Ahora

“Aquí el ‘no recuerdo’ no puede ser alternativa. Hoy le estamos exigiendo a la persona a cargo del área de seguridad del partido popular que explique su rol, concretamente, en rearmar a pablo Casellas. Tiene que explicarle al país el trato preferencial que le brindo a Casellas. No puede haber titubeos aquí”, sentenció Rodríguez Miranda quien identificó a Casellas como activista y donante del Partido Popular.

El legislador novoprogresista presentó documentos en conferencia de prensa, que evidencian que Caldero López instruyó a que se le devolviera la licencia de portar armas a Casellas en un proceso que fue altamente irregular ya que no siguió los canales regulares.

“Estamos ante un patrón de abuso de poder. Aquí se utilizó influencias para favorecer los amigos de la casa. Esta es la persona que está asesorando en seguridad pública al alcalde de Caguas, la región de mayor incidencia criminal en la Isla. Una persona que se comporta como este ex coronel se ha comportado, ¿debería ser considerada para trabajar en la plataforma de seguridad de un partido? Alejandro García Padilla tiene  mucho que explicar aquí”, comentó Rodríguez Miranda.

Rodríguez además dijo que el 6 de febrero de 2007, el entonces superintendente Auxiliar en Servicios al Ciudadano, oficina que tiene a su cargo el otorgar y revocar las licencias de armas de fuego, José Marrero Ruiz; envió una misiva a Casellas indicando la remoción de su licencia de armas (no. 7557) y el permiso de tiro al blanco (no. 14499) según se estipula en el Artículo 2.02, Sección (b), así como el Artículo 2.11 de la Ley de Armas de Puerto Rico.

En dicha carta se le presentó a Casellas la opción de solicitar una vista administrativa si se encontraba inconforme con la decisión. La misma fue firmada por Marrero Ruiz.

“Extrañamente, al día siguiente, Herman J. Wirshing, jefe de alguaciles federales y  amigo cercano a la familia Casellas y de Caldero López, le suscribe una comunicación a puño y letra al ex coronel indicando su disponibilidad para eliminar la orden de revocación”, dijo el representante.

Para Rodríguez Miranda, levanta mucha sospecha que apenas días después de la comunicación entre el agente federal y Caldero López, la Superintendencia Auxiliar circule otra carta, esta vez asegurando que Casellas no tiene “impedimento alguno por el cual no pueda seguir disfrutando del privilegio antes concedido”.

A diferencia de la primera, Marrero Ruiz no firma esta misiva aunque su nombre aparece al tope del escrito.

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