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Fortuño cabildea por Dominicana en disputa con Haití (documentos)

Ahora Fortuño también cabildea a favor de Dominicana en su disputa con Haití. (Archivo / NotiCel)

Adriana De Jesús Salamán
21/07/2017 04:01 am

El gobierno de República Dominicana, liderado por su presidente Danilo Medina Sánchez, contrató los servicios de la firma de abogados cabilderos Steptoe & Johnson, LLP —entre los que figura el exgobernador de Puerto Rico Luis Fortuño Burset— para defender ante los Estados Unidos la imagen del país caribeño y su ley que regula los derechos de los inmigrantes.

La relación contractual no esboza fecha de terminación, por lo que el gobierno dominicano revisaría las tarifas de la firma de abogados anualmente para ajustar el pago. En el período de enero a agosto de 2014, por ejemplo, el bufete recibió $820,543,000 (alrededor de $36 millones de pesos dominicanos) por sus servicios.

Entre sus responsabilidades se encuentran: manejar las relaciones con legisladores, partidos políticos y miembros del gabinete gubernamental de los Estados Unidos y representar a la República Dominicana en foros extranjeros.

Asimismo, la firma, con base en Washington D.C., tiene a su cargo el monitoreo de medios internacionales, la escritura y el envío de comunicados de prensa y alentar la publicación de columnas de opinión en periódicos y revistas estadounidenses que beneficien la percepción en el extranjero sobre el gobierno dominicano.

La ley en cuestión, aprobada por la administración de Medina Sánchez en el 2014, surgió a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, el cual declaró que los hijos de extranjeros indocumentados no podrían mantener la ciudadanía dominicana.

La determinación repercutió, principalmente, entre los dominicanos de ascendencia haitiana pues el 95% de los inmigrantes en este país provienen o tienen ascendencia en Haití.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Inmigrantes de la República Dominicana del 2012, alrededor de 244,151 personas eran ascendentes de inmigrantes.

“Más allá de las cifras, que evidencian la gravedad del problema de las expulsiones colectivas de haitianos de territorio dominicano, los diversos informes que han sido publicados en los últimos años, así como los testimonios de las víctimas y sus familiares, evidencian una política estatal de deportar migrantes haitianos, o personas percibidas como tales, independientemente de su situación migratoria, práctica que se ha seguido agravando en los últimos años”, exclamó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha vigilado la situación.

El convenio fue firmado por el Ministro Administrativo de la Presidencia de República Dominicana, José Ramón Peralta Fernández, el 26 de diciembre de 2013, en medio de la transición gubernamental entre Fortuño Burset y Alejandro García Padilla.

De hecho, poco después de su derrota en lo que hubiera sido su segundo cuatrienio como gobernador, salió a relucir que Fortuño Burset se uniría al bufete Steptoe & Johnson, LLP. Incluso, bajo su gobernación en el 2012, el Banco Gubernamental de Fomento fue uno de los clientes principales de la firma de abogados.

Entre los “talking points” distribuidos por Steptoe & Johnson a las oficinas del Congreso y oficinas ejecutivas de la nación norteamericana se encuentran:

  • “La República Dominicana está implementando una política moderna y transparente para el registro de los residentes nacionales e inmigrantes que respete la contribución de cada persona a la sociedad dominicana mientras da claridad a un sistema anticuado”.
  • “El objetivo de esta política es garantizar un estatus regular a cada persona que vive en territorio dominicano de manera que proteja sus derechos fundamentales. La nueva política también mejorará la capacidad de la República Dominicana para combatir la trata de personas y garantizar la integridad territorial”.

Además del exmandatario puertorriqueño —cuya tarifa por hora podría superar los $1,162—, de parte de Steptoe & Johnson se encuentran Filiberto Agusti, José Ramón González-Magaz y Ricardo Pellerano. Éstos, según el documento del 2014, facturaban $1,211, $1,056 y $486 la hora, respectivamente.

El acuerdo, que ha sido reseñado por el Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR, por sus siglas en inglés) y grupos locales a través de las redes sociales, se fundamenta en la “pericia extensiva y especializada en consultoría internacional en el campo de relaciones gubernamentales, cabildeo, manejo de crisis, entre otros”.

En el 2015, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos recibió un desglose de labores y desembolsos de Steptoe & Johnson, en cumplimiento con el Foreign Agents Registration Act of 1938 (FARA), según enmendado. En el documento sobresale que, en seis meses, la firma gastó $42,993.41 entre la contratación de una abogados haitianos, así como servicios de mensajería, viajes y otros gastos.

La mencionada “Ley que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre naturalización” divide a las personas en dos grupos a base de su estatus migratorio.

El primer conjunto correspondía a aquellos descendientes de extranjeros que habían sido inscritos en el registro civil dominicano, a quienes la ley de presentada por Medina reconoce su nacionalidad dominicana. Por tanto, se les haría entrega o devolución, según fuera el caso, de sus documentos de identidad como nacionales.

Mientras, el segundo grupo, consistió de los descendientes de extranjeros que nunca fueron inscritos en el registro civil, pero la República Dominicana había sido su residencia de toda la vida. En ese caso, la ley decretó 90 días para que se registraran como extranjeros con posibilidad de obtener la nacionalidad dominicana mediante naturalización en espacio de dos años.

Tras vencerse el plazo, medios internacionales reportaron la deportación “voluntaria”, aunque impulsada por el temor, de unas 40,000 personas hacia Haití.

Además de sus obligaciones como abogado, Fortuño Burset forma parte de la recién creada “Comisión de la Igualdad”, al amparo de la Ley 30-2017, del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, la que cabildeará en Washington a favor de la estadidad de Puerto Rico.

Por otra parte, desde el 2013 es miembro de la Junta de Directores del Republican State Leadership Committee, la American Action Network, el Congressional Leadership Fund y The American Conservative Union. Al mismo tiempo, desde 2016, es parte de la Junta Asesora del Instituto Republicano Internacional.

Al cierre de esta publicación, la relacionista de Fortuño, Michelle Cuevas, no respondió a llamadas de este diario para solicitar su reacción. 

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