NotiCel desde adentro

Presunción de estupidez, incompetencia y corrupción

“El lenguaje político... está diseñado para que las mentiras suenen verdaderas y el asesinato sea respetable, y para darle apariencia de solidez a lo que es pura brisa”.
George Orwell

La Administración Rosselló tiene un problema de lenguaje. Más bien, un problema de abismal disociación entre lo que dicen y lo que hacen.

Los ejemplos no escasean, pero veamos hoy la palabra transparencia. ¡Qué mucho la cacarean! La transparencia estuvo en la punta de la lengua en toda la campaña y ahora es hasta la solución de la crisis de Puerto Rico post María porque con transparencia es que van a lograr que se asignen los fondos federales de los cuales dependen en este momento la recuperación y futuro de Puerto Rico. Es como un amuleto, un puñito de azabache, que muestran al menor cuestionamiento.

Pero eso es lo que dicen. Lo que hacen es otra cosa.

Entender la transparencia no es complicado. Todo lo que conocemos como gobierno existe porque, mediante la Constitución, el pueblo de Puerto Rico le delegó el poder de gobernar a los funcionarios del Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Eso quiere decir que el gobierno es del público, nunca es privado, que todos esos funcionarios tienen que rendir cuentas al público. Quiere decir también que, como ha declarado el Tribunal Supremo, existe una presunción de que toda la información que maneja el gobierno es pública. ¿Qué quiere decir presunción? Que es algo que no tiene que ser probado, que ya está establecido. Y quiere decir que lo confidencial en el gobierno pertenece al campo de lo extremo, lo raro, lo excepcional, lo claramente justificado.... no es cualquier cosa así porque sí.

Pero, aún cuando la transparencia es un concepto tan, tan, caramba, eso mismo, tan transparente, los gobiernos se las ingenian para distorsionarlo. Y el actual, con tan sólo un año, ha demostrado tener un talento entusiasta para subvertir la transparencia.

Primero, las órdenes ejecutivas 10 y 11 que firmó el gobernador Ricardo Rosselló en las primeras dos semanas de su mandato. La 10 establece la “política pública de Transparencia y Accesibilidad a la Información Pública” y, aunque adopta conceptos que tenía un proyecto de ley impulsado en 2016 por el Centro de Periodismo Investigativo y varios grupos cívicos, también establecía 13 justificaciones de confidencialidad. Un ramillete de excusas para que el gobierno no publique información. Luego la orden 11 dice que el Secretario de Asuntos Públicos y de Política Pública va a divulgar la información pública después de que el Gobernador se lo autorice. ¿Cómo? ¿Que el que va a decidir si algo público se divulga es el Gobernador? Parece que le cambiaron el nombre a la presunción de acceso a la información y ahora se llama presunción Ricardo Rosselló.

Vea las órdenes ejecutivas 10 y 11

Segundo, la “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública” que la administración sometió a la Legislatura después de una discusión con grupos periodísticos y cívicos congregados bajo la Red de Transparencia. El detalle es que la sometieron aún cuando la Red no la avaló porque el proyecto no específica cuáles van a ser las circunstancias claras y justificadas en las que la información se va a mantener confidencial. Una ley sin excepciones limitadas y justificadas invita a que el funcionario se invente la excusa que quiera para negar acceso a la información.

Vea el proyecto de “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”:

Tercero, la “Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico” aprobada por el Senado, que contiene 17 excusas para negar acceso a la información del gobierno. Las 13 de la Orden Ejecutiva y unas cuantas más.

Vea la “Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico”:

Cuarto, el acuerdo de confidencialidad que se obligó a firmar a los empleados de las oficinas del Gobernador y de la Primera Dama hasta que colegas de El Vocero y El Nuevo Día lo divulgaron y entonces el Gobernador lo revocó alegando desconocimiento.

Vea el acuerdo de confidencialidad:

Ya se ha analizado lo difícil que es creer que esto se hizo sin conocimiento del Gobernador. Pero ir al detalle del acuerdo es una joya en eso de separar lo que se dice de lo que se hace.

El documento habla de “proteger” al Gobernador y la Primera Dama, pero ese proteger es mediante guardar silencio de lo que el empleado vé, lee o escucha en Fortaleza. Vuelva a leer esa línea. Al Gobernador se le “protege” guardando silencio sobre lo que ocurre en la oficina pública más importante de Puerto Rico. Se alude a que hay información que es “secreto de gobierno”. Pero, ¿y no que todo se presume público? ¿Dónde está y quién legisló esa lista de lo que va a ser “secreto de gobierno”? Habla de “derecho de autor”, “patentes” y “marcas”, lo cual delata la chapucería de un documento que está copiado de lo que se hace en la empresa privada sin ningún pensamiento sobre cómo debe aplicar a la gestión pública. Si usted es empleado o contratista público, pagado con fondos públicos, usted no tiene derecho de autor sobre nada de lo que hace, ni es dueño de ninguna marca. El que es dueño es el público. Se dice que si el empleado recibe una citación judicial, tiene que notificar la misma y su contestación a la citación estará coordinada con Fortaleza. Es decir, si el FBI quiere investigar al Gobernador, no tendría testigos que no estén controlados por el propio Gobernador. En su último párrafo, trata de curarse en salud diciendo que el empleado no tiene que mantener confidencial la información relacionada con ilegalidades pero, de inmediato, vuelve a plantear que no se debe entender como una autorización a divulgar esas ilegalidades.

Y hubo gente de confianza del Gobernador que pensó estas barbaridades, las recomendó, las preparó y supervisó el proceso de que cada empleado firmara. Si esto no es evidencia de la mentalidad y la disposición genética de esta administración sobre la transparencia, nada lo es.

A los funcionarios públicos que se crean que pueden engañar y entretener mencionando la transparencia en cada oración les valdría espabilarse. El pueblo tiene una frase para romper en mil pedazos el espejito distorsionado de la transparencia: “el que no tiene hecha, no tiene sospecha”.

Ustedes escogen, o respetan la presunción de apertura y claridad establecida en el derecho de acceso a la información, o el pueblo le va a aplicar las presunciones de que lo que se quiere mantener escondido acusa estupidez, incompetencia o corrupción del funcionario que se resiste a ser realmente transparente.

*El autor es Editor Jefe de NotiCel y Cofundador del Centro de Periodismo Investigativo.


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