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Nota publicada hace más de 60 días.

"Mala fe" y trucos en implantación de Ley de Mediación Hipotecaria

Ely Acevedo Denis
30/06/2013 10:07 pm

Actos de “mala fe” son lo que ha permeado por parte de la banca hipotecaria durante el proceso de evaluación, aprobación e implementación, de la Ley 184 del 2012, que promueve que sea compulsoria la mediación antes de una ejecución de hipoteca.

Así lo han denunciado fuentes de NotiCel que han señalado las prácticas de la banca hipotecaria para desarticular los objetivos originales de esta ley.

La prueba de ello consta en el trámite legislativo del P. del S. 1434, en donde se establece cómo la medida sufrió cambios abismales desde que el senador Carmelo Ríos radicó la misma en febrero del 2010, hasta que finalmente la firmó el entonces gobernador Luis Fortuño en agosto del 2012. 

Originalmente la medida no ponía ningún tipo de requisito para que una persona cualificara para el proceso de mediación, se colocaba al juez o la jueza en el rol de mediador, y la aplicación de la Ley sería inmediata luego de su aprobación.

Pero durante el proceso de votación en el Senado, en febrero del 2012, se incluyeron enmiendas como, por ejemplo, que solo las personas que hubieran contestado una demanda de ejecución tendrían derecho al proceso de mediación.

Según fuentes, esto respondió a cabildeos de la banca, pues en el 98% de los casos de ejecución el juez o la jueza dicta sentencia en rebeldía, porque las personas no contestan las demandas.

Además, se dispuso la intervención de un mediador, y que si era uno privado los gastos se dividirían en partes iguales entre el cliente y el banco. No obstante, se dejó inalterada la puesta en vigor de dicha Ley.

Pero en junio del 2012, la Cámara de Representantes le introdujo un enmienda para atrasar la implantación de la Ley por un año. Las fuentes atribuyen este cambio al cabildeo por parte de la banca hipotecaria.

Hay que recordar que la medida estuvo al punto de ser vetada, y tras el cabildeo por parte AARP Puerto Rico, Fortuño le estampó su firma en agosto del 2012.

Hasta hace algunas semanas, el presidente de la Mortgage Bankers Association of Puerto Rico (MBAPR), Juan “Jay” Casalduc, aseguraba que había desconocimiento sobre la implantación de la Ley y que la misma era “innecesaria”, porque en la banca había una división de mediación y negociación.

Sin embargo, el licenciado Eddie Oliveras, director de Política Pública de AARP, manifestó el sábado que, “lo que se ha demostrado en Puerto Rico es que los programas de ‘loss mitigation’ no han tenido éxito en detener la hemorragia de ejecuciones de hipotecas”.

Oliveras destaca que como se ha comportado el 2013, es preocupante que se pueda sobrepasar las cifras alcanzadas en el 2012, donde unas 3,814 propiedades fueron ejecutadas, lo que significó un incremento de casi 700 casos al compararlo con el 2011.

El letrado denuncio prácticas de “mala fe” de los bancos que inducen a sus clientes a no contestar las demandas porque les afirman tener disposición de negociar para que estos puedan evitar la pérdida de su propiedad, pero a la vez prosiguen con el proceso de ejecución. 

Otras fuentes de este diario digital señalaron actuaciones de la banca de ofrecer información “misleading” (engañosa) a sus clientes sobre las alternativas para evitar la ejecución, algo del que también el Bank of America en Estados Unidos ha sido objeto de acusaciones mediante demandas..

También, las fuentes denunciaron las constantes llamadas que reciben los clientes por parte de los bancos procurando la misma información que ya se les ha proporcionado.

Ante esto, Oliveras reiteró que las personas que están en riesgo de ejecución, que de acuerdo a estadísticas de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) hasta abril del 2013 había unos 18,602 casos, deben exigir su derecho de tener un proceso de mediación.

Si por alguna razón, acuerda hacer el proceso con un mediador privado, debe tener en cuenta que los gastos de honorario pudieran fluctuar entre los $60 a $75 por hora.

En otros aspectos, Oliveras puso en duda la alegación del licenciado Rafael Blanco, comisionado de Instituciones Financieras, de que desconocía como se manejarían los casos a raíz de esta Ley, pues sostuvo que el pasado enero representantes de AARP  se reunieron con él para discutir la legislación. 

Oliveras entiende que OCIF debe ser más proactivo en cuanto a orientar a los consumidores sobre sus derechos.

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