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Nota publicada hace más de 60 días.

Ciudadanos exigen transparencia en proceso de auditoría de la deuda pública

Roberto Pagán (Archivo/NotiCel)

Eric de León
19/09/2016 12:26 pm

Ante la falta de resultados por parte de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAICP), un grupo de ciudadanos y profesionales anunciaron la creación de un Frente Ciudadano para exigir la ejecución de ese proceso como también la disponibilidad de documentos relacionados con la deuda pública.

Según la portavoz del grupo, la licenciada Eva Prados Rodríguez, el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda Pública de Puerto Rico reclama al Gobierno efectuar el proceso que aún no despega desde que la CAICP se creó en virtud de la ley de Moratoria el pasado mes de abril.

“Este mecanismo de auditoría es un mecanismo que se ha usado en otros contextos en otros países. Así que precisamente una de las respuestas que han tenido muchos de los lugares que se han visto en una situación bastante compleja en términos de deuda pública se requiere y se exige un proceso de auditoría. Así que eso es algo que debemos de verlo como una respuesta lógica y necesaria ante una situación como la que estamos viviendo”, manifestó Prados.

El grupo además reclama aquella información entregada a los miembros de la CAICP de cara a la próxima reunión del grupo el próximo miércoles. Además exigen que las reuniones del grupo sean transmitidas por internet  con el fin de crear un banco de información sobre los documentos presentados para posteriormente encaminar una campaña para educar a la ciudadanía sobre cómo creció la deuda pública.

En julio la CAICP informó sus hallazgos preliminares, alertando sobre la posibilidad de que unos $30 mil millones de la deuda pública fueron emitidos de forma ilegal. En ese momento indicaron que algunos bonos emitidos por el gobierno excedieron el plazo constitucional para el pago de deuda que supone no sea más de 30 años.

Sin embargo el presidente de la CAICP, Roberto Pagán, advirtió que hasta el estado aún no había asignado los $2 millones necesaria para encaminar la auditoría. De hecho, según la ley de moratoria esa asignación debió separarse del presupuesto del Fondo General para el año fiscal 2016.

No obstante, el Frente Ciudadano reclama prioridad a la auditoría ante la imposición de una Junta de Control Fiscal con la potestad de desviar fondos públicos a otros fines. A juicio de la licenciada Prados los hallazgos de esa auditoría deberían producirse antes de un proceso de reestructuración de deuda para así impugnar aquella que fue emitida en violación a la constitución.

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