Miembros de varias organizaciones universitarias condenaron el jueves la intención de la rectora del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Ana Guadalupe, para que la Junta de Síndicos apruebe un reglamento de monitoreo electrónico con cámaras de seguridad para sin consulta previa y a espaldas de la comunidad universitaria.

Según las agrupaciones, la aprobación del reglamento se daría este próximo sábado 19 de mayo.

La denuncia la hicieron miembros de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras (CGE), de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico (HEEND) y del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico (Sindicato).

‘Denunciamos la manipulación y presiones indebidas de la rectora Guadalupe para que la Junta de Síndicos apruebe su reglamento de monitoreo electrónico mediante cámaras de seguridad en violación de la Reglamentación Universitaria y a la Ley 170 sobre Procedimiento Administrativo Uniforme, que dispone claramente los procesos para la aprobación de reglamentos por parte de instrumentalidades públicas’, expresaron.

Indicaron además que la rectora pretende implantar el reglamento sin contar con las recomendaciones, insumo y consenso de todos los sectores universitarios, incluso, sin discusión en el Senado Académico, ni con la Junta Coordinadora de Seguridad del recinto.

‘Precisamente, en febrero el Senado Académico del Recinto de Río Piedras aprobó una moción para detener la implantación de las cámaras de seguridad en una reunión que la rectora Guadalupe abandonó abruptamente. Desde entonces la rectora Guadalupe se ha rehusado a discutir su plan de instalar las cámaras con el Senado Académico’, explicaron.

Las agrupaciones dijeron que contrario a lo que ha afirmado el presidente de la UPR, Miguel Muñoz, el ámbito universitario no es igual que un centro comercial o una facilidad del gobierno.

‘Un sistema de monitoreo electrónico mediante cámaras de seguridad que esté controlado unilateralmente por la rectora y la oficina de seguridad del recinto se presta para persecución selectiva contra voces disidentes. No debemos olvidar que en el pasado, y no solamente durante conflictos huelgarios estudiantiles y laborales, se practicó en el recinto carpeteo arbitrario y selectivo’, dijeron.

Según los organismos, el proceder y urgencia de la rectora para aprobar el reglamento sin consulta previa, responde a la implantación de las recomendaciones sobre Reforma Universitaria incluidas en el Informe del Comité Asesor del Gobernador sobre la Educación Superior.

‘Precisamente ese informe incluye en sus páginas ataques destemplados contra ‘profesores y estudiantes de ideologías de izquierda’, contra independentistas, socialistas, nacionalistas y postmodernistas, y contra organizaciones de profesores y grupo sindicales, todos miembros de la comunidad universitaria que ahora podrían ser perseguidos selectivamente por el nuevo sistema de monitoreo electrónico’, sostuvieron.

Por otra parte, hicieron referencia a datos de la Ley ‘Crime Awareness and Campus Security Act’, mejor conocida como el ‘Jeanne Clery Act’, que indican que en el 2010 el Recinto de Río Piedras fue el quinto campus en el sistema en por ciento de tasa de crímenes por total de estudiantes.

‘Exigimos a la rectora Guadalupe, al presidente Muñoz y a la Junta de Síndicos, en especial a su Comité de Ley y Reglamento que tiene conocimiento de que no se ha consultado a la comunidad, que rechacen el proceso ‘fast-track’ de esta funcionaria, y que no se considere la aprobación de ese reglamento de monitoreo electrónico en la reunión del sábado’, solicitaron.

Además exigieron que dicho reglamento sea devuelto al Recinto para su amplia discusión con todos los sectores de la comunidad universitaria y que se reconozca y re-establezca la Junta Coordinadora de Seguridad.