Por Eva Prados*/Y las mujeres, por qué votamos en el próximo referéndum?

Aclaro desde el principio que no pretendo plantear que las mujeres somos un grupo homogéneo que debe votar de tal o cual forma por el solo hecho de ser mujer. Al mirarnos podemos percibir que todas nos encontramos en lugares distintos ante el gran fenómeno de la violencia. Algunas somos víctimas de violencia, otras agresoras. Unas seremos acusadas y culpables del delito que nos imputan, pero otras seremos inocentes. Unas seremos madres, esposas o hijas del imputado, otras seremos abogadas, otras fiscales y las menos, juezas.

En este mundo machista no son pocas las mujeres que se enfrentan a un sistema que las discrimina y las pone en situaciones de mucha vulnerabilidad. Conviene entonces dar una mirada a cómo la propuesta enmienda constitucional nos afecta en varios de nuestros distintos espacios.

Es difícil pensarnos como acusadas. Muchas que leen estas líneas dirán ‘yo nunca violaría la ley’ y mucho menos cometería un asesinato. Ciertamente, son menos mujeres que hombres las acusadas de delitos, y mucho menos por asesinato. Sin embargo, muchas mujeres que sí son acusadas de asesinato fueron víctimas de violencia doméstica y agresión sexual por la persona muerta. A su vez, algunas mujeres han sido acusadas como coautoras de delitos cometidos por sus parejas. Tampoco podemos descartar la posibilidad de ser acusadas de un delito por el falso testimonio de alguien. De no tener derecho a la fianza, pasaríamos varios meses encarceladas esperando que un ‘juicio justo’ evidencie que actuamos en defensa propia o que no tuvimos participación en el crimen.

Las mujeres acusadas de algún delito ya se encuentran en desventaja de salir libres bajo fianza. Ello se debe a que la mayoría pertenecemos a grupos de bajos ingresos y con menos probabilidades de contar con empleo fijo a tiempo completo o con vivienda, rentada o propia, a nuestro nombre, así como de presentar respaldos o garantías monetarias.

También debemos tomar en cuenta el impacto negativo que la detención de las mujeres que también son madres tiene sobre sus hijos/as. No sólo está la separación física, sino también el impacto emocional, la alta probabilidad de perder la vivienda rentada y/o el empleo, y la de que sus hijos/as sean puestos en manos del Estado. El efecto acumulativo puede provocar la separación permanente de sus hijos/as, aun cuando la madre sea absuelta de los cargos. Más aún, preocuparse por los hijos/as es uno de los factores que provoca problemas psicológicos y situaciones de autolesión entre las detenidas. La Corporación de Acción Civil y Educación, organización que brindó representación legal a personas privadas de libertad, informó hace unos años que la mayor parte de los servicios que brindaban a mujeres detenidas eran sobre la custodia de sus hijos/hijas.

Aún cuando no han sido declaradas culpables, las condiciones para las personas detenidas en espera de juicio suelen ser más restrictivas que las de las que cumplen una condena. Estas personas usualmente son separadas de la población general, lo que provoca que estén hasta 23 horas diarias encerradas en celdas solitarias. Esto sucede tanto a hombres como a mujeres, pero hay ciertos aspectos, como las visitas limitadas y el contacto restringido con la familia, que pueden tener un impacto superior hacia las mujeres, particularmente a las jefas de familias. Además, el acceso a programas de salud psicológica, de rehabilitación por abuso de sustancias, y a programas educativos y laborales, tiende a ser más limitado para quienes están en detención esperando su juicio.

Ahora pensemos en todo esto pero pasado no por nosotras sino por familiares, hijos o esposos que, al igual que cualquier mujer, están en riesgo de ser acusados erróneamente de algún delito o actuar en defensa propia. Estar en libertad mientras se completa el juicio permitiría, en la mayor parte de los casos, mantener el empleo, la vivienda, la custodia de menores y, lo más importante, asistir al abogado/a en la defensa del caso, derechos mínimos que todo ser humano debe tener.

Por último, pensémonos víctimas de asesinatos, o familiares, madres o esposas de víctimas. Es insostenible el problema de impunidad que existe en nuestra isla donde solo 1 de cada 3 asesinatos son investigados. En estos casos, esperamos que el Estado investigue y sancione rápido no a cualquiera, sino a las personas que cometieron el delito. Como se ha dicho en repetidas ocasiones, una vez se acusa, las leyes contemplan limitaciones para aquellas personas que puedan representar un riesgo para nuestra seguridad.

Necesitamos que el Estado cumpla su deber de atender la violencia, primero de forma preventiva mirando sus raíces porque solo así podremos salvar vidas. En caso que los hechos no fueran evitables, exigimos que se investigue y sancione pero dándole el trato que queremos para nosotras mismas. Yo lo haré votando NO este domingo y exigiendo cada día que el Gobierno actúe con diligencia ante la violencia y la desigualdad social.

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