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Rosselló quiere extender la Ley 66, congelar prespuestos de agencias y dar nuevos poderes

El gobernador Ricardo Rosselló sometió la medida ayer. (Nahira Montcourt / NotiCel)

Eric De León Soto
11/01/2017 05:00 am

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares presentó una abultada medida que, entre otras cosas, negaría a las uniones el derecho de renegociar los términos económicos de sus convenios colectivos por los próximos cuatro años, congelaría la fórmula presupuestaria de la Universidad de Puerto Rico (UPR), como también las aportaciones del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) a los municipios y el presupuesto de varias agencias.

El Proyecto de la Cámara 451 para crear la “Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico”, además, extiende las disposiciones incluidas dentro la controvertible Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal.

También, la medida suspende aquellos arreglos contenidos en convenios que autorizaban a sindicatos ocupar puestos disponibles y establece que aquellas cláusulas no económicas de convenios expirados o que expirarán cuando la ley entre en vigor, se extenderán hasta el 30 de junio del 2021. De mismo mantiene los procedimientos de negociación colectiva que impuso la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal

Aunque el proyecto indica que sus disposiciones no aplican a la UPR ni a los municipios, sí ordena que la fórmula del 9.6%, que recibe el centro docente de los ingresos del fondo general, permanezca inalterada por los próximos cuatro años. Así también, el 2% que el Departamento de Hacienda (DH) remite al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) por concepto de contribuciones de la propiedad no cobradas.

Para los empleados del gobierno ordena liquidar cualquier exceso que tengan por concepto de licencia de enfermedad, que deberá agotarse antes del 30 de junio a partir del próximo año. De no usarse, se pierde el balance en exceso. 

Congelarán también presupuesto de otras dependencias

En el caso de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), la Oficina del Contralor Electoral (OCE) y el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), sus presupuestos permanecerán igual, ajustados por el porcentaje de reducción o aumento global del presupuesto general.

La congelación de presupuesto aplicará similarmente a la Rama Judicial y la Asamblea Legislativa. La única diferencia es que ambas ramas pasarán por el proceso ordinario en la confección del próximo presupuesto y posterior a ello operarán con esa asignación.

Las contrataciones del gobierno serían supervisadas desde la Fortaleza. Cualquier contratación de servicios profesionales que exceda los $10,000 necesitará una autorización escrita por el gobernador.

Por otra parte, una disposición especial contenida dentro la ley facultaría al gobernador con el poder de remover cualquier miembro de una Junta de Directores de cualquier instrumentalidad del estado, si entiende que no cumple con la política pública establecida o requerida por PROMESA. A ese fin se autoriza al secretario de la gobernación a crear un comité compuesto por miembros del gabinete que harán recomendaciones sobre personas que deben ser removidas. 


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