Editorial

Al grano, ¿qué hacemos con la AEE?

Lo peor de una crisis, o un desafortunado giro en la vida, es no aprovecharlo. Proponemos dejar a un lado viejas discusiones sobre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para comenzar la construcción de consensos que permitan resolver el problema que amenaza más inmediatamente la viabilidad de Puerto Rico como país: la generación y distribución de energía.

No se trata de usar al huracán Irma para distorsionar la discusión o plantear visiones acomodaticias. Es poner los puntos sobre las íes.

Nos tenemos que mover más allá de la dicotomía sobre si la AEE debe ser pública o privada. Tras más de 40 años de malas leyes, malos préstamos, pobre distribución de recursos, planificación cortoplacista, negociaciones de convenio insostenibles y de dirigismo político partidista, lo que tenemos entre manos es una entidad pública sometida a quiebra con una deuda de $9,000 millones, una infraestructura deteriorada y prácticamente ningún interés de nadie de invertir más dinero en ella. Es caso cerrado que la generación y distribución de energía en Puerto Rico no volverá a estar en manos públicas, o por lo menos, no completamente.

También nos tenemos que mover más allá del discurso de que la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) sólo puede sobrevivir como un sindicato en el sector público. Nadie en Puerto Rico y el Caribe sabe más que los miembros de la UTIER de cómo trabajar con el sistema eléctrico de la Isla. Nadie. Cualquier forma que adquiera la AEE en el futuro, va a requerir la destreza, experiencia y valentía que han acumulado los miembros de la UTIER, sea como sindicato en el sector privado, como cooperativa de trabajadores o como empresa con fines de lucro que contrate el servicio de sus miembros/empleados tanto en Puerto Rico como en el Caribe. Todas esas son avenidas posibles de transformación del sindicato. Es iluso pensar que el sistema eléctrico tiene que permanecer en manos del gobierno para que entonces la UTIER pueda existir como sindicato en el sector público.

Pero además hay que ponerle banderilla al proceso de privatización. Esos esfuerzos no pueden estar dirigidos solo a la generación porque sería darle al sector privado la mejor parte de la ecuación y dejarle al gobierno la peor, la distribución. Cualquier acuerdo de privatización o de alianza público privada tiene que proveer tarifas razonables e implicar que el ente privado asuma el riesgo de la distribución o que el negocio deje lo suficiente como para que el gobierno pueda modernizar el sistema de distribución y mantener el sistema en óptimas condiciones.

Si no llevamos a cabo esta transición, nos quedamos en el mismo sitio.

Hasta ahora, el proceso de reestructuración de deuda, especialmente con la decisión del miércoles de la jueza Laura Taylor Swain de frenar los intentos de nombrar un síndico para la AEE, proveen el mejor espacio para transformar el sistema eléctrico.

Se trata de una tarea urgente, como evidencian las crecientes estadísticas de emigración. Si vivir en Puerto Rico implica pagar impuestos altos, energía cara, agua cara y, encima, implica tener que pagar cisternas, generadores de electricidad, y otras cosas, no se puede hablar de provocar que los puertorriqueños vuelvan o que llegue nueva inversión a la Isla para salir del hoyo.


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