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Economía

Congresistas piden a Junta Fiscal renovación del sistema energético

Varios congresistas pidieron a la JCF un plan para la renovación del sistema eléctrico del país. (Archivo / NotiCel)

Iván Román
13/09/2017 09:11 pm

Washington – Al ver como el huracán Irma devastó el servicio eléctrico en Puerto Rico, varios congresistas le solicitaron a la Junta de Supervisión Fiscal el miércoles ver un plan detallado para diversificar y reformar el sector energético y estimular la economía en la isla.

Los cuatro congresistas – dos republicanos y dos demócratas – expresaron que el huracán Irma, que dejó un camino difícil para muchos en la isla, ofrece la oportunidad para realmente reformar el sistema eléctrico, bajar las tarifas de electricidad, y servir como parte clave en la recuperación económica del país durante esta crisis fiscal.

“Los fracasos del pasado y del presente del sistema nos sirven de recuerdo duro de la necesidad de desmantelar el monopolio del gobierno sobre sus servicios públicos y hacer unas inversiones significativas en sus sistemas viejos e ineficientes, los cuales consistentemente han sido obstáculos para lograr la competitividad económica,” expresan los congresistas en una carta a los miembros de la Junta enviada el miércoles.

La carta la firmaron los representantes demócratas Nydia Velázquez de Nueva York y Raúl Grijalva de Arizona, y los republicanos Sean Duffy de Wisconsin y Tom MacArthur de Nueva Jersey. Velázquez y Duffy pertenecen a un caucus congresional enfocado en planes para el desarrollo económico de Puerto Rico.

Grijalva es el líder de la minoría demócrata en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara donde se creó la ley PROMESA para atender la crisis fiscal de la isla, y Duffy fue uno de los autores de la ley PROMESA.

Los congresistas le solicitan al presidente de la Junta, José B. Carrión III, que someta para el primero de octubre un plan detallado sobre maneras de reformar la energía en la isla, cuyas fallas quedaron claras cuando Irma dañó gran parte de la red de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica, dejando alrededor de 1 millón de personas sin luz eléctrica.

Señalaron que las fallas de la infraestructura eléctrica, que tiene una edad promedio de 44 años, mayor que los 40 años que se supone que duren las plantas eléctricas, siguen en aumento. Mencionaron como ejemplo las fallas en la planta eléctrica de Aguirre que dejó una tercera parte de la isla sin luz el año pasado.

Les agrada que la ley PROMESA le instruye a la Junta “proveer para las inversiones capitales necesarias para promover el crecimiento económico” y que al Junta y el gobierno de Puerto Rico están tomando pasos para impulsar proyectos de revitalización. Pero destacaron la urgencia de los proyectos relacionados a la energía y la privatización de la AEE como manera de lograr la inversión necesaria.

El plan fiscal aprobado por la Junta en marzo pasado busca reducir la tarifa eléctrica a 21 centavos por kilovatio. Los congresistas señalaron que esa reducción no es suficiente para estimular la economía de Puerto Rico ya que aún sería mucho más alta que en otras islas del Caribe.

“Quisiéramos que considerara específicamente que el camino hacia la recuperación para Puerto Rico requiere que varias entidades provean los servicios eléctricos y las inversiones en la infraestructura, y que se incremente el uso de (energía) renovable para suplirle electricidad fiable y económica a los consumidores”, expresaron.

Sugirieron que su localización geográfica y su clima tropical hace que Puerto Rico sea un candidato ideal para usar energía renovable, disminuir la dependencia sobre el petróleo costoso para generar electricidad, y así bajar las tarifas para las familias y los comercios y estimular la economía.

Pero advirtieron que las decisiones sobre la transformación del sistema de electricidad de Puerto Rico se deberían analizar de forma muy cautelosa para asegurar que beneficien principalmente al pueblo y al consumidor.

“Mientras podemos estar de acuerdo que se necesita la inversión privada para dar paso a la competitividad y a la generación independiente de la electricidad, tenemos que asegurarnos que se tomen decisiones cuidadosamente para prevenir que un monopolio público se convierta en un monopolio privado,” advirtieron los congresistas.

“Tenemos que estar claro: la red de transmisión y distribución de la energía en Puerto Rico no debe servir como premio para los intereses particulares,” afirmaron Velázquez, Duffy, Grijalva y MacArthur.

El gobernador Ricardo Rosselló y la Junta favorecen la privatización de todo o parte del sistema de electricidad en la isla. Un acuerdo negociado hace años con los bonistas dueños de la deuda de la AEE fue rechazado por la Junta este año porque, entre otros factores, no garantizaba una tarifa máxima de electricidad de 21 centavos por kilovatio.

Además, establecía una tarifa más alta para asegurar pagos mayores a sus bonistas y difería demasiado con el nivel de pago de la deuda establecido en el plan fiscal para otros bonistas que son dueños de otras partes de la deuda masiva de $72 mil millones que ha hundido a la isla en esta crisis fiscal.

A pesar de la oposición de los bonistas de la AEE y de algunos congresistas republicanos que favorecían ese acuerdo, la Junta autorizó la reestructuración de la deuda bajo el proceso del Título III de PROMESA. Varias partes en el pleito no querían que en efecto se declarara a la AEE en bancarrota y se reestructurara su deuda por temor a que se redujera el valor del colateral de los activos de la corporación pública que garantizaba el repago de la deuda.

Ahora el paso de huracán Irma podría perjudicar la capacidad del gobierno de conseguir un acuerdo favorable cuando se privatice el sistema eléctrico porque la devastación dejó clara que arreglar y reformar la infraestructura eléctrica del país requiere una inversión privada aún mayor.

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