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AGP tiene en mente el "banquete total" de PNP con el Supremo

El expresidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el exgobernador, Luis Fortuño. (Josian Bruno/NotiCel)

Manuel Ernesto Rivera
14/05/2013 12:52 pm

El gobernador Alejandro García Padilla advirtió que evaluará con mucho cuidado un proyecto de ley del presidente senatorial, Eduardo Bhatia, que busca limitar la intervención del Tribunal Supremo en ciertos casos.

El proyecto aún no ha sido aprobado en la Cámara de Representantes.

"Tengo que ver cómo se aprueba finalmente, si hay enmiendas o no y la evaluación final y con  mucho gusto contestaría. No sé si se va a probar en Cámara, no tengo esa información a este momento”, indicó García Padilla en conferencia de prensa.

“Hay unas áreas donde ustedes saben en el pasado cuatrienio se afectó el proceder que había funcionado bien el tribunal y ustedes saben cómo trató el pasado gobierno al Tribunal Supremo, como un banquete total. Yo voy a hacer una evaluación seria y ponderada de esa medida del Presidente del Senado”, afirmó.

La medida se aprobó a la trágala sin la celebración de vistas públicas y sin pedir ponencias a instituciones con conocimiento de esa materia como el Colegio de Abogados y las escuelas de derecho. Esa, entre otras razones, fue lo que llevó a la senadora independentista María de Lourdes Santiago a votar en contra del Proyecto de Ley 367 aprobado por el Senado que enmienda la Ley de la Judicatura, las Reglas de Procedimiento Civil y otros estatutos para limitar las instancias en que el Tribunal Supremo puede revisar casos y determinaciones de las agencias administrativas.

La legislación, que fue aprobada en votación partidista de 11 a 7, sólo recibió el aval de la Oficina de la Administración de Tribunales porque a la otra agencia que se le pidió ponencia fue al Departamento de Justicia que nunca la envió, reveló a NotiCel la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Es un proyecto de cierta complejidad que enmienda la Ley de la Judicatura y se enmienda la Ley de la Reforma para la Concesión de Permisos y tiene efectos importantes en la litigación en el país porque se elimina la posibilidad de ir en jurisdicción original con un mandamus al Tribunal Supremo y se elimina, además, la posibilidad de pedir la certificación de un paso en (el tribunal de) Primera Instancia, que fue por ejemplo lo que ocurrió con la impugnación que nosotros (el PIP) hicimos del referéndum de agosto de los derechos constitucionales (de limitar la fianza)”, explicó la legisladora.

“Hay casos en los que de verdad procede la certificación por el asunto del tiempo. Si uno tiene que esperar a que culmine el proceso en Primera Instancia, que es lo que va a pasar a ahora. Hay que ir a Primera Instancia, esperar en lo que el juez resuelve, ir al Apelativo y entonces es que se puede ir en certificación (al Supremo)”, destacó Santiago.

La senadora independentista explicó que el proyecto “es tan anómalo y tan mal pensado” que un ciudadano está impedido de ir con un recurso de certificación de Primera Instancia a nivel local, pero sí lo podría hacer en el foro federal.

“Si eres un litigante federal lo puedes hacer, pero si eres un litigante local, no lo puedes hacer. Por eso, es un poquito complejo y aquí no se consultó a nadie. Ese proyecto llega el 28 de febrero, le pidieron ponencia al Departamento de Justicia y Administración de Tribunales. Solamente compareció por escrito (a favor de la medida) Administración de Tribunales. No se hicieron vistas públicas y no se hizo ni el intento de conseguir ponencias de las escuelas de derecho, del Colegio de Abogados, de gente que sabe aquí mucho de derecho procesal y, de hecho, el proyecto estaba tan mal trabajado que ya casi terminando el debate seguían introduciendo enmiendas en el hemiciclo. Eso es una cosa muy rara”, precisó.

Justicia nunca envió su ponencia y la Administración de Tribunales favoreció el proyecto con conceptos muy generales, indicó.

Daniel Rodríguez, portavoz de prensa de Tribunales, aclaró que en la ponencia de la OAT no se emitió una postura a favor de la medida, sino que se reconoció la prerrogativa de la Legislatura para enmendar las leyes.

"En su conclusión se establece que la Asamblea Legislativa es quien tiene la facultad de disponer sobre la competencia de los tribunales. No se favorece la medida como se ha dicho públicamente", aclaró el funcionario.

“No hubo discusión de un tema que es complicado y, de hecho, la forma en que quedó redactado es una redacción pobre que se presta a confusión en algunos extremos”, sostuvo.

No obstante, la senadora Santiago reconoció que logró introducir una enmienda a la ley de permisos que es beneficiosa para los opositores a los desarrollistas.

“Lo único bueno dentro de eso que ocurrió es que allí había incluido una enmienda también a la Ley de Concesión de Permisos y esa ley cuando se aprobó el cuatrienio pasado incluía una disposición que, además, del pago de costas de abogados y honorarios, se había incluido una sanción económica adicional pensando en que cuando las comunidades o distintas organizaciones impugnaran un permiso (de construcción) y perdieran tuvieran que pagarle a la empresa constructora los daños que la paralización de la obra le hubiera causado. Era una clausula bien bárbara porque, además de la entidad, el portavoz de la entidad tenía que responder personalmente y yo presente esa enmienda para eliminar eso e increíblemente fue aceptada”, explicó.

De convertirse en ley, el proyecto tendría el resultado de darle al gubernamental Partido Popular Democrático la oportunidad de controlar de alguna forma los movimientos de un Tribunal Supremo que la administración de Luis Fortuño dejó con una súper mayoría afiliada al Partido Nuevo Progresista.

En términos generales, el proyecto concentra la capacidad de revisión de las controversias en el Tribunal de Apelaciones y limita los poderes amplios que el Supremo había adquirido en la reforma de la Judicatura hace una década y que fueron usados, incluso, en casos como el de los llamados "pivazos", para atender las controversias de manera rápida sin esperar al curso normal de los procesos judiciales que, generalmente, inician en el Tribunal de Primera Instancia.


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