No sueltan datos sobre uso de fuerza en el 2017

Aunque la organización Espacios Abiertos no cuenta con los elementos de juicio fácticos para emitir un juicio sobre el desempeño del secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Hector Pesquera, precisamente la falta de esos datos y el hecho que las acciones de Pesquera llevaron a la Policía a sindicatura federal no apoyan los argumentos a favor de su permanencia.

‘No conocemos los resultados de la gestión de Pesquera como secretario de Seguridad Pública porque los datos del 2017 no se han hecho públicos. Así que del tiempo que el ha regresado a administrar la Policía hasta ahora, nosotros no tenemos ningún dato para poder saber si ha mejorado o ha empeorado la situación del uso de fuerza de la Policía’, manifestó la directora ejecutiva del capítulo local de Amnistía Internacional, Liza Gallardo.

Sus expresiones surgieron tras la presentación de un informe desarrollado por Amnistía Internacional junto a la organización Espacios Abiertos titulado ‘No se Dispara de la Baqueta’, el cual detalla los tropiezos de la uniformada con el uso de fuerza.

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Pese a esfuerzos incansables por parte de Mari Mari Narváez, integrante de Espacios Abiertos, para obtener la información correspondiente al 2017 sobre los reportes de uso de fuerza por la uniformada, la organización no ha podido contabilizar los incidentes reportados para ese año, los cual suponen incluir las manifestaciones del 1 de mayo en la zona bancaria de Hato Rey.

No obstante, esos esfuerzos no se limitan a esa organización, sino que el propio Monitor federal encargado de supervisar el cumplimiento del acuerdo de reforma policial, Arnaldo Claudio, tambien denunció la falta de transparencia de la Uniformada con la entrega de estos mismos documentos en su informe de progreso entregado al juez federal Gustavo Gelpí.

Pese a que la Policía cuenta con los protocolos para el manejo de uso de fuerza, Narváez resaltó que la accesibilidad a los reportes que demuestran si los agentes cumplen o no con los mismos esta bajo control por la propia Uniformada, que suele poner trabas y entregar la información incompleta, cuando la entrega.

‘Es bien nefasto el historial de acceso a la información en la Policía. Si uno no tiene conexiones, interes y dedicación, es imposible obtener estos datos y, aun así, al ellos haber comenzado a documentar la fuerza en el año 2014 y no tener todavía, al menos al cabo del 2016, no haber culminado el proceso de adiestramiento de la política y la documentación de uso de fuerza, hay que seguir insistiendo en que esos datos se hagan públicos y la metodología tiene que ser mucho más confiable’, sentenció Narváez, quien además señaló que Pesquera se ha opuesto públicamente al acuerdo de reforma desde su implantación.

‘Pienso que, estando bajo reforma, nunca debieron nombrar una persona que no cree en la reforma de la Policía’ agregó.

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Por su parte, la directora ejecutiva de Espacios Abiertos, Cecille Blondet, reconoció el aumento en la criminalidad desde que entró en función el DSP. Aunque tambien sostuvo que no cuentan con los datos para poder indicar si Pesquera debería o no permanecer en su cargo, sí señalaron que la ciudadanía debería tomar un rol protagónico en la supervisión de la Policía.

‘Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que estar viendo y nosotros tenemos que ser transparentes y tenemos que fiscalizar. Nosotros tenemos que evaluar los números que nos dan contra los números que existían antes y entonces pasar ese juicio. Y eso es lo que queremos provocar que la ciudadanía haga, que cada uno de los miembros de la sociedad civil, participe, fiscalice y haga responsable de la gestión pública a los funcionarios públicos’, manifestó Blondet.

Por su parte, Gallardo agregó: ‘El estado tiene que hacer una evaluación muy seria de ese puesto que ocupa el señor Pesquera y tomar una determinación lo antes posible. Porque al final los que estamos afectados somos todos nosotros que estamos aquí’.

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