Japón y Estados Unidos se unieron hoy a la Unión Europea (UE) y plantearon sendos procesos de disputa en la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra Argentina, país al que acusan de imponer restricciones comerciales.

En la línea de lo que ya denunció la Unión Europea en mayo, Tokio y Washington acusan a Buenos Aires de restricciones comerciales a través del sistema de licencias no automáticas para la importación, según informaron fuentes diplomáticas.

Ambos países afirmaron, al plantear consultas con Argentina, que este sistema ‘restringe la importaciones de bienes y discrimina entre mercancías importadas y domésticas’, lo que va en contra de los compromisos del país sudamericano como miembro de la OMC.

La políticas comerciales argentinas, de acuerdo con los demandantes, ‘no parecen estar relacionadas con la aplicación de ninguna medida justificada bajo los acuerdos de la OMC’.

La solicitud de consultas es el primer paso en el mecanismo de solución de disputas en el marco de la OMC y pone en marcha un proceso que puede demorarse años hasta su solución final.

Se abre ahora un plazo de 60 días para que las partes intenten solucionar sus diferencias, al término del cual, si no hay acuerdo, los demandantes tienen la opción de solicitar en la OMC la constitución de un panel de expertos que arbitre en la disputa.

La queja de Japón y Estados Unidos, al igual que la de Bruselas, tiene que ver con las supuestas medidas proteccionistas que Argentina aplica desde 2008 a la importación de productos como tractores, neumáticos, piezas de recambio, juguetes, calzado, computadoras, papel, artículos para el hogar o textiles.

Esas restricciones, impuestas en forma de licencias para la importación, son denunciadas desde hace años por varios países, que el pasado 30 de marzo emitieron una declaración conjunta en Ginebra acusando a Argentina de dificultar gravemente el libre comercio.

La declaración fue firmada por la UE, Estados Unidos, Japón, Australia, Israel, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Taiwán, Tailandia y Turquía, que denunciaron el excesivo uso por parte de Buenos Aires de licencias de importación no automática.

También criticaron la obligación de registrar previamente todas las importaciones a ese país, para poder conseguir una aprobación.

Las normas de la OMC que regulan la emisión de licencias no obligatorias establecen que se deben procesar en un plazo de 60 días, pero los países denunciantes señalaron que en la práctica ese periodo se supera con creces, con demoras de hasta seis meses.

Argentina rechaza la acusación y la considera carente de objetividad y motivada políticamente.

La UE se decidió a dar el paso de plantear una disputa contra Argentina en el seno de la OMC tras un largo periodo de precaución para no perjudicar la negociación del acuerdo con Mercosur.

Bruselas finalmente adoptó esta medida después de que el Gobierno argentino decidiera nacionalizar la petrolera YPF, en lo que se consideró ‘una declaración de guerra comercial’ contra España y, por tanto, contra la UE, según palabras de un diplomático europeo.

Argentina respondió ayer mismo notificando por su parte a la OMC la petición de consultas con la Unión Europea y España en relación con las restricciones impuestas por este país a la importación de biodiésel procedente de la nación sudamericana.

La petición se formalizó en una carta remitida a la OMC por el representante permanente de Argentina ante este organismo, el embajador Alberto D’Alotto, que calificó de discriminatoria la normativa española de abril pasado sobre importación de biodiésel.

La normativa es una orden ministerial que regula la asignación de producción de biodiésel para el cómputo del cumplimiento de los objetivos obligatorios de biocarburantes y que establece que para el mismo solo podrá tenerse en cuenta el biodiésel producido enteramente en plantas ubicadas en España o el resto de la UE.

El embajador argentino expuso ante la OMC que esta normativa y su aplicación ‘impondrán una discriminación entre el producto de origen europeo y el de otros orígenes, que implicaría de hecho una prohibición a la importación de biodiésel extracomunitario’.

Esto dejaría al producto argentino, según los representantes del país, ‘totalmente fuera del mercado’.