A partir del próximo junio la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) contará con un nuevo proveedor para brindar los servicios del sistema de pago electrónico de peajes, mejor conocido como AutoExpreso, si la corporación pública logra prevalecer frente a una demanda radicada en su contra por el actual administrador, TransCore Atlantic, Inc., que impugna el reciente proceso de subasta que se llevó a cabo sigilosamente para seleccionar el nuevo administrador.

El director ejecutivo de la ACT, Javier Ramos Hernández, argumentó a NotiCel que con la subasta se seleccionó al ‘mejor postor’, y aseguró que el propósito del nuevo contrato es que la corporación pública logre un ahorro de $10 millones.

NotiCel supo que la ACT seleccionó a Gila, LLC D/B/A Municipal Services Bureau para administrar el AutoExpreso a partir de junio de 2015.

De la subasta se desprende que la ACT estaba solicitando propuestas para administrar el sistema de pago electrónico de peajes (ETCS, por sus siglas en inglés) para las autopistas PR-5, PR-20, PR-22, PR-52, PR-53 y PR -66. Las propuestas debían ser entregadas a más tardar el pasado 4 de agosto.

De acuerdo a la convocatoria de subasta, con este contrato la ACT busca aumentar los recaudos de los peajes y de las multas impuestas por infracciones, además de reducir los costos operacionales, aumentar la cantidad de usuarios registrados al AutoExpreso y mejorar el servicio al cliente, entre otros.

Actualmente la empresa TransCore Atlantic, Inc. es la que administra el servicio de AutoExpreso, y su contrato vence el próximo junio de 2015.

En la subasta llevada a cabo por ACT participaron las empresas: TransCore; Gila, LLC D/B/A Municipal Services Bureau, Sanef ITS Technologies Caribe, Inc. y Kapsch Traffic Com IVHS, Inc,

Pero Kapsch Traffic Com IVHS, Inc, posteriormente se retiró del proceso y no sometió propuestas.

El pasado 10 de octubre la ACT le notificó a los proponentes que habían seleccionado a Gila, LLC D/B/A Municipal Services Bureau para administrar el AutoExpreso a partir de junio de 2015.

Fue entonces que TransCore acudió al Tribunal de Apelaciones para impugnar el proceso de subasta.

Ramos Hernández evitó comentar sobre las alegaciones específicas de TransCore.

Pero de la demanda de TransCore surge que el pasado 28 de agosto la Junta de Subastas de la ACT les informó a los proponentes que Sanef ITS Technologies Caribe, Inc. quedaba fuera del proceso.

Casi un mes y medio después se le adjudicó el contrato a Gila, LLC D/B/A Municipal Services Bureau.

Tras la adjudicación del contrato, TransCore supo que José Ortiz Ortiz, uno de los principales ejecutivos de la empresa que subcontratan para brindar los servicios de mantenimiento, Automatic Control Technology, fue identificado en la propuesta de Gila, LLC D/B/A Municipal Services Bureau como su gerente de Operaciones y de Sistema de Mantenimiento.

‘Automatic Control así como el Sr. José Ortiz Ortiz, conocen de primera mano las operaciones de TransCore, su idiosincrasia corporativa, sus estrategias, métodos operacionales, visión corporativa, y planes de mejoramiento y crecimiento, y tiene acceso directo a data confidencial propiedad de TransCore. En efecto, el Sr. Ortiz Ortiz tiene acceso continuo, ininterrumpido e irrestrictico a data e información privilegiada, que en manos de un competidor- como lo es GILA- resulta en extremo ventajosa para este y detrimentral para TransCore, con inminentes implicaciones adversas económicas e irreparables’, se estipula en la demanda.

Según TransCore, Gila, LLC D/B/A Municipal Services Bureau pudo haberse aprovechado del acceso a esta información privilegiada para redactar la propuesta presentada a la ACT.

Además, TransCore argumenta que Gila, LLC D/B/A Municipal Services Bureau no cumplió con la entrega de todas las certificaciones requeridas en la solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés).

Por lo tanto, le pidieron al Tribunal de Apelaciones la anulación de la adjudicación del contrato y su descalificación permanente.

Entretanto, Ramos Hernández, dejó entrever que no hay ninguna garantía de empleo de los empleados de TransCore, una vez entre en vigor el nuevo contrato.

‘Eso empleos son empleos privados…Pero todavía el proceso que se está viendo en el Tribunal no ha concluido. Así que se verá cuál es el resultado’, puntualizó.

Ramos Hernández no pudo precisar cuántos empleados tiene TransCore en Puerto Rico.

Recurso contra ACT_9341