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Nota publicada hace más de 60 días.

Reciclaje de estrategias en la orden de emergencia de Rosselló (análisis)

Personas presenciando la toma de posesión de Ricardo Rosselló Nevares. (Nahira Montcourt / NotiCel)

Oscar J. Serrano
03/01/2017 05:06 am

El gobernador Ricardo Rosselló se convirtió hoy en el cuarto gobernador en línea que inicia su mandato emitiendo una orden de control de gastos, gesto que no ha evitado que, durante los mandatos previos, la condición del fisco empeore.

Tal y como Aníbal Acevedo Vilá, Luis Fortuño y Alejandro García Padilla antes, Rosselló emitió una orden en la que se dictan medidas de ahorro y control de gastos.

El hecho de que sea el cuarto gobernador que empieza con la misma orden no es sólo una curiosidad histórica, sino que plantea que se trata de órdenes innecesarias o simbólicas ya que, por disposición legal, una orden ejecutiva de un gobernador sigue vigente hasta que un sucesor la enmiende o derogue. Es, por tanto, innecesario que una orden nueva disponga lo mismo que una orden anterior.

En este caso, la orden de Rosselló decreta una emergencia fiscal, que ya García Padilla había decretado en legislación, congeló las vacantes en el gobierno y prohibió la creación de puestos nuevos (como los tres anteriores), eliminar el 20% de los puestos de confianza (sus antecesores populares eliminaban el 10% de gastos en puestos de confianza, mientras que Fortuño ordenaba la eliminación del 30% de los puestos de confianza, sin atención a gastos), 10% de reducción en gastos operaciones de las agencias (como Fortuño y como ya había decretado García Padilla también mediante órdenes y legislación), prohibición de uso de fondos públicos para tarjetas de crédito y celulares, y control de viajes pagados con fondos públicos.

La orden de Rosselló hace extensiva a las corporaciones públicas la reducción de puestos de confianza (20%) y reducción de gastos operacionales (10%), pero no les aplica igual la reducción en contratos por servicios profesionales, y reduce a uno la cantidad de vehículos oficiales autorizados por cada agencia (similar a Acevedo Vilá).

Algunas disposiciones llamativas de esta primera orden son que el ya común control de contratación a través del secretario de la Gobernación ha mutado para que ahora todos los nombramientos de jefes de divisiones legales tengan que ser aprobados por el Asesor Legal de Fortaleza, Alfonso Orona, y todos los nombramientos de directores de prensa o comunicaciones pasen por el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario. De igual manera, se añade una orden de ahorro de 5% anual en los próximos tres años en gastos de energía y agua de las agencias. También, la Oficina de Gerencia y Presupuesto debe hacer un inventario de contratos de alquiler vigentes en las agencias para tomar decisión sobre si se van a renovar o no.

Otras de las órdenes emitidas ayer en su primer día en el cargo apuntan a la relación con la Junta de Control Fiscal (JCF). En ese sentido, la orden número 4 crea el Grupo Interagencial de Proyectos Críticos para la Infraestructura del Siglo XXI, que no es otra cosa que el componente de gobierno que mandata la Ley PROMESA para manejar ciertos proyectos de manera expedita, un proceso que, a su vez, estuvo modelado en uno que estuvo vigente durante la Administración Fortuño. El redesarrollo de la base Roosevelt Roads y el Puerto de Las Américas en Ponce están mencionados en la orden como ejemplo del tipo de proyecto que este grupo manejará.

En la misma dirección, la orden número 3 declara una emergencia en la infraestructura y mandata la aplicación del proceso expedito que se disponía en la ley 76 de 2000. Se trata de una ley del último año de Pedro Rosselló en la gobernación y que fue de la autoría del entonces presidente del Senado, Charlie Rodríguez, quien colaboró estrechamente con la campaña del nuevo gobernador y es suegro de Elías Sánchez, representante del Gobernador ante la JCF. La orden prioriza proyectos de energía, acueductos, transportación, puertos y manejo de desperdicios sólidos para el proceso expedito de dicha ley.

La orden número 2, que crea el Centro de Oportunidades Federales, viene directamente de una promesa de campaña en la que Rosselló planteó que crearía más empleos mediante lograr que el gobierno federal aumente la cantidad de contratos que otorga a entidades en Puerto Rico. A esto se añade capacitación técnica para que entidades gubernamentales y del Tercer Sector puedan capacitarse en la obtención de fondos federales. Un análisis de NotiCel para el esfuerzo Chequéalo del Centro de Periodismo Investigativo destacó que el resultado de creación de empleos de esta promesa no es algo garantizado porque depende de que el gobierno federal responda a la solicitud de que se otorguen más contratos aquí y a la discreción para distribuir los fondos.

La orden número 5 es probablemente la que más innovación represente ya que, aunque por años se ha hablado de que el presupuesto del gobierno se debía hacer con "base cero", ninguna otra administración lo había implantado. Bajo este concepto, en vez de que las agencias reciban automáticamente la misma asignación presupuestaria que el año anterior, se supone que cada agencia empieza su proyección presupuestaria "en cero" y está obligada a justificar cada partida de su presupuesto con referencia a los servicios que presta.

Finalmente, la orden número 6 es la más aspiracional y menos anclada en la realidad de todas ya que, aunque parte del principio loable de proveer mayor participación a la mujer en los puestos directivos del gobierno, no tiene ninguna referencia objetiva de cómo eso se va a lograr o medir.

Para ver las órdenes ejecutivas de Rosselló y las órdenes de otros gobernadores a las que se han hecho referencia en este análisis, vea la lista de documentos abajo.


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