Inteligencia Social

¿Queremos volver a ser como antes de Irma y María?

Seguimos bajo el huracán burocracia.

¿Volver al pasado?

La pregunta del título de esta columna ha estado dándome vueltas desde hace varios días, especialmente desde que comenzó la operación de parcheo y reconstrucción.

No cabe duda que muchos al menos añoramos las ventajas perdidas del agua, la electricidad y las comunicaciones. Debería decir que esas comodidades se han perdido desigualmente, porque millones de personas en Puerto Rico, ni antes, ni hoy, las han disfrutado de forma igual, ni nivelada.

Se trata de servicios esenciales comprados. Se tienen, si se pagan, y se utilizan con mayor intensidad dependiendo del consumo y de los equipos o medios que los utilizan.

Ahora bien, aunque más de un 90%, a 26 días del huracán María, añoramos el servicio eléctrico, y la mitad del país clama por el servicio de agua potable, ello no debe significar que nuestra aspiración máxima sea  que el 99% o más de los puertorriqueños volvamos a disfrutar de ambos servicios. Como tampoco, la aspiración suprema deba ser, que 250,000 familias que desean reponer su techo para no estar viviendo a la intemperie o en algún lugar hacinados lo consigan.

Cumplir con esas añoranzas o aspiraciones —naturales, básicas y mínimas— consumirá nuestros esfuerzos durante los próximos 10 a 12 meses. Lo de la vivienda, si se consiguiere, tomará varios años.

No obstante estas necesidades evidentes, la realidad es que devolvernos a nuestro estado físico de hace un mes, si es que fuese posible, sería una aspiración que se quedaría muy corta.

Volver a ser y a estar como éramos y estábamos antes de los dos huracanes no puede ser la aspiración de nuestro pueblo. Porque ambos desastres nos han mostrado el verdadero rostro de la desigualdad en el país y buena parte de la pobreza que había sido escondida o maquillada, o deliberadamente ignorada. Combatir esa desigualdad y pobreza, los factores que la crean y perpetúan, al igual que luchar contra las políticas, programas, ideologías y prácticas que las profundizan debería ser el verdadero objetivo e nuestro pueblo.
 
Hace cuarenta años que el país y su gente se encuentran sometidos a un proceso de empobrecimiento masivo. Ese huracán categoría 10 nos golpea intensamente desde la década de los setenta. Irma y María han destapado y despojado de la fachada que las encubría, tanto a las causas como a las manifestaciones de esa pobreza y desigualdad.

El mega desastre de la dependencia superlativa puertorriqueña, convertido en una crisis humanitaria sin precedentes, aún para un país continental como EEUU, revela además, cómo no sólo no estábamos preparados aquí, tampoco allá, para la seguidilla de los huracanes Harvey en Texas y del huracán Irma en la Florida.

El nuevo mapa sin máscaras de Puerto Rico, nos muestra a una sociedad plagada de males exacerbados, con enormes segmentos vulnerables, con carencias que superan por mucho las extraordinarias carencias que en el orden material nos han dejado los huracanes.

Nunca en 90 años nos habíamos percatado del todo de cuán vulnerables somos debido a nuestras grietas sociales, ni de cuán pobres somos. Ese empobrecimiento, que abarca las bases económicas y se desborda en los pésimos índices de igualdad social y en la pésima calidad de vida, nos golpea con infinita más fuerza que el embate de los dos huracanes.

La reconstrucción de Puerto Rico en el orden físico, sin cuestionarse siquiera las raquíticas bases sobre las cuales se asienta, probará ser un error gigante cuando otro desastre natural de igual y hasta de menos magnitud nos golpee en uno, dos o cinco años.

Lo que no admite prórrogas es trabajar con la carencia de instrumentos y de poderes para organizarnos. No admite demora que se desmantelen las hipotecas jurídicas —como lo es la Ley de Cabotaje— que encarecen y obstruyen nuestro desarrollo económico. Del mismo modo, no puede demorarse más la construcción y eslabonamiento de una economía con base local que cree empleos estables aquí.

La Administración local —gobierno de Puerto Rico— cubierta por cuatro capas de supra-gobierno no parece estar pensando en otra cosa que el aparchamiento en masa del país. Proceso éste, sobre el cual ni siquiera gobierna. Un breve repaso de este hojaldre de “autoridad”, muestra a una Junta de Control Fiscal sobre el gobierno del ELA, a una Juez de Quiebra bajo PROMESA sobre la Junta de Control Fiscal, a FEMA con el de la Campa o Ñemerson de turno encima, y al ejército de los Estados Unidos aparentemente por encima, a cargo de infraestructura, transportación, distribución, comunicaciones, etc.

No en balde las funciones oficiales de la Administración local se hallan dramáticamente reducidas en parte, por la inoperancia de muchas de sus oficinas y por la carencia de autoridad. De la carencia de poderes, ni hablar, porque esos llevan ausentes más de un siglo.

Al desastre natural de las dos tormentas, se ha sumado el desastre artificial de varias burocracias compitiendo por abrirse paso entre los escombros de reglamentaciones, prácticas transplantadas, acaparamiento de contratistas de EEUU por la autopista contractual de FEMA, entre otras nuevas realidades. Cierto es que algunos rajieros locales —diminutos cuando se les compara con el poder de compra e influencia de los carpetbaggers— ganan titulares con sus aventuras abusivas de favoritismo, lo que permite a algunos justificar el monopolio federalizado.

Este trasiego contractual de cientos de millones de dólares se da mientras a un mes del primer huracán cientos de miles de puertorriqueños se debaten entre la subsistencia y el deseo de irse del país. Entremedio quedan la buena fe, el altruísmo y la solidaridad sacrificada de tantos que haciendo de tripas corazones alivian del espanto a quienes tanto sufren.

Y no es que no haya buena fe y deseo de servir de los funcionarios, es que la madeja de planes trasnochados, burocracias enrevesadas y de cataratas de optimismo alucinante complican no sólo el rescate y la reconstrucción, sino que impiden pensar en que estamos repitiendo los mismos errores de siempre en el frenesí recuperatorio, sin atender a las causas. En otras palabras, estamos predisponiendo al país para la próxima catástrofe.

No quisiera que Puerto Rico en algunos meses o años retorne a como era el día antes del primer huracán de septiembre. Significaría vivir perpetuamente el mismo ciclo de desastre, falta de poderes, falta de  planificación, carencia de recuperación real, consumo descomunal, nuevo desastre-destrucción.

Una cosa es estabilizar al paciente, salvar vidas y atender la emergencia y otra, convertirse en parte del problema perpetuando el ciclo de dependencia dejando sin atender los problemas de fondo.

Fomentar el desarrollo económico interno

Reparchar y restaurar a Puerto Rico para seguir con la misma economía de super lavandería al capital extranjero, economía de consumo e hiper-importación y receptora de transferencias de subsistencia no puede ser una fórmula de futuro.

Todos los días lamento no haber estudiado economía con más formalidad aunque lo hubiese hecho tarde en mi vida.

A pesar de las febriles y lunáticas peticiones o expectativas de una inversión del gobierno federal en el territorio de 40, 50, 60 ó 90 mil millones de dólares que algunos funcionarios barajaron imaginariamente y verbalizaron en la primera y segunda semana luego de los huracanes; todavía es cierto, que entrarán a la economía una cantidad importante de dinero que entre préstamos (4 ó 5 mil millones); transferencias directas al gobierno o entidades locales (2 mil millones); inyección adicional a la AEE (2 a 3 mil millones) —sujeto ojo a una probable privatización— rondará los 10 mil millones de dólares.

En alguna mesa de cualquiera de los tres pisos del Centro de Convenciones debería estarse trabajando con planes para propiciar formas en que la porción no fungible en consumo de esos diez mil millones, pueda recircular una y otra vez en nuestra economía.

Puedo mirar el mapa del ordenamiento legislado en Puerto Rico y reconocer decenas de modificaciones a la legislación y de nueva legislación que habría que redactar, promover y aprobar para aprovechar ese proceso de capitalización y otros que podrían sobrevenir.

Pero ello, requerirá pasar de la mentalidad de los incentivos a quienes no enriquecen la economía, a una que invierta dramáticamente en la capitalización local y la generación de empleos justamente remunerados. También requerirá revertir el patrón empobrecedor de la legislación laboral y crear condiciones que motiven a que la fuerza de trabajo diestra y no diestra no abandone el país buscando condiciones elementales de remuneración. Esa nueva legislación deberá premiar la inversión de capital en vivienda mejorada resistente y en locales comerciales o industriales que tengan autonomía energética y aprovechen las aguas de lluvia. Esa nueva legislación desincentivará la venta y endeudamiento  en automóviles— por un sistema de transportación cooperativa e incentivará que se acerquen las viviendas de familias a los centros de empleo y áreas comerciales de manera que un número cada vez mayor de personas no dependa a diario del carro. Nuevas leyes velarán para que toda inversión en vivienda aproveche la infraestructura existente y no utilice nuevos terrenos.

La ley nueva deberá incentivar el ahorro, deberá promover el bienestar de las familias que tengan niños y habilitará mecanismos para su cuido y desarrollo real.

Decenas de medidas análogas podrían trabajarse si los encargados de planear y planificar tuviesen verdadera autonomía de los funcionarios electos de turno, y de las presiones de inversionistas locales y extranjeros. La mofa a la buena gestión de modificar la legislación y reglamentación de la planificación cada cuatrienio; el bochorno de no coordinar el desarrollo vial, de aguas y de energía en una Junta de Planificación independiente de vaivenes políticos; la corrupción de la gestión mediante manipular desde el Ejecutivo las Corporaciones Públicas —por causa de lo cual debemos tanta, y tantas malas y costosas decisiones, necesitan de la atención y control legislativo.

Un liderato legislativo robusto puede reordenar internamente la legislación y al país, y fiscalizar la gestión gubernativa, mientras reclama para que las capas del hojaldre de autoridades Junta de Control Fiscal-PROMESA-FEMA-MILICIA cedan en su férreo control y colaboren para fomentar el desarrollo económico interno. Ello requiere salir de la parálisis, ello requiere activar los instrumentos investigativos de la Asamblea Legislativa y requiere una apertura allí y en el aparato gubernativo a la participación ciudadana, para que no regresemos a ser como antes del día de la primer huracán… para que enfrentemos al verdadero huracán que sigue encima de nosotros.

*El autor es exlegislador del Partido Independentista Puertorriqueño y asesor en legislación y administración gubernamental.


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