La agenda del Gobierno de Puerto Rico para atajar la deuda pública de $72,000 millones tiene como punto focal los recortes al Departamento de Educación (DE), que representa el 22% del presupuesto del Fondo General. Esta visión se traduciría en el cierre de casi la mitad de las escuelas públicas, así como la reducción de maestros y de personal administrativo, tal como recomendara al DE la firma Boston Consulting Group (BCG).

Durante la vista pública en el Senado, la jefa de educación de BCG, Allison Bailey, confirmó que en efecto están analizando el cierre de más escuelas, por lo que están evaluando las condiciones de la planta física y el desempeño académico de los estudiantes en cada una.

En agosto, el Estado inició el año escolar con 70 escuelas menos, lo que provocó malestar entre los padres y el magisterio debido a los ‘criterios arbitrarios’ que se utilizaron. Las comunidades más pobres fueron las que se perjudicaron por este cierre, según denunciaron algunos líderes magisteriales. BCG, firma contratada por el DE a un costo de $5 millones, indicó que parte de sus consideraciones es que hubiese otra escuela a menos de 3 a 4 millas de distancia en carro, lo que supondría más de 40 minutos a pie.

La compañía preparó su propia absolución, al argumentar que la matrícula se ha reducido en un 42% desde 1980. La disminución de 27% de estudiantes, en 2013, ha sido más acelerada que la de maestros (18%).

‘Son proyecciones… Esta es la realidad cruda en papel: si para 2020, vamos a tener 22% menos de matrícula, y nos mantenemos como estamos, vamos a tener escuelas 45% vacías’, defendió la subsecretaria de asuntos administrativos del DE, Lilia Tores Torres.

La firma presentó su recomendación de cerrar, o lo que ellos denominan ‘consolidar’, 300 escuelas este año, y un total de 580 para 2020, lo que significaría que Puerto Rico quedaría solo con 58% de las escuelas públicas.

La proyección del grupo es que el cierre de escuelas junto a la reducción de personal administrativo se traduciría en un ahorro de $279 millones anuales. Sin embargo, ningún senador preguntó qué metodología utilizaron para hacer estos estimados, y el grupo rechazó una entrevista con este diario. Toda la estadística que trabajó el BCG fue en base a comparaciones con el modelo de escuelas estadounidenses, que tienen más estudiantes por salón de clase y menos gasto administrativo.

‘Vemos beneficios académicos reales de las medidas de consolidación. El Departamento puede enfocar su energía en una menor huella de escuelas que necesitan transformación y utilizar esos fondos para invertir en tecnología’, comentó, el principal consultor de la firma, Tyce Henry.

De las 70 escuelas que cerró el DE este semestre, se redujeron 2,450 puestos de docentes, entre transitorios y retiros. El ingreso que obtuvo el DE de las plantas físicas aún es incierto, pero Torres Torres contó que ya se ha hecho un traspaso a algunos municipios. Otras escuelas serán utilizadas como oficinas del Departamento, lo que significaría que aún habrán gastos de utilidades.

Henry rebatió la crítica pública que ha hecho el magisterio en torno al hacinamiento de hasta 30 menores por salón de clase, al presentar un análisis de los resultados de las Pruebas Puertorriqueñas que indicaban que la cantidad de estudiantes por salón de clase no necesariamente se reflejaba en el aprovechamiento académico.

Sin embargo, luego se contradijo al reconocer que reducir el número de estudiantes por maestro usualmente se traduce en un mejor desempeño académico. ‘Lo que sucede cuando se reduce la cantidad estudiante-maestro en el nivel de asistencia, es que hay que contratar a muchos más maestros, por lo que se está empobreciendo cada vez más los reclutamientos’, excusó rápidamente.

La recomendación de reducir la cantidad de maestros, en al menos 30%, se da precisamente en un semestre escolar que ha sido criticado por la falta de docentes. La subsecretaria Torres Torres responsabilizó al magisterio: ‘Hay maestros que los nombran hoy y renuncian mañana’. En tres meses, el DE ha tenido sobre 600 renuncias, según las cifras oficiales. ‘Eso te dice el compromiso de los candidatos’, agregó.

De otro lado, la presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Aida Díaz, reconoció que la fuga de maestros es real, ya que nada más este semestre 21 afiliados al gremio emigraron a Kissimmee, Florida. Sin embargo, criticó a la firma BCG por tener una agenda de privatización.