de "arbitraria, irrazonable y manifiestamente injusta" y afirman que la sentencia "parece como si estuviera de antemano, ya que prescinde de todas las pruebas y de hechos fundamentales que se probaron en el juicio".

Para sus abogados, lo que hizo Garzón al ordenar las escuchas de la llamada trama Gürtel (que afecta a antiguos altos cargos del gubernamental Partido Popular) fue "cumplir con su obligación de buscar la verdad en la investigación de delitos de corrupción, sin violar ninguna ley ni nada parecido y empleando medios absolutamente legítimos en España y en otros países".

A raíz de esta condena, Garzón, que en España fue el azote de la banda terrorista ETA y abrió casos de otras partes del mundo en virtud de la "justicia universal", como la orden de detención contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, perdió definitivamente su condición de juez.

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