El comisionado residente Pedro Pierluisi anunció el martes que el Departamento de Justicia federal asignó 5.4 millones de dólares para sufragar múltiples servicios a las víctimas de crimen en Puerto Rico.

‘Desde que llegué al Congreso, he estado presionando fuertemente a las autoridades del orden público para que aumenten el número de personal y recursos que le dedican a Puerto Rico. Esos esfuerzos están rindiendo frutos. Hoy puedo informar que el Departamento de Justicia federal está otorgando 5.4 millones de dólares para servicios directos a víctimas de crimen en la isla. Los fondos, que llegarán a la Oficina para Asuntos de Seguridad Pública del Departamento de Justicia local, serán distribuidos a organizaciones que proveen servicios directos a víctimas de crimen’, anunció Pierluisi en declaraciones escritas.

Según Pierluisi, los fondos federales fueron otorgados bajo la Ley Federal Víctimas del Crimen (Victims of Crime Act) que es la fuente primaria de asistencia federal para servicios directos a las víctimas del crimen. A nivel federal, dicha ley es administrada por la Oficina de Víctimas de Crimen del Departamento de Justicia, la cual otorga una asignación anual a cada estado, el Distrito de Columbia y territorios, para servicios de asistencia a víctimas de crimen y sobrevivientes de violencia doméstica, agresión sexual, abuso de menores, accidentes causados por personas guiando bajo la influencia de alcohol y homicidios, entre otros delitos.

Detalló que los servicios incluyen albergue de emergencia y seguridad, intervención de crisis, asistencia para obtener órdenes protectoras y para llenar solicitudes de compensación, consejería, representación legal y ayuda para navegar el sistema de justicia criminal.

‘Nuestras gestiones con las autoridades de ley y orden federales están dando frutos, y es la razón primordial por la que ha disminuido la tasa de asesinatos en Puerto Rico. Sin embargo, la tasa de asesinatos en la Isla todavía es mucho más alta que en cualquier estado y se tiene que hacer mucho más para reducir la violencia criminal, incluyendo la agresión sexual, la violencia doméstica y el abuso de menores’, dijo Pierluisi.

‘Este programa federal ayuda a Puerto Rico a proveer servicios directos a las víctimas de crimen en el territorio, algo que es sumamente importante. Las víctimas de crimen –quienes han tenido que soportar demasiado sufrimiento- necesitan de la ayuda activa de su gobierno para volver a sentirse seguras, resumir sus vidas y prosperar’, añadió.

El comisionado residente recordó que el año pasado, el Congreso aprobó una reautorización de la Ley Federal de Violencia Contra la Mujer (Violence Against Women Act) por un término de 5 años adicionales y como resultado de las gestiones de Pierluisi, la ley incluye una disposición que le otorga a Puerto Rico trato de estado en el Programa de Servicios de Agresión Sexual (Sexual Assault Services Program), bajo el cual se asignan fondos a estados y territorios a base de fórmula para servicios a víctimas de agresión sexual.

‘Puerto Rico era tratado injustamente bajo la fórmula anterior. Bajo la nueva fórmula, Puerto Rico es tratado como estado. Como resultado de ese cambio, ahora Puerto Rico recibe unos 150,000 dólares anuales bajo este programa, mientras que antes solo recibía 15,000 dólares al año’, concluyó Pierluisi.