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Presentan demanda para declarar a la UPR un "servicio esencial" (documento)

El pórtico del RUM.

Oscar J. Serrano
10/07/2017 04:03 am

Un grupo de profesores de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez le robó el tiró al gobierno de Puerto Rico presentando anoche una demanda ante la jueza Laura Taylor Swain para que el sistema universitario público, con sus recintos, hospitales y museos sea declarado un "servicio esencial" y para que el Plan Fiscal del gobierno se rehaga y se le asignen más recursos a la universidad.

La demanda de la Asociación de Profesores y Profesoras del Recinto Universitario de Mayagüez, Inc. es la primera aparición activa sobre la UPR en el caso de quiebra y reestructuración de deuda del gobierno de Puerto Rico ya que, hasta ahora, la Junta de Control Fiscal (JCF) no ha certificado un Plan Fiscal para la institución y sólo se había registrado la comparecencia de un abogado que, en nombre de la institución, pidió que se le mantenga al tanto de los desarrollos en el caso.

La acción de los profesores no es una intervención oficial de la universidad, sino que se acredita a un grupo bona fide que pretende representar los intereses de los profesores afectados con los recortes impuestos al sistema universitario pero, más allá, plantea también la defensa de la UPR en cuanto a los servicios que ofrece al país y como motor del desarrollo económico.

"La UPR es la inversión pública sostenida más grande de la historia de Puerto Rico... La (UPR) es el principal catalítico para el desarrollo económico sostenible de Puerto Rico, por tanto, comprende un servicio esencial para el país y sus constituyentes, según definido en la Sección 201 de PROMESA", sostiene la demanda.

"[A}menazar la viabilidad económica de la UPR es equivalente a una traición generacional sin precedentes y una catástrofe social en el corto plazo", añade el documento presentado por los licenciados Yasmín Colón Colón y Rolando Emmanuelli Jiménez.

"Esto, a su vez, hará de la recuperación económica un camino aún más tortuoso e inmediatamente disminuirá la habilidad para atender los reclamos de otros acreedores en un plan de ajuste de deudas conforme a la sección 314 de PROMESA", sostienen.

Como parte de sus argumentos, señalan que los $201 millones en reducción a la UPR se traducen a $47 millones de reducción en Mayagüez, lo cual, según estudio de los economistas José Alameda y Edwin Irizarry, constituye reducción de 155 profesores a tiempo completo y siete a tiempo parcial.

También, que el presupuesto aprobado contiene partidas poco explicadas o justificadas que pueden generar más recursos para la UPR, como $205 millones en fondos reservados y otros $750 millones en "gastos" no identificados.

Encima, sostienen que la UPR es en cierta manera un acreedor del gobierno porque, entre 2004 y 2015, dejó de recibir $303 millones por servicios rendidos al gobierno, municipios y planes médicos. Recordaron también de los servicios que la institución presta a la Isla en la forma del Centro Médico, el hospital regional de Carolina y cuatro museos. Sostienen que no hay ninguna institución privada en la Isla preparada para asumir los servicios que presta la UPR.

En un ataque legal que también están haciendo otros acreedores, bonistas y aseguradoras, los profesores subrayan que el Plan Fiscal aprobado no prioriza lo que son "gastos regulares" de "gastos esenciales" o "gastos no esenciales", por lo que piden que el Plan Fiscal sea declarado ilegal e inconstitucional.

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