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Marcharán por la auditoría y la educación pública

Desde la izq; Justo Méndez y Eva Prados (Suministrada)

NotiCel
21/04/2017 12:14 pm
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Transparencia y participación. Estos dos elementos busca garantizar el  Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda Pública, a la vez que anticipó que se comenzaron los acercamientos a los excomisionados del interés público para evaluar las alternativas que permitan continuar con la auditoría, esta vez ciudadana. A su vez, convocaron a una "Marcha por la Auditoría y la Educación Pública", a celebrarse el domingo, 23 de abril, de las 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en el Parque Luis Muñoz Rivera de San Juan.  

“Este domingo, como día familiar, desde las 9:00 a.m. nos encontrarmos en el Parque Luis Muñoz Rivera para decir presente como pueblo en la defensa de nuestra educación pública y en el reclamo por una auditoría integral y ciudadana de la deuda. Luego, marcharemos al Capitolio para disfrutar de distintas actividades artísticas y educativas sobre la situación de la UPR y la auditoría de la deuda”, señaló Eva Prados Rodríguez, portavoz del Frente Ciudadano.   

El colectivo estará trabajando para dar continuidad a la auditoría integral que mandaba la Ley 95 del 2015, derogada a principios de semana a puertas cerradas por la Legislatura, rodeada por disturbios entre autoridades y manifestantes a las afueras del Capitolio. Asimismo, recabarán los fondos que sean necesarios para que la firma de peritos que había sido contratada por la Comisión pueda hacer la auditoría integral. Los fondos destinados para dicha auditoría se mantenían separados para su futura utilización y la Comisión ya había llegado a acuerdos con la firma Macías, Gini & O’Connell, uno de los bufetes expertos en procesos de auditoría pública de Estados Unidos. Esos fueron los fondos transferidos a la UPR.

“Un país sin educación pública y sin transparencia es un país a ciegas. La toma de decisiones a puertas cerradas, la eliminación de la comisión para la auditoría y los anuncios de más recortes a la Universidad por parte del gobierno no son simples medidas fiscales. Implican violaciones crasas a nuestros derechos humanos por una deuda que nadie ha certificado su legalidad”, añadió Annette Martínez, del Instituto Caribeño de Derechos Humanos e integrante del Frente.

“Invitaremos a todos los sectores que se quieran unir al proceso. No podemos permitir que nos dirijan a ciegas”, añadió Justo Méndez, otro de los portavoces del colectivo.

Las auditorías ciudadanas de deudas públicas se han realizado en países como Ecuador, Brasil y Argentina, con resultados concretos. “En el Frente insistimos por una auditoría integral de la deuda, no una simple auditoría financiera, como interesa realizar la Junta de Control Fiscal o se pretende con la oficina del Contralor Federal”, explicó Prados. El alcance de la auditoría propuesta por la eliminada Ley 97 del 2015, incluía examinar y evaluar el proceso de contratación, refinanciamiento o renegociación de 40 años de emisiones de deuda pública.

“Haremos una auditoría integral y ciudadana, con expertos externos, sin ningún conflicto de interés, para evaluar el desempeño y legalidad en la emisión y uso de todos esos fondos”, dijo la también abogada.

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