“Para mi cliente es bien difícil. Esta es la tercera Navidad que no ve a sus hijas y ella tiene derecho a ver a sus hijas y las hijas tienen derecho a ver a su mamá”, destacó González, mientras abordaba un elevador en el Centro Judicial de Hato Rey.
La licenciada recordó que Cacho no ha sido acusada criminalmente por el asesinato de su hijo, Lorenzo González Cacho, ocurrido bajo su supervisión en su residencia de Dorado del Mar en marzo de 2010.
González criticó que Irizarry se niegue a cumplir con la orden judicial del Tribunal de Apelaciones, pero no dijo cómo va a proceder para tratar de lograr que la funcionaria pública cumpla.
“Tienen una orden y no la han cumplido. Uno no puede cumplir con las decisiones que la favorecen y no cumplir con las que no”, destacó.
González opinó que el fallo a favor de Cacho para que pueda ver a sus hijas en visitas supervisadas se tomó a tono con el derecho vigente y entiende que el Tribunal Supremo debe emitir un fallo similar.
“Eso (de quitarle la custodia) no debió haber prosperado y yo confío en que el Tribunal Supremo va a estar en las mismas condiciones (que el foro apelativo)”, sostuvo.
Las gestiones realizadas por la representación legal para que Irizarry cumpla con la orden judicial del Tribunal de Apelaciones incluyen la visita a la sede de la agencia, llamadas telefónicas y una solicitud por escrito, pero no han recibido respuestas.
La letrada no quiso contestar preguntas específicas respecto al caso “confidencial” que involucra a las menores.
Indicó que tampoco conoce cuál es la posición de los representantes legales del padre de las menores, Ahmed Elí González, quien tiene la custodia permanente de las niñas.
Por orden judicial, Cacho no ha podido ver a sus hijas desde que el Departamento de la Familia le retiró la custodia tras el asesinato de Lorenzo.
Cacho es unas de las principales sospechosas en el caso del asesinato de su vástago junto a Jesús Genaro Camacho, el agente federal William Marrero y Arnaldo “Naldy” Colón.
Pese a que han sido señalados públicamente como los sospechosos del horrendo crimen, el Departamento de Justicia sigue con las manos atadas, pues no ha sometido acusaciones contra ninguno.
El padre de las menores solicitó al Tribunal de Apelaciones que le quite la patria potestad a Cacho, pero esa petición civil no ha sido resuelta por el foro apelativo.
La ex pareja se encuentra inmersa en una saga de demandas y contrademandas desde que Lorenzo fue asesinado.
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