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Engavetados los proyectos legislativos que allegarían fondos a la UPR

Las medidas legislativas suponían ser evaluadas por la Legislatura (Archivo | NotiCel).

Adriana De Jesús Salamán
19/06/2017 04:07 am

Las medidas legislativas radicadas por estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) durante la huelga para allegarle fondos a la institución se encuentran retenidas en las respectivas comisiones a las que fueron referidas.

Al momento, la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, presidida por Abel Nazario Quiñones; la Comisión de Revitalización Social y Económica, liderada por Zoé Laboy Alvarado; la Comisión de Gobierno, encabezada por Miguel Romero Lugo, albergan los Proyectos del Senado (PS) 504, 502 y 503, respectivamente.

Mientras, en la Cámara de Representantes, la Comisión de Asuntos Municipales, dirigida por José González Mercado; y la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA), regida por Antonio Soto Torres, alojan los proyectos (PC) 1016 y 1039.

“El Movimiento Estudiantil hace un llamado al Partido Nuevo Progresista a que atienda estas propuestas, ante un clamor que hubo durante el proceso huelgario de que no habían propuestas desde el movimiento estudiantil. Estas son las propuestas concretas. Entiendo que hay que atenderlas, más aún cuando se prevé que el recorte presupuestario para la Universidad de Puerto Rico este año sea de $160 millones”, expresó Francisco Santiago, portavoz del Movimiento Estudiantil.

De cara al año fiscal próximo a comenzar, la UPR enfrentará un recorte de $202 millones. Sin embargo, el Secretario de Asuntos Públicos y Política Pública anunció que identificaron $40 millones en ingresos adicionales para disminuir el impacto a $160 millones.

A principios de mayo, el Comité Negociador del Movimiento Estudiantil del Recinto de Río Piedras de la UPR presentó cinco medidas legislativas para mitigar el recorte presupuestario que, de acuerdo a estimados de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), asciende a $512 millones en 10 años.

Una de las medidas, el Proyecto de la Cámara (PC) 1016, suponía tener una vista pública el pasado 15 de junio. No obstante, el 13 de junio los estudiantes fueron informados sobre su cancelación mediante una carta.

"Se había pautado una vista pública para ayer a las 10 de la mañana. Dos días previos nos envían un correo electrónico diciendo que la vista pública quedó cancelada sin mayores explicaciones. Nosotros enviamos un correo electrónico de vuelta con la ponencia que ya teníamos escrita y preparada para ese día y también indagamos las razones por las cuales se canceló la vista. Hasta ahora no hemos recibido contestación”, relató Santiago.

La medida propone un impuesto sobre la propiedad de lujo y la propiedad ociosa, mediante una enmienda al Artículo 2.01 de la Ley 83 del 1991, mejor conocida como la “Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad”.

Por otro lado, miembros de la oficina de la senadora Laboy Alvarado notificaron que se encuentran en proceso de evaluación de informe respecto al PS 502, basado en las ponencias recibidas.

La medida busca derogar la Ley 20 y la Ley 22, para así eliminar las exenciones contributivas, decretos y otros incentivos económicos o contributivos a inversionistas extranjeros.

Aunque señalaron que la senadora Laboy Alvarado no puede expresarse al respecto, confirmaron que la medida no tendrá vistas públicas y podría bajar a votación la próxima semana.

Las ponencias sometidas demuestran que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), así como el Departamento de Hacienda y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) no endosaron la medida.

"Nosotros y nosotras estamos trabajando arduamente para que puedan ser aprobados. Sabemos que hay proyectos de ley que tienen más asistencia que otros, otros que están susceptibles a enmiendas”, aseguró Santiago.

Entre las otras propuestas se encuentra el PS 503. Esta medida fundaría la “Ley del Registro de Puestos de Confianza” para establecer que todos los departamentos, agencias, corporaciones e instrumentalidades del Gobierno, sus municipios, la Asamblea Legislativa y la Rama Judicial mantengan un registro de puestos de confianza y envíen información del nombre, la preparación académica, las labores y el salario, compensaciones y cualquier emolumento adicional, entre otros fines.

Al ser abordados sobre el estatus de la medida, en la oficina del senador Romero Lugo revelaron que el proceso apenas comienza, pues se encuentran recibiendo memoriales explicativos de las partes y aún no se han fijado fechas para las vistas públicas.

Mientras, el PS 504 plantea que el Departamento de Educación debe destinar a la UPR los contratos de adiestramientos, tutorías y consultorías con el fin de fortalecer el compromiso con la educación pública del país.

Finalmente, el PC 1039 crearía la “Ley Especial para Fortalecer el Plan de Práctica Intramural de la Universidad de Puerto Rico y Asegurar la Calidad en la Contratación de Servicios del Estado Libre Asociado”. La medida otorgaría prioridad a la UPR en la contratación de servicios del Estado.

Los senadores que respaldaron las medidas son: Juan Dalmau Ramírez, José Vargas Vidot, Cirilo Tirado y Henry Neumann. En la Cámara, Denis Márquez Lebron, Ramón Cruz Burgos y José Torres Zamora fungen como coautores de los proyectos.

Se espera que la Cámara de Representantes y el Senado reanuden sus respectivas sesiones la próxima semana y se vote sobre las medidas de la UPR.


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