Tras los atentados de París en 2015.

La nueva ley antiterrorista promulgada por el presidente frances, Emmanuel Macron, entra en vigor esta medianoche para permitir el levantamiento del estado de emergencia vigente en Francia desde los atentados del 13 de noviembre de 2015, que dejaron 130 muertos.

La legislación, criticada por la izquierda y por organizaciones de derechos humanos, otorga un carácter permanente a varias medidas de seguridad excepcionales que estaban recogidas en el estado de emergencia.

El primer ministro, Edouard Philippe, llamó hoy al conjunto de la sociedad francesa a permanecer «vigilante» ante la amenaza terrorista, y a cooperar con las fuerzas de seguridad cuando tengan sospechas fundadas.

En un acto en la Torre Eiffel, donde revisó junto al ministro del Interior, Gerard Collomb, el nuevo dispositivo de seguridad en torno al monumento, el jefe del Gobierno recordó que en los últimos años se han podido frustrar proyectos de atentados gracias a las alertas lanzadas por los ciudadanos.

Respecto al fin del estado de emergencia esta medianoche, Philippe señaló que el hecho de que este termine puede llevar a algunos a pensar que la «intensidad» de la vigilancia va a decrecer, cuando es «al contrario».

«Los franceses seguirán viendo en las calles a gendarmes, policías y militares en el marco de la operación ‘Sentinelle’, que va a continuar», señaló.

La nueva ley antiterrorista, una de las promesas de campaña de Macron, fue adoptada por una amplia mayoría del Parlamento, donde la respaldaron 415 de los 577 diputados y 242 de los 348 senadores.

Entre las medidas excepcionales que se conservan del estado de emergencia están los perímetros de seguridad en lugares susceptibles de ser objeto de atentados (como grandes festivales o el Tour de Francia), en los que se procederá al control sistemático de las personas que entren.

En paralelo, y con carácter estable, se harán controles en un radio de diez kilómetros en torno a los aeropuertos y las estaciones de trenes internacionales.

Los prefectos (delegados del Gobierno) estarán habilitados para clausurar centros religiosos desde los que se profieran discursos que «inciten a la comisión de actos terroristas».

Al igual que durante el estado de emergencia, el Gobierno podrá limitar los movimientos de personas que se consideren que tienen vínculos con organizaciones terroristas, una medida que afecta en la actualidad a 41 personas.

Lo que cambiará es que aumenta el marco de las restricciones de desplazamientos al municipio de residencia, y que deberán fichar diariamente en comisaría.

Igualmente seguirán vigentes los registros administrativos de domicilios, aunque estarán sometidos a autorización previa por la autoridad judicial, que tambien podrá ejercer un control sobre la explotación de los elementos que se requisen.