Más de 7,000 ciudadanos turcos, entre ellos políticos como el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, periodistas y academicos, han sido sometidos a escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia, informan hoy dos diarios cercanos al Gobierno.

Los diario Yeni Safak y Star publican además una lista con los nombres y los primeros números de los teléfonos de 3,000 de los supuestos afectados en los últimos tres años, en lo que han definido como ‘el mayor escándalo de escuchas en la historia’ de Turquía.

Entre los nombres publicados están el de Erdogan, el jefe de los servicios secretos, Hakan Fidan, así como ministros, políticos de la oposición, intelectuales, periodistas y otras figuras públicas, según esas fuentes.

Ambos diarios apuntan al movimiento que dirige el predicador islamista en el exilio Fethullah Gülen, hasta hace poco un fiel aliado del jefe del Ejecutivo, de organizar las escuchas.

Los seguidores de Gülen contaban, hasta hace poco, con influyentes posiciones en la Policía y la Judicatura turca, pero el Gobierno ha reemplazado recientemente a miles de funcionarios para tratar de diluir ese poder, según han venido informando los medios turcos.

Los diarios indican que todas esas personas fueron grabadas con una resolución judicial adoptada para luchar contra una organización terrorista falsa, lo que servía de pantalla para justificar las escuchas.

Uno de los altos cargos sometidos a las supuestas escuchas, el ministro de Energía Taner Yildiz, se mostró hoy indignado por la información y declaró que este espionaje telefónico es un problema que ha afectado a toda la sociedad.

‘Esto también es un problema de la oposición, de los medios de comunicación, ONGs y académicos. Ellos han grabado todo con argumentos que harían reír a cualquiera’, declaró a los periodistas.

El Gobierno ha venido repitiendo que la operación anticorrupción lanzada por la Fiscalía el pasado 17 de diciembre, que obligó a la dimisión de cuatro ministros, era un ‘golpe judicial’ llevado a cabo por estructuras en la judicatura y la policía a las órdenes del movimiento de Gülen.

Desde que empezó la investigación anticorrupción, el Ejecutivo ha trasladado no sólo a miles de policía sino también a cientos de jueces y fiscales, sospechosos de simpatizar con ese movimiento islamista, hasta hace pocos meses aliado del Gobierno.

La oposición y algunos medios turcos han criticado esos traslados como una forma de obstruir la investigación judicial que salpica al partido en el poder.