Legalize it don’t criticize it,

Legalize it yea-ah-yea-ah,

And I will advertise it,

Some call it tamjee,

Some call it the weed,

Some call it marijuana.

Some of them call it ganja,

Never mind, got to.

(chorus) legalize it…

Singers smoke it,

And players of instruments too,

Legalize it, yea-ha, yes-ah.

-Peter Tosh

‘Solo un republicano podía restablecer las relaciones con China’, se decía en Estados Unidos tras los acuerdos que Richard Nixon consiguió con el gigante comunista. Expresión que explica cómo los estadounidenses de la Guerra Fría le dieron el espacio necesario para una negociación como aquella a un ‘patriota’ conservador irreprochable por lo cual no tenía que defender su lealtad nacional.

Esa máxima de la política de Estados Unidos fue lo primero que vino a mi mente cuando leí en Twitter que el senador Miguel Pereira dio el primer paso en el proceso dirigido a la liberación y tolerancia de las sustancias psicoactivadoras. El proyecto presentado por el legislador popular intenta modificar la ley que por más de 40 años controla el uso y venta de las drogas en Puerto Rico, despenalizando la tenencia de unas cantidades de marihuana para uso personal. Solamente a un héroe de guerra ‘americano’, exfiscal federal, exSuperintendente de la Policía y exSecretario de Corrección, el pueblo puertorriqueño le permitiría presentar una medida para liberalizar la Ley de Sustancias Controladas sin llamarlo corrupto, loco, amigo de los criminales o mafioso.

Según lo discutido en los medios de comunicación por el propio Pereira, el proyecto de ley intenta ahorrar los recursos y esfuerzos que ahora se desperdician combatiendo una conducta sin víctima como es el consumo de cannabis. De igual forma busca evitar que se clasifiquen como criminales a los que deciden asumir esa conducta.

Para el salubrista José Vargas Vidot, actualmente el proceso de detener, encausar y lograr la convicción de una persona a quien se le encuentre un cigarrillo de marihuana es de casi 10 mil dólares. A esta cantidad se le tiene que sumar los casi 40 mil dólares al año que cuesta mantener dicha persona encarcelada una vez se le declara culpable.

Lo anterior no toma en consideración el efecto que tiene procesar este tipo de conducta en el congestionado calendario del Tribunal en la isla. Aunque lejos de ser una panacea para resolver el problema del narcotráfico, el proyecto del senador Pereira sí tiene la virtud de ser el primer paso en la dirección correcta.

Los países con mejor récord en el manejo de la drogadicción llevan décadas experimentando exitosamente con políticas públicas de tolerancia y despenalización reglamentada, no solo del cannabis sino de otras sustancias psicoactivadoras. En estas jurisdicciones, lejos de aumentar el uso de las sustancias, la aprobación de leyes similares a la propuesta por Pereira mantuvo más o menos igual el uso de las drogas o registraron disminuciones. En muchos casos, como en Portugal, se informa que la edad de entrada al consumo aumentó significativamente y disminuyó el salto de marihuana a sustancias más fuertes.

Pero, no bien la oficina del senador anunciaba la presentación del proyecto, los sospechosos habituales se tiraron cuchillo en boca a criticar la medida atribuyéndole sus propias debilidades reprimidas desde la ignorancia, la enajenación religiosa y la falta de información. Estos empresarios moralistas ocuparon los espacios de participación mediática con apocalípticos escenarios de destrucción y degeneración, construyendo a la medida el surgimiento de una moderna Sodoma y Gomorra, tan solo porque un adulto con derecho y capacidad de consentir pueda libremente fumar marihuana.

Si alguna falla tiene la medida de Pereira, no es que la misma va muy lejos, sino al contrario. La tolerancia a la posesión y consumo de una sustancia, mientras la compra o venta sigue siendo delito, puede verse como contradictoria.

Ante esta crítica Salvador Santiago, administrador de los Servicios de Salud y Contra la Adicción, sugiere mantener el control administrativo y no penal del uso del cannabis. Es decir, poner multas como las de tránsito a la posesión y uso personal de la marihuana.

Otra recomendación la expresa Vargas Vidot, también fundador de Iniciativa Comunitaria, quien propone extender la tolerancia legal de la posesión de una planta de cannabis por persona. De esta manera el usuario no tendría que criminalizarse por consumir la hierba. Además, se plantea el porqué permitir el consumo a los ciudadanos de 21 años y no a los 18 que es la edad mínima para ingerir alcohol en Puerto Rico.

La aprobación de esta medida probablemente haga necesaria la modificación de algunos reglamentos y leyes. Un ejemplo de esto puede ser las normativas que permiten exigir pruebas para detectar el uso de sustancias controladas como requisito para un empleo.

En fin que, aun cuando la iniciativa de Pereira tenga sus deficiencias y requiera modificación en el ordenamiento para atemperarla, el proyecto de ley pone nuestra política pública en la dirección que ya hace décadas tomaron muchas jurisdicciones del mundo, incluyendo en Estados Unidos, donde se buscan opciones para legalizar reglamentariamente la marihuana y otras sustancias.

Después de todo, si algo se ha probado durante más de 40 años de prohibición es que no funciona como herramienta para controlar el uso de las sustancias en cuestión.

De acuerdo con Pereira, la medida tiene los votos para lograr su aprobación en el Senado. No obstante, a pesar de las respuestas evasivas expresadas por Alejandro García Padilla en torno a la medida y de las campañas apocalípticas de los empresarios moralistas, espero que la propuesta del senador sea apoyada por ambas Cámaras y por el Gobernador.

Igualmente espero que, como otras medidas importantes, la misma no muera en discusiones estériles acerca de lo que se prometió o no en el programa electoral del Partido Popular. Se puede caminar y mascar chicle a la vez, por eso este proyecto no está reñido con la prometida ‘medicación d las drogas’ y con los enfoques salubristas para el adicto que ese partido propuso en la pasada campaña electoral.

Esta medida pone al gobernador García Padilla ante la disyuntiva de pasar a la historia como el gobernante que dio el primer paso para corregir la absurda prohibición del cannabis o de ser olvidado por la historia como uno más de los muchos dirigentes que mantuvieron la demencia que diariamente pagamos en las calles con la sangre de nuestros jóvenes.

No es mucho, pero puede ser el comienzo de un nuevo amanecer. Sí al Proyecto del Senado 517!

*El autor es profesor universitario en el área de justicia criminal. Tomado de 80 Grados.